El Gobierno Nacional ha centrado su propuesta de gobierno durante los 6 años que lleva de gestión en tres ejes centrales, que considera son la base del Estado Comunitario: seguridad democrática, confianza inversionista y cohesión social. La seguridad democrática ha sido el eje más conocido y el que ha generado más simpatía en la población colombiana, pero no se conocen mucho ni los fundamentos y menos aun, las consecuencias de los otros dos soportes de la política.

Frente a la confianza inversionista, el Ministro de Hacienda en un debate en Comisión Segunda de Senado explicó que ésta es la nuez de la seguridad democrática, que el Gobierno -consciente de la poca oferta exportable del país- considera que la apuesta central es promover la inversión extranjera. El objetivo es abrir los mercados, para así obtener una expansión productiva. Pero una cosa son los discursos del Presidente y sus ministros, y otra es la estrategia a través de leyes y acciones administrativas que terminan consolidando un modelo de desarrollo Pro-rico.

Pero uno es el mensaje oficial y otra la realidad. Para entender la diferencia entre uno y otro, vale la pena recordar algunos de los últimos hechos o escándalos a través de los cuales el Gobierno ha mostrado como opera en la realidad el modelo de confianza inversionista. Por un lado, el escándalo de Carimagua permitió develar actuaciones administrativas que solo buscaban otorgar burocráticamente beneficios y tierras a empresarios, sin importar que se vulneren los derechos de los desplazados. De igual manera, se pueden observar actuaciones como la del Ministerio de Hacienda que pretende expedir un decreto que modificaría el ejercicio de las sociedades de intermediación aduanera al establecer una serie de requisitos que tienen como principal consecuencia sacar de la competencia a las pequeñas empresas, para dejar el negocio en manos de unos cuantos grandes empresarios (entre ellos, los bancos). Por último, son numerosos los proyectos de ley que han sido tramitados o se tramitan actualmente en el Congreso, como es el que busca reformar el código de Minas, o como lo fue el Estatuto de Desarrollo Rural, que dentro de su reglamentación establecen normas que generan condiciones favorables para las grandes empresas en detrimento de los pequeños empresarios.

A esto hay que sumar dos estrategias que terminan por cerrar el marco que beneficia ampliamente a los grandes inversionistas: los contratos de estabilidad financiera y los convenios bilaterales para evitar la doble tributación. El discurso gubernamental a favor de las pymes y de la pequeña empresa es una farsa. Como los directores de estos gremios se venden por una embajada o no tiene voz, nadie se entera.

De este modo de operar se desprenden algunas características: beneficios económicos y de poder a grandes grupos, con menoscabo para grupos pequeños o que requieren protección especial; se establecen reglamentaciones que restringen o limitan la participación en negocios o proyectos productivos para pequeños empresarios o ciudadanos; los procesos carecen de mecanismos de participación que permitan que los afectados opinen y hagan valer sus razones para evitar un perjuicio en sus derechos; procesos legislativos y administrativos, que son reflejo de cómo el debate político se instrumentaliza. Todo lo anterior permite evidenciar cómo los intereses particulares reemplazan completamente al bienestar general dentro del proceso político. Adicionalmente no se impone ninguna obligación a los beneficiados, sino que a través de la responsabilidad social empresarial, se crea una especie de “máscara” para eludir obligaciones de todo tipo, pero principalmente las ambientales y las laborales, que son de índole constitucional y legal.

Este perverso modelo de confianza inversionista es la principal estrategia para modificar uno de los principios fundantes del Estado Social de Derecho: la prevalencia del interés general. Ante la tensión del interés general – interés particular, el Gobierno opta por lo particular, por los intereses de los poderosos, dejando el camino abierto para consolidar la captura del Estado por parte de actores e intereses económicos. El resultado final es un proceso de concentración de la riqueza y de los negocios en unos cuantos empresarios y grupos de poder.

- Cecilia López Montaño es Senadora de la República

Fuente: Semanario Virtual Caja de Herramientas
Corporación Viva la Ciudadanía. www.vivalaciudadania.org