Brutalidad
06/08/2008
- Opinión
Se debería de aceptar en el argot del medio que un político puede tener un mal día pero nunca una mala declaración, como le acaba de suceder al experimentado legislador, Emilio Gamboa Patrón, coordinador parlamentario de la bancada del Partido Revolucionario Institucional, PRI, en la Cámara de Diputados, al manifestarse a “título personal”, según aclaró, a favor de la pena de muerte en el caso del delito de plagio.
Lo primero que debe de señalarse es la incongruencia: por una parte nos rompimos hasta las camisetas para evitar a toda costa que fuera ejecutado nuestro compatriota, José Medellín, confeso de la muerte y violación de una joven y una menor, acorde con la sentencia de la Corte Internacional de la Haya, que por faltas graves en el juicio consideró que se habían violado los derechos humanos y legales del reo, y por la otra, en un momento de confusión y de rabia, pedimos que se implante en nuestro país la pena máxima.
Todos los mexicanos, ajenos a la delincuencia, estamos consternados por el secuestro y asesinato del joven Fernando Martí, un crimen de alto impacto. Sin embargo, la publicidad del caso no nos debe de confundir, porque este mismo drama lo han vivido otras familias más modestas. El secuestro es probablemente, si pudiéramos hablar de grados o de calificativos, el delito más abominable; la incertidumbre que provoca y más cuando el desenlace termina en homicidio lacera, lastima y vulnera por siempre a las familias.
A pesar de todo lo anterior, la aplicación de la pena de muerte ha sido y es una aberración, ya que está probado suficientemente que la misma no reduce los delitos; es más, en algunos casos los multiplica, según explican los expertos, por los intrincados vericuetos de las mentes criminales.
Después de detener por cuatro horas la aplicación de la inyección letal fue ejecutado este martes a las 21:57, hora de Texas, el mexicano José Medellín, la prolongación del sufrimiento, a veces por horas y otras hasta por años es una de las características bárbaras de la justicia estadounidense. En este caso se dijo, fue para dar tiempo a la Corte Suprema de Estados Unidos para analizar una apelación que finalmente desechó en violación flagrante a la sentencia de la Corte Internacional de la Haya
Estados unidos debe detener la ejecución del mexicano José Medellín y acatar la orden de la Corte Internacional de Justicia de conmutarla por cadena perpetua, había declarado poco antes el secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki moon. La “justicia” estadounidense, además, no acostumbra atender las decisiones de los tribunales internacionales y siempre desoye las peticiones de clemencia.
En nuestro país, con un aparato de justicia en el que nadie confía, desde los cuerpos policíacos preventivos, la procuración de justicia y la propia administración de la misma, se cometerían con la pena de muerte los peores excesos y obvio irreversibles. Para nadie es un secreto que las cárceles están en gran parte llenas de inocentes. Cuando un crimen se castiga con otro crimen, máxime el de matar, deja de haber justicia para simplemente calmar los apetitos viles de la venganza.
Que mal que en una acción de pueril lambisconería política la bancada del Partido Revolucionario Institucional en la Asamblea Legislativa, haya propuesto la implementación de la pena de muerte y cadena perpetua para delitos como homicidio calificado con alevosía y el secuestro.
Que bueno que el jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard Casaubón, declarara tajante que la inseguridad no se resuelve aumentando las penas y que la pena de muerte no es la solución para enfrentar al crimen organizado.
En efecto, son múltiples los factores que deben de tomarse en cuenta para revertir el fenómeno de la delincuencia, desde mejorar la economía nacional con sentido social para acabar con la pobreza lacerante, elevar la calidad de la educación desde los grados primarios, acabar con la corrupción en todos los ámbitos de gobierno así como en toda la sociedad y desterrar la impunidad prevaleciente, lo demás, lo de la pena de muerte, es, concretemos: una brutalidad.
Lo primero que debe de señalarse es la incongruencia: por una parte nos rompimos hasta las camisetas para evitar a toda costa que fuera ejecutado nuestro compatriota, José Medellín, confeso de la muerte y violación de una joven y una menor, acorde con la sentencia de la Corte Internacional de la Haya, que por faltas graves en el juicio consideró que se habían violado los derechos humanos y legales del reo, y por la otra, en un momento de confusión y de rabia, pedimos que se implante en nuestro país la pena máxima.
Todos los mexicanos, ajenos a la delincuencia, estamos consternados por el secuestro y asesinato del joven Fernando Martí, un crimen de alto impacto. Sin embargo, la publicidad del caso no nos debe de confundir, porque este mismo drama lo han vivido otras familias más modestas. El secuestro es probablemente, si pudiéramos hablar de grados o de calificativos, el delito más abominable; la incertidumbre que provoca y más cuando el desenlace termina en homicidio lacera, lastima y vulnera por siempre a las familias.
A pesar de todo lo anterior, la aplicación de la pena de muerte ha sido y es una aberración, ya que está probado suficientemente que la misma no reduce los delitos; es más, en algunos casos los multiplica, según explican los expertos, por los intrincados vericuetos de las mentes criminales.
Después de detener por cuatro horas la aplicación de la inyección letal fue ejecutado este martes a las 21:57, hora de Texas, el mexicano José Medellín, la prolongación del sufrimiento, a veces por horas y otras hasta por años es una de las características bárbaras de la justicia estadounidense. En este caso se dijo, fue para dar tiempo a la Corte Suprema de Estados Unidos para analizar una apelación que finalmente desechó en violación flagrante a la sentencia de la Corte Internacional de la Haya
Estados unidos debe detener la ejecución del mexicano José Medellín y acatar la orden de la Corte Internacional de Justicia de conmutarla por cadena perpetua, había declarado poco antes el secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki moon. La “justicia” estadounidense, además, no acostumbra atender las decisiones de los tribunales internacionales y siempre desoye las peticiones de clemencia.
En nuestro país, con un aparato de justicia en el que nadie confía, desde los cuerpos policíacos preventivos, la procuración de justicia y la propia administración de la misma, se cometerían con la pena de muerte los peores excesos y obvio irreversibles. Para nadie es un secreto que las cárceles están en gran parte llenas de inocentes. Cuando un crimen se castiga con otro crimen, máxime el de matar, deja de haber justicia para simplemente calmar los apetitos viles de la venganza.
Que mal que en una acción de pueril lambisconería política la bancada del Partido Revolucionario Institucional en la Asamblea Legislativa, haya propuesto la implementación de la pena de muerte y cadena perpetua para delitos como homicidio calificado con alevosía y el secuestro.
Que bueno que el jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard Casaubón, declarara tajante que la inseguridad no se resuelve aumentando las penas y que la pena de muerte no es la solución para enfrentar al crimen organizado.
En efecto, son múltiples los factores que deben de tomarse en cuenta para revertir el fenómeno de la delincuencia, desde mejorar la economía nacional con sentido social para acabar con la pobreza lacerante, elevar la calidad de la educación desde los grados primarios, acabar con la corrupción en todos los ámbitos de gobierno así como en toda la sociedad y desterrar la impunidad prevaleciente, lo demás, lo de la pena de muerte, es, concretemos: una brutalidad.
- Teodoro Rentería Arróyave es periodista y escritor mexicano.
https://www.alainet.org/en/node/129087
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