El vigoroso movimiento de los pueblos amazónicos ha dado cuerpo y rostro a una parte del Perú siempre ignorado, arrinconado por la fuerza desplegada por AIDESEP y los frentes de defensa regionales, el Congreso ha dispuesto la derogatoria de los decretos 1015 y 1073, que pretendían abrir paso a la venta y disgregación de las tierras y territorios comunales de nativos amazónicos y pueblos andinos. Por primera vez, su lucha no ha terminado en un acta, una de esas que –por decenas– tiene archivadas e incumplidas la presidencia del Consejo de Ministros. Una importante victoria de un movimiento social que evidencia conciencia, organización, madurez y disposición de lucha unitaria, sin pisar el palito de las provocaciones gubernamentales. Un ejemplo que enseña.

La victoria, sin embargo, es parcial. Está lejos de englobar el conjunto de problemas de la Amazonía. Y es que, como señala Rumrill, el Estado vive de espaldas a la Amazonía, excepto cuando de entregarla a la voracidad de los agronegocios y transnacionales petroleras o mineras se trata. Mientras la lotizan impunemente, el 75% de la población infantil amazónica –entre 2 y 9 años– sufre desnutrición crónica con daños irreversibles, 65% de la población culmina la educación primaria y apenas cuenta con un médico por cada 6,500 habitantes. La minúscula inversión estatal en temas claves como el hidroenergético es dramática: mientras se eleva a US$ 9,000 millones para la Costa, no representa ni el 1% de esa cifra lo invertido en la Selva, dice Nájar, mientras reitera que el ritmo de crecimiento de la Amazonía es notoriamente menor que el del país.

García no ha promulgado la derogatoria de los DDLL, se lo dejó al Congreso. Ello revela su conocida soberbia y dificultad para aceptar la realidad, y que insistirá –como papá sabelotodo– en imponer sus tesis del "Perro del Hortelano", buscando destruir las comunidades, a las que considera expresión de atraso y contrarias al progreso.

 Las comunidades nativas y los pueblos de la Amazonía, que acaban de realizar su III Cumbre en Yurimaguas, tienen claro que esta es una larga batalla y que implica cambios profundos en el país. Urge reconocer, en una nueva Constitución, que somos un país pluricultural, multiétnico y plurinacional; es decir, habitado por pueblos diversos en ecosistemas también diversos, y convertir este hecho en una fuerza de progreso en lugar de un motivo de exclusión y segregación, como hasta hoy ocurre. Ello exige configurar un Estado con estas características, realmente descentralizado en su gestión, y que esté sujeto al control de la gente, construyendo una democracia representativa y participativa que permita un auténtico control ciudadano sobre las autoridades y efectiva transparencia en la gestión pública.

Pero la nueva Constitución –sólo viable por el mecanismo de una Constituyente elegida por voto directo, universal y secreto de la gente– debe también proteger nuestras inmensas reservas biogenéticas y recuperar el control estatal y nacional de los recursos naturales, para ponerlos al servicio del desarrollo y destinar parte importante de esa renta de las industrias extractivas a la educación, la salud, el saneamiento ambiental, el apoyo a la agricultura, el impulso a las cadenas productivas que los transformen y a la tecnología necesaria para su aprovechamiento, así como la promoción de las pymes y el turismo como pilares de un desarrollo sostenible.

 La Amazonía requiere de un Fondo de Desarrollo para financiar sus proyectos. Necesita mantener entidades como el IAAP fuera de las garras del centralismo al que García quiere someterlo; y evitar la pretensión de introducir transgénicos, que pueden ocasionar grave daño a un banco genético extraordinario como el de la Amazonía. Está pendiente también la derogatoria de los DDLL lesivos a la Amazonía y al interés del Perú aún vigentes.

 Los pueblos amazónicos, que con justicia proclaman que "la Amazonía es de los peruanos y no de las transnacionales" (lema de la III Cumbre), deben unir fuerzas con el resto de movimientos sociales, populares y políticos comprendidos con el cambio que el país reclama. La articulación de las Cumbres de los Pueblos, como la III Cumbre Amazónica, con la Coordinadora Político Social daría curso a un importante proceso unitario para construir la fuerza social y la política capaz de devolver el Perú a los peruanos, caminando juntos a la Asamblea nacional de los Pueblos en noviembre. Este es un tremendo reto.

Y, como se dejó sentir en Yurimaguas con el grito multitudinario de "¡Urgente, urgente, otro presidente!", los pueblos amazónicos y de todo el Perú deben recordar que la revocatoria o remoción de autoridades es un derecho constitucional (Art. 2, inciso 17, y Art. 31 y 32) que podemos ejercer para conquistar el cambio de rumbo que nos planteamos y que ni García ni sus aliados fujimoristas y de UN enrumbarán al país por el camino de justicia, libertad y progreso que las mayorías anhelan. La revocatoria presidencial es una vía posible para darle salida a la crisis, en forma democrática y pacífica.

 La República, 22 de septiembre de 2008

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