Mediante Decreto Supremo Nº 001-2009-DE/EP publicado el día 15 de enero, se ha creado la Región Militar del Valle de los Ríos Apurímac y Ene (RM-VRAE) con el objetivo de garantizar el suministro logístico y de pertrechos en la lucha contra los remanentes del narcoterrorismo, según ha manifestado el Ministro de Defensa, Ántero Flores-Aráoz. Esta sería la quinta RM del Ejército Peruano además de las del Norte, Sur, Centro y Oriente.

Esta nueva RM del VRAE comprende en su ámbito territorial a los departamentos de Pasco, Huancavelica, Ayacucho, los distritos de Pichari y Kimbiri, provincia de La Convención en Cusco y el departamento de Junín (a excepción de Colonia, Rateri Shiriatari, Alegre, Misión Ivotsoteni, Núñez, Pedro López, Montes y Poveni, localidades del distrito de Río Tambo, además de la provincia de Satipo y el distrito de San Ramón, en la provincia de Chanchamayo).

La creación de esta RM en el VRAE, según se desprende del Decreto Supremo será “hasta el logro de la pacificación” de la referida zona. Lo cual sugiere que, una vez alcanzado el proceso de paz, la RM se desactivará, aunque para ello ciertamente no haya un plazo fijo y puedan pasar muchos años. Como antecedente se tiene la instalación de la llamada Sexta Región Militar de Bagua ante el conflicto con Ecuador, que comprendía al departamento de Amazonas y las provincias de San Ignacio y Jaen en Cajamarca. Fue creada en 1995 y desactivada en el gobierno de Alejandro Toledo.

El artículo 25 del Decreto Legislativo 437 (Ley Orgánica del Ejército) establece que “las Regiones Militares son los órganos del Ejército asignados a una zona del territorio nacional para realizar en su ámbito la finalidad primordial del Ejército, participar en el desarrollo socioeconómico, en la Defensa Civil y en los estados de excepción”.

No obstante, la creación de esta RM ha sido cuestionada por diversas autoridades y organizaciones sociales de Ayacucho, entre ellas el Frente de Defensa de Ayacucho, ante el temor de encontrarse con una zona militarizada, sin presencia policial ni hospitales y con posibles acciones violatorias a los derechos humanos de los pobladores y pobladoras, a lo cual se añade la supuesta presencia de tropas norteamericanas en el VRAE.

En ese sentido, ante la duda de lo que implica la creación de una Región Militar, Ana María Tamayo, del Instituto de Defensa Legal (IDL), refiere que la creación de esta región militar “traduce la decisión política del gobierno de fortalecer la presencia del personal militar del Ejército en la zona comprendida en el plan VRAE, lo cual significa centralizar el apoyo administrativo y logístico con miras a intensificar las operaciones militares en esa zona –mayor despliegue de efectivos–, pero no desaparecer la presencia de las autoridades policiales y de los servicios públicos”. Sin embargo, refiere que hubiera sido más conveniente crear un Organismo Público Descentralizado que “articule la actuación de los diversos sectores ministeriales comprendidos, gobiernos regionales y distritales con responsabilidades en diversos niveles además de la colaboración de la sociedad civil con el fin de contar con una estrategia integral de pacificación y desarrollo humano en el VRAE”.

Para Fernando Rospigliosi, ex Ministro del Interior y especialista en temas militares, “crear una RM en el VRAE significa darle mayor peso militar a las Fuerzas Armadas en la lucha con los remanentes de Sendero, pero no necesariamente significa militarizar la zona, lo cual implicaría tomar el control de todo, que desaparezca la autoridad local, que no haya presencia policial, lo cual no va a suceder”. No obstante, asegura que sí va a existir mayor corrupción de parte del Ejército, justamente por la naturaleza de ser una zona de narcotráfico.

Asimismo, califica esta medida de “exagerada” porque no debería ser una labor que corresponda a los militares sino a la policía, ya que el problema principal es el narcotráfico, donde los senderistas son sicarios del narcotráfico. “El Ejército no está capacitado para combatir al narcotráfico debido a la inacción del actual Ministro del Interior”. Finalmente, Rospigliosi descarta que actualmente haya presencia de tropas norteamericanas en el VRAE. “Es un invento del narcotráfico y sus aliados”, señala.

Para Ricardo Soberón de Transnational Institute, “la creación de la RM-VRAE responde, según funcionarios del Ministerio de Defensa, a una explicación estrictamente logística y administrativa”. A través de ella se podrá registrar las partidas presupuestales de los víveres, pertrechos y los materiales logísticos que serán utilizados por el personal de las Fuerzas Armadas en esta zona. “Sin embargo, esto alejará las posibilidades de un control civil transparente sobre los actos militares. A menor control, el riesgo crecerá geométricamente”. Es decir, los riesgos de corrupción serán más evidentes.

Asimismo, Soberón refiere que esta medida de seguridad, defensa y lucha contra los remanentes de Sendero, en el imaginario de la población supone un proceso de militarización, percepción que sería distinta si en vez de nombrar a un comandante general –Ricardo Moncada Novoa– a cargo, existiría “un mando civil político con capacidad de coordinación y articulación para, en términos prácticos, administrar las partidas, conversar con los alcaldes, autoridades y organizaciones sociales con el fin de revertir la ineficacia e incluso inexistencia del Plan VRAE”.

A diferencia de Rospigliosi, para Soberón la situación de la supuesta presencia de las tropas norteamericanas es más compleja. “La Resolución Legislativa 02960 que ha sido aprobada la semana pasada da luz verde a la presencia a lo largo del 2009, de quince fragatas americanas en el puerto de El Callao y en Salaverry en Trujillo. Asimismo se aprueba el ingreso de patrullas de infantería marina americanas que vendrán a hacer pruebas de entrenamiento en diversas zonas del territorio peruano, entre ellas la zona de Pichari en Cusco”. En efecto, el distrito de Pichari está comprendido en el ámbito de intervención de la Región Militar del VRAE.

Finalmente, Ana María Tamayo, refiere que ante esta situación es necesario “el establecimiento de sólidos mecanismos de control interno y externo sobre esta nueva región militar, para monitorear el adecuado uso de los recursos asignados y para garantizar el respeto a los derechos humanos en todo operativo militar que se emprenda”.

La polémica generada por la creación de la Región Militar muestra la urgente necesidad de una mejor política informativa de parte del Ministerio de Defensa y del Ejército Peruano ante la población y las autoridades de la zona. Y de otro lado, de perfilar una estrategia más precisa del gobierno nacional en cuanto a la lucha contra el narcotráfico y los remanentes de Sendero Luminoso.

Fuente: Asociación SER (Perú)
http://www.ser.org.pe/