El año anterior fue, de nuevo, un año triste para la prensa. Además de los recurrentes conflictos generados por la intolerancia de gobernantes nacionales y locales, de políticos, y de los disgustos y recriminaciones de empresarios, cuando se vieron afectados sus intereses, este año hemos presenciado la evolución y consolidación de las organizaciones del crimen organizado, que hacen endeble el estado de Derecho y sumamente riesgosa la actividad periodística y el derecho a informar y ser informado.

La existencia de estos poderes paralelos genera peligros para la vida de todas las personas, los que se incrementan en el caso de la Prensa y dan como resultado la autocensura.

Las organizaciones de periodistas, y las que defienden el derecho a la libre emisión del pensamiento, continúan sus esfuerzos para buscar medidas que aseguren no solo el pleno ejercicio de esta garantía fundamental, sino que también impulsen mecanismos de protección idóneos para los profesionales de la información.

Sin embargo, construir el escenario adecuado para este trabajo solo es posible si los estados cumplen con su función de resguardar la seguridad, garantizar la justicia y combatir la impunidad. La sociedad también está llamada a defender estos legítimos derechos.

En el contexto regional, México continúa siendo el lugar más riesgoso para ejercer. En el 2008, cinco periodistas fueron asesinados por el narcotráfico, y se produjeron más de 120 agresiones contra comunicadores y medios. Pero Guatemala no se queda muy atrás. En ese mismo período se reportaron tres asesinatos, 13 agresiones físicas y verbales y 10 amenazas de muerte. También hubo intimidaciones, persecución, limitación al libre acceso a la información. En total, el recuento de daños ascendió a 67 violaciones a la libertad de expresión.

La coyuntura actual recuerda la época del conflicto armado, cuando la Prensa fue silenciada por el proyecto contrainsurgente. Hoy son esos poderes paralelos los que imponen los límites a la palabra. Publicar, con los créditos correspondientes, informaciones referidas a la narcoactividad y el crimen organizado es un atentado suicida. Los equipos de investigación de los medios y las jefaturas de redacción han tenido que tomar las medidas de seguridad a su alcance para tratar de resguardar la identidad de quienes se atreven a informar sobre estos macabros poderes paralelos, que se han convertido en los nuevos censores de derechos.

Afortunadamente no estamos solos. Organizaciones latinoamericanas, miembros de la Red IFEX, la más grande a nivel mundial en la defensa de la libertad de expresión, en una reunión regional celebrada en La Antigua, con presencia de Catalina Botero y Frank La Rue, relatores para la libertad de expresión de la OEA y de la ONU, han expresado su preocupación por el estado de libertad de expresión en Guatemala.

Leandro Despouy, Relator Especial de la ONU para jueces y Abogados, quien visita el país, afirmó que el alto nivel de violencia y otras formas de crimen organizado prevalecientes causan alarma internacional.

El Estado tiene la responsabilidad principal en el enfrentamiento de este flagelo, pero la sociedad en su conjunto debe asumir la propia. Sin embargo, el reto es de tal magnitud y está tan transnacionalizado, que requiere de la concertación y la solidaridad internacional a nivel de pueblos y de gobiernos.

Guatemala, 28 de enero de 2009

- Ileana Alamilla, periodista guatemalteca, es Directora de la Agencia CERIGUA.

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