Tropas del Ejército adscritas a la Brigada XVII con sede en Carepa, en el Urabá antioqueño, intentaron violar a una mujer que habita en la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, denunciaron este jueves sus pobladores.

Los hechos se presentaron el pasado sábado 14 de marzo en la cabecera de la vereda Mulatos, cuando hombres del Ejército abordaron a Luz Tatiana Puerta. De acuerdo con el relato difundido por la Comunidad de Paz, ella se defendió como pudo y gritó pidiendo auxilio.
 
“Al no poderla violar, la amenazaron de muerte y de judicializarla como guerrillera”, dice la denuncia. “Al mismo tiempo, a Isaac Torres, quien venía con ella, lo hicieron a un lado y le pasaban un machete por la mejilla diciéndole que le iban a quitar el cuero y a sacar los ojos; le decían que él era un guerrillero y lo iban a matar. Isaac les respondía que hicieran lo que quisieran”.

Después de tener a la pareja por más de media hora afrontando esa tortura psicológica, fue liberada con la advertencia de que si contaban lo sucedido “les iría muy mal”.

Este nuevo episodio contra la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, constituida como tal desde el 23 de marzo de 1997, se suma a una serie de intimidaciones ocurridas durante este mes y que viene afectado la tranquilidad de sus habitantes.

Cuentan en la denuncia, que el pasado 1º de marzo, a eso de las 2 de la tarde, “una moto con dos hombres encapuchados y con armas cortas entró y dio vueltas por todo el caserío de San José”; además, durante los primeros días de este mes, “los paramilitares realizaron retenes a la salida de Nuevo Antioquia hacia la Esperanza, vestidos de camuflado, con armas largas y con brazaletes de Autodefensas, hacían requisas y le decían a la gente que estaba prohibido pasar más de 50.000 en alimentos”.

Entre el 9 y el 10 de marzo, fueron distribuidos en Apartadó y en el corregimiento San José panfletos firmados por los paramilitares con listas de personas a quienes se les advertía que tenían que irse de la zona o serían asesinadas, afirmando que iban a realizar, según ellos, una “limpieza social”.

También se dio a conocer que entre el 7 y el 13 de marzo, tropas del Ejército hicieron presencia en la vereda La Resbalosa, donde destruyeron varias cosechas, entraron a las casas de los lugareños y se les llevaron la comida, amenazaron a una profesora de la Comunidad que trabajaba allí y varias familias más a las que sindicaron de “guerrilleras” y les advirtieron que “las iban a acabar”.

“Llevamos varias semanas dejando diversas constancias que muestran la agudización, día a día, de la situación de zozobra que vive nuestra Comunidad de Paz; de los anuncios de exterminio con que nos vienen amenazando; de los ataques contra nuestro proceso; del abuso y el descaro con que actúa la Brigada XVII, sin que ninguna instancia de control del Estado nos defienda”, asevera en su comunicado la Comunidad de Paz.

Cuestionaron la información que se difunde sobre la aparente tranquilidad que vive la región del Urabá antioqueño, en la que tanto los gobiernos nacional, regional y local insisten en señalar que en Urabá todo marcha bien; todo está en paz.

“Y hasta razón tienen”, ironiza la denuncia, “pues para ellos la paz es la paz de las tumbas; la paz del silencio; la paz del sometimiento; la paz de las balas y de la muerte, la única paz que creen posible”.

Hostigamiento constante

La Comunidad de Paz de San José de Apartadó ha sido fustigada desde el momento de su constitución con señalamientos constantes sobre sus nexos con la guerrilla de las Farc. Su creación se dio a partir de dos masacres cometidas en la zona entre los años 1996 y 1997, entre los que murieron varios de sus líderes comunitarios.

Pero las masacres allí no se detuvieron. La última de ellas ocurrió entre el 21 y el 22 de febrero de 2005, cuando un comando de paramilitares del bloque Héroes de Tolová, en ese momento al mando de Diego Fernando Murillo Bejarano, alias don Berna, extraditado en mayo de 2008 a Estados Unidos,  y con el apoyo de tropas de la Brigada XVII del Ejército, asesinaron a cinco personas, entre ellas tres menores de edad.

“Nos acusan de desprestigiar a las instituciones y de hacer terrorismo psicológico. Lamentablemente nuestros huérfanos, nuestras mujeres violadas, el hambre a la que nos han querido someter, las judicializaciones, los montajes, las muertes, los saqueos y robos, las incursiones violentas, las amenazas, las tomas abusivas de nuestros espacios, no son ficción ni “terrorismo psicológico” sino hechos reales”, argumenta la Comunidad de Paz.

A los hostigamientos armados por parte del Ejército se le ha sumado lo que podría denominar como “hostigamiento judicial”, que tiene que ver con denuncias penales en contra de defensores de derechos humanos cercanos a la comunidad por parte de oficiales de las Fuerzas Armadas.

El hecho lo evidencia la acusación que los delitos de injuria, calumnia y falsa denuncia instauró el coronel Néstor Iván Duque López, comandante para los años 2004 y 2005 del batallón de Ingenieros Carlos Bejarano Muñoz, de la Brigada XVII del Ejército contra el abogado Elkin Ramírez, de la Corporación Jurídica Libertad; el sacerdote jesuita Javier Giraldo, del Cinep; y el Defensor del Pueblo de Urabá, Miguel Ángel Afanador, quienes presentaron ante organismos nacionales e internacionales de Derechos Humanos información que daba cuenta de graves irregularidades cometidas por personal perteneciente a ese batallón.

Si bien en fallo de primera instancia los acusados fueron absueltos, la decisión fue apelada y la segunda instancia revocó esa decisión ordenó la apertura formal de la investigación y la vinculación nuevamente de los tres defensores de derechos humanos mediante indagatoria, asumida por el Fiscal 216 Seccional Delegado ante los Jueces Penales del Circuito de Bogotá y realizada en días pasados en la capital de la República.

“Para los victimarios, todo lo que nos sucede es “mentira”; son “inventos y calumnias” que se les ocurre a las víctimas. Esto lo sabemos. Quienes defienden la vida conocen ya de sobra ese discurso cínico. Cada muerte, cada violación de derechos, es negada y encubierta. Sin embargo, la historia siempre nos ha dado la razón”, asegura la Comunidad de Paz.

Por último, se reafirmaron en su voluntad de resistir de manera pacífica ante las amenazas y manifestaron que no cederán ante todo este horror: “Continuamos creyendo en la validez de nuestro proyecto de vida y la perversidad del Estado sólo puede confirmarnos en nuestro camino. Diariamente nos reafirmarnos en el valor de la solidaridad y los mensajes que continuamente recibimos de los que en tantos rincones del mundo creen en la vida, nos fortalecen y nos animan a proseguir en nuestra búsqueda de un mundo alternativo”.

- Agencia de Prensa IPC, Medellín, Colombia, www.ipc.org.co