Si algo fundamental –entre tantas cosas importantes– pone sobre la mesa la lucha de las comunidades amazónicas es el desconocimiento del Perú pluricultural, pluriétnico y plurinacional por parte del viejo Estado. Lo que es insostenible es la consiguiente exclusión histórica de los pueblos originarios. García y su proyecto “modernizador” reafirman esta visión del Estado.

“Las tierras de la Amazonía son de todos los peruanos y no de un pequeño grupo” ha dicho como pavo hinchado. ¿Será la selva un área despoblada, en la que nadie vive ni posee nada, de la que no depende la vida de nadie ni hay derechos constituidos? ¿Son sus habitantes –con siglos viviendo de ella– solo posesionarios precarios sin derechos, cuyas condiciones de vida, territorios o desalojo dependen de la simple decisión política de García? ¿Su vida depende del interés –o no– de la gran empresa privada en explotar los recursos existentes en las áreas que ocupan? ¿Son fantasmas “tolerados” en “ghettos” temporales?

Sin consulta alguna –obligatoria según en el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de la ONU sobre Pueblos Indígenas– García, maníaco sabelotodo, resolvió “modernizar” la Amazonía. Le hizo el “favor” a “perros del hortelano” que ni entienden y ni pueden opinar del tema. Papá García, mal usando la delegación de facultades legislativas para el TLC con EEUU que le dio el Congreso, promulgó una serie de DL que eliminan la protección constitucional y legal a las tierras comunales, la negociación de servidumbres para explotar recursos existentes en esas tierras –de campesinos y nativos– y dejan el tema al Estado central (DL 164). Fujimori inició ese proceso en la costa y sierra. García lo quiere extender. Imagínese Ud. que, por simple decisión del Estado, una empresa minera o petrolera explote un recurso en el parque del vecindario, bajo su casa o su trabajo, que pueda usar y contaminar el agua del barrio para su negocio, sin consultarles nada a los vecinos. ¿No se indignaría, no se alzaría?

García usó todas las artimañas. Quiso imponer que las comunidades (nativas y campesinas) puedan convertir su propiedad colectiva en parcelas privadas vía asambleas sin condiciones y por mayorías simples (DL 1081 y 1083, derogados con la huelga de agosto del 2008). Con los DL 1020 y 1089 busca que COFOPRI titule la tierra comunal vinculando ese proceso a darles crédito a quienes pongan la tierra como garantía, la que se ejecuta y toma si no se paga puntualmente. Y el Congreso dio una Ley de Recursos Hídricos que abre las puertas a la administración privada del agua y que pone en igual de condiciones el uso de la misma para actividades extractivas (mineras o petroleras) que para el agro. Y así, otras mañas similares para abrir las puertas a la concentración de grandes territorios en manos de empresas extractoras de materias primas, desalojando a los “perros del hortelano”.

La huelga de AIDESEP defiende los territorios comunales, el derecho de las comunidades nativas a tener voz y opinión en las políticas que los afectan, la preservación del medio ambiente, que los recursos naturales existentes sean instrumento de desarrollo y usados en armonía con los ecosistemas y no simplemente para llenar las arcas de transnacionales poco interesadas en el impacto de su acción en la selva o en el país (caso del gas de Camisea que se quiere vender fuera y no abastecer a las generadoras eléctricas, ocasionando alzas en las tarifas de luz).

De allí que uno de los ejes centrales de la lucha de los nativos sea una Asamblea Constituyente que los reconozca como pueblo, como nacionalidades, como cultura y colectividades sujetas de derechos ciudadanos y colectivos. Dicho de otra manera, el reclamo de una refundación del Estado y de la sociedad que reconozca que somos un país diverso y que respeta esa diversidad: pluriétnico, multicultural y la plurinacional, a pesar de las rabietas de Martha Hildebrandt, Aldo de M y sus congéneres racistas.

Reiniciada la huelga el 9 de abril, después de mil mecidas desde agosto del 2008, el gobierno ofrece plomo en lugar de soluciones. Declara la emergencia y desplaza policías y militares. Amenaza con ahogar en sangre la huelga. Un aparato de Estado inútil nos pone en un callejón sin salida. El inepto Congreso los mece: la Comisión Especial que nombró opinó por la inconstitucionalidad de los DL, pero pasó el tema a la Comisión de Constitución. El “padrecito” Simon no escucha el llamado de los obispos de la Amazonía, Conveagro, las fuerzas sociales y varios gobiernos regionales: no instala la prometida mesa de diálogo.

La gente, con razón, se indigna. AIDESEP plantea la desobediencia civil a un gobierno que los ignora y desprecia. Las huelgas de los pueblos, como Yurimaguas, se suman a los nativos. La Defensoría busca apaciguar ánimos, pero García le echa gasolina a la hoguera en la que, finalmente, habrá de quemarse la Constitución fujimorista, que hoy el APRA defiende. Nacerá de sus cenizas una que reconozca nuestro carácter multinacional, que sujete a las autoridades al control ciudadano y social, y que devuelva al Perú soberanía sobre sus recursos.

http://www.larepublica.pe/archive/all/larepublica/20090518/19/pagina/1634 

La República, 18 de mayo de 2009