El  28 de junio, García denunció –simbólicamente desde el fujimorista Expreso– que su gobierno era objeto de un complot o “conflicto continental”, “una guerra fría en la que participan gobernantes extranjeros”. Convertía así la masiva ola de movilizaciones sociales –por respeto a los derechos de los pueblos, cambio de un régimen político corrupto y autoritario y una política económica antipopular– en una burda manipulación extranjera (venezolano-boliviano-cubana, aparentemente) de masas ignorantes por acción de infiltrados financiados desde fuera.

Aplicando el método del fujimontesinismo, no solo negaba la raíz interna de los  conflictos sociales, sino que convertía la tenaz y victoriosa huelga amazónica, así como el malestar y las justas exigencias del Sur Andino (Andahuaylas, Canchis o Chumbivilcas), en hordas manipuladas por una minoría asalariada de Chávez o Evo. Ignoraba el hartazgo con la mecedora de cientos de actas incumplidas y la indignación popular ante la persistente agresión a sus derechos, las decisiones inconsultas que los afectan, el afán entregar sus territorios comunales para negocios de transnacionales extractivas y el pisoteo de su dignidad. Con el mote de “subversiva”, “antidemocrática”, “ilegal”, de ser una táctica impuesta desde fuera, desechaba la creciente demanda de una Constituyente que refunde el Estado y cambie el  rumbo del país, como muchos exigen.

Al decir “chavistas” y saboteadores, García cree poder tapar el sol con un dedo y ocultar el hartazgo con políticos corruptos y mentirosos que operan de espaldas a la gente, no rinden cuentas y no pueden ser revocados por los ciudadanos (como el presidente y congresistas). ¿Olvidamos el compromiso de acabar con los “services”, nombrar contratados, poner el impuesto a la sobreganancia minera, terminar con la renta básica de telefonía o revisar “párrafo por párrafo” el TLC con EEUU y retirar la firma si Toledo firmaba? ¿Tan fácil es ignorar el rechazo a una política económica hambreadora y que hace más ricos a los poderosos? Ni siquiera ejerce soberanía sobre el uso del gas de Camisea y permite se exporte mientras lo necesitan las empresas eléctricas y pueblos del sur para generar energía y progreso. Quiere descalificar y destruir la demanda de quienes creen necesaria una Constitución que devuelva derechos a los trabajadores, que reconozca los derechos de los pueblos originarios y comunidades, que devuelva poder y soberanía –y el control– sobre los recursos naturales al Estado. ¿Olvidó la Constitución de Haya y el fraude fujimorista?

García, animal político de pura cepa, sabía muerto políticamente el gabinete Simon-Cabanillas-Aráoz después del baguazo. Consciente del rechazo en las encuestas y su aislamiento político, convencido del agotamiento de la mecedora con otro independiente servil, García –que no da puntada sin hilo– intenta reeditar la estrategia electoral del 2006 y usa la denuncia del complot para preparar un complot propio: el que implementaría el gabinete Velásquez-Rey-Pérez.

 Un gabinete de choque, dirigido por un presidente del Congreso sin capacidad de diálogo que incumplió sus compromisos con los amazónicos en agosto 2008 para revisar los DL, retuvo su derogatoria hasta que la sangre llegó –abundante e inútil– al río y salvó al gabinete Simon de responder por su irresponsabilidad. Un gabinete continuista –Carranza y Mercedes Araoz– que sube la cuota aprista a 7 (Velásquez, Pastor, Adolfo de Córdova –“castillista” y prochileno– y la ministra de Trabajo se suman a Cornejo, Chang y Nidia Vílchez,  acusada de vínculos al Comando Rodrigo Franco), suma  operadores políticos del gran capital: el  fujimorista Rey (Opus y Romero), Allison y Martín Pérez (de la “opositora” UN, operador del grupo Romero), Pedro Sánchez (privatizador, servidor de las mineras). Un gabinete  de choque (Apra, UN, fujimorismo y poderes fácticos), que integra al  general PNP Salazar en el Interior a pesar del moqueguazo y graves acusaciones de corrupción.

El mensaje ha sido claro: poner orden y frenar la “agitación” como condición de la inclusión social. O sea, inclusión subordinada al régimen y las políticas imperantes. El gabinete Velásquez, operador de García que compite con Toledo en  aficiones personales y estilos de vida, se instala con 7 congresistas nacionalistas suspendidos; numerosos dirigentes indígenas, amazónicos, comuneros y de frentes regionales procesados; persecución y campaña de demolición a la dirección de Aidesep, buscando fracturar la organización con un antiestatutario “congreso” promovido desde el poder; la absurda “prueba de infiltración chavista” en un chofer venezolano rompehuelgas que vive aquí 15 años y tiene hijos.

¿El choque, la criminalización, el miedo y el divisionismo inducido frenarán la protesta y la demanda de cambio de régimen político, económico y social, de una Constituyente y un nuevo gobierno que impulsen el cambio que esperamos? El golpe que enfrentó el presidente Zelaya en Honduras por intentar llamar a una consulta ciudadana sobre una consulta para una Constituyente demuestra hasta dónde puede llegar la derecha. Ojo: el complot alanista está en marcha.

http://www.larepublica.pe/contracorriente/13/07/2009/complot
La República, 13 de julio de 2009.