El jueves 13, a casi siete semanas del derrocamiento del presidente Manuel Zelaya, el Frente Nacional contra el Golpe de Estado dio una conferencia de prensa en la capital de Honduras, para denunciar la violencia excesiva y la represión. También criticó al régimen golpista por la utilización de centros de detención que recuerdan la violencia, las desapariciones y torturas de la década de 1980. Por su parte, la quinta delegación de observadores/as internacionales emitió un boletín en el que denuncia "las múltiples y graves violaciones de derechos humanos perpetradas por las fuerzas de seguridad del Estado, tales como la policía nacional, el Comando de Operaciones Especiales ( COBRA) de la policía nacional, y el ejército nacional". Expresó  su gran preocupación  por la “situación de deterioro rápido y acelerado de los derechos humanos en el país y por el bienestar de las múltiples personas que aun están detenidas".  Exigió que las autoridades entreguen una lista con los nombres de todas las personas detenidas, con información sobre su estado de salud.

En su declaración, los/as observadores/as internacionales recordaron cómo cientos de policías y militares rodearon la marcha del miércoles en Tegucigalpa y utilizaron gran cantidad de gases lacrimógenos, gas pimienta y armas de fuego contra los/as manifestantes que marchaban pacíficamente hacia el Congreso Nacional, donde se debatía un proyecto de ley que propone restablecer el servicio militar obligatorio. Cuando los manifestantes intentaron evacuar el centro de la ciudad, las patrullas policiales persiguieron, capturaron y golpearon a numerosas personas, incluyendo a jóvenes y ancianos, así como a personas que no participaron en la manifestación. Los/as observadores también documentaron la agresión contra los/las periodistas con credenciales. En la ciudad industrial de San Pedro Sula, donde se llevaba a cabo una manifestación al mismo tiempo que en Tegucigalpa, cientos de personas fueron también detenidas. Más de dos docenas de personas siguen detenidas y unas seis siguen sin aparecer desde el jueves, y se teme que estén desaparecidas. En ambas ciudades, numerosas personas resultaron heridas, algunas de ellas de gravedad. Marvin Ponce, diputado del Partido de Unificación Democrática y miembro del comité ejecutivo del Frente Nacional Contra el Golpe de Estado, fue uno de ellos y sufre de múltiples fracturas.

Algunos lugares de reunión utilizados por el Frente Nacional contra el Golpe de Estado también han sido objeto de vigilancia, ocupación y agresión.  El edificio del Sindicato de Trabajadores de Bebidas (STIBYS), que es de propiedad privada y utilizado con frecuencia como un lugar de encuentro por el Frente, fue reportado como blanco de la vigilancia militar y, durante la noche, varios disparos impactaron contra el edificio.  Del mismo modo, el martes por la noche se efectuaron disparos contra las oficinas de Vía Campesina cuyo coordinador, Rafael Alegría, es un líder muy visible del comité ejecutivo del Frente.  Además, la Universidad Pedagógica, donde las personas se reúnen a diario antes de salir a las marchas pacíficas, fue tomada por militares el miércoles por la tarde. Varias docenas de personas se mantuvieron detenidas en este edificio durante la tarde y la noche, por parte de cientos de oficiales militares así como miembros de las fuerzas especiales de policía (COBRA). Inicialmente, solo se permitió la entrada a fiscales para observar lo que estaba ocurriendo, mientras que a la sociedad civil y a las delegaciones internacionales de Derechos Humanos las hicieron esperar durante varias horas antes de permitirles ingresar.

Por su parte, el Frente Nacional contra el Golpe de Estado también criticó a las fuerzas armadas por el uso de los centros de detención relacionados con la violencia, la tortura y las desapariciones llevadas a cabo en los años 80, y condenó el vandalismo que tuvo lugar a raíz de una marcha pacífica el martes pasado, que fue utilizada por el régimen de facto para justificar el incremento de la represión y por los medios de comunicación para mostrar a los manifestantes como violentos. El Frente definió a estos incidentes como "el producto de la provocación de infiltrados" y recordó que el asesor de seguridad especial del gobierno de facto es Billy Joya, un ex miembro del infame Batallón 316, que fue una unidad paramilitar responsable de la muerte de cientos de personas.

El coordinador de la Vía Campesina y miembro del comité ejecutivo del Frente Nacional, Rafael Alegría, declaró: "En principio, el Frente apoya marchas pacíficas y exige la movilización pacífica. En ningún momento convocamos a actos violentos. Parece que estos incidentes son responsabilidad de grupos interesados en arruinar la movilización social". Un observador internacional también comentó a ALAI que está "muy impresionado". "Veo gente con mucha dignidad y fuerza –continuó- que han logrado mantener una movilización durante todo este tiempo, y en las condiciones que hemos visto. Este es un movimiento popular sin recursos que se ha movilizado sin violencia de una manera ejemplar”.  Reflexionando sobre la manera en que incidentes como la quema de un autobús y de un restaurante el día martes son utilizados contra el movimiento, añadió: "Es importante valorar la resistencia pacífica de estas personas que exigen el retorno a la constitucionalidad y la transformación de un Estado que se basa en las históricas injusticias".

Representantes del Frente añadieron que se están tomando medidas a fin de evitar nuevas perturbaciones y hacen un llamado a que se realicen más actos culturales para la resistencia y hacia el restablecimiento del Presidente Zelaya, así como el establecimiento de una Asamblea Nacional Constituyente para reescribir la Constitución del país acorde a los intereses de la mayoría pobre de Honduras.

- Jennifer Moore es periodista independiente canadiense desde Honduras para ALAI y FEDAEPS.