Con Bush o con Obama:

Los planes de EE.UU. para Latinoamérica siguen invariables

Orsetta Bellani

10/10/2009

Opinión

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Los imperios que se han sucedido en el transcurso de la historia humana nos enseñan que militarizar un territorio significa no sólo garantizarse el dominio político sobre aquella región, sino también ganarse la gestión de sus recursos naturales.

A partir del principio del nuevo milenio el imperio estadounidense ha ideado una nueva estrategia para imponer su control sobre el "patio trasero" latinoamericano, saciando simultáneamente los intereses económicos de las grandes empresas y los planes expansionistas de su élite política. Este plan permite la militarización directa de un territorio sin los cotidianos derramamientos de sangre que ocurren en Irak y Afganistán, los que causan a los Estados Unidos aburridas polémicas internacionales y severos daños de imagen. La militarización hoy es llevada adelante sea por costosas y sangrientas guerras, sea por la limpia redacción de tratados de cooperación bilateral.

Para estipular un tratado de este tipo - que, además del envío de equipos militares y el despliegue de soldados a lo largo de las calles de todo el país, implica la presencia de contingentes extranjeros dentro de los mismos confines nacionales - es necesaria la presencia de una amenaza suficientemente espantosa para motivar frente a la opinión pública una medida de este tipo, así abiertamente injuriosa del principio de soberanía nacional tan querido en el derecho internacional.

El "enemigo interior" que amenaza el área incluida entre la frontera meridional de los Estados Unidos y aquella meridional colombiana se ha encontrado en el narcotráfico. La elección encuentra su legitimación en la guerra entre bandas atadas al narcotráfico que está ensangrentando las calles de toda la región: en México en el 2008 se registró un número de ejecuciones seis veces superior con respecto al promedio de lo que se registra durante una guerra civil.

El narcotráfico crea además un problema de seguridad interna a los Estados Unidos bastante grave al permitir al gobierno justificar a la opinión pública estadounidense inversiones de miles de millones de dólares a favor de ejércitos y cuerpos de policía extranjeros. El temor de que las guerras entre los carteles atados al narcotráfico puedan superar la frontera sur es en efecto muy fuerte (1), y el daño social que el consumo de drogas está creando en los Estados Unidos - primer mercado mundial en el consumo de estupefacientes - es indudablemente preocupante.

Es evidente que un tratado de este tipo -perfecto ejemplo del "smart power" estadounidense particularmente en boga a partir de la llegada a la Casa Blanca del diplomático Obama - puede ser celebrado sólo con un gobierno amigo. Por esto los Estados Unidos han elegido a dos confiables aliados latinoamericanos: la Colombia del fiel Uribe y el México del amigo Calderón.

Plan Colombia: ¿filantropía estadounidense o protección de los intereses del imperio?

El Plan Colombia es un acuerdo entre Colombia y Estados Unidos elaborado a fines de los años `90 y promovido por sus defensores como una herramienta capaz de incidir en las causas estructurales del narcotráfico. El plan no prevé en realidad una estrategia capaz de reducir la demanda de droga: el 80% de los 550 millones de dólares que recibe anualmente de los Estados Unidos es dedicado al sector militar.

Con motivo de los éxitos continuos que las guerrillas colombianas registraban a costa del ejército regular a fines de los `90, el comandante del ejército estadounidense Charles Wilhem declaró que si no se hacía algo para cambiar la situación, las FARC ganarían la guerra (2). La crisis que el ejército colombiano registró en aquellos años fue un pretexto que permitió a los Estados Unidos asegurarse la injerencia en el país: la superpotencia decidió en efecto "cooperar" con el ejército colombiano facilitándole equipo militar y el adiestramiento de miles de militares en operaciones antinarcos, antiterrorismo y antisecuestro.

Más que un plan de contrainsurgencia o lucha contra el narcotráfico, el Plan Colombia es una manera de garantizar la presencia militar en un país sumamente estratégico. A partir de la aprobación del Plan Marshall, los EEUU se aseguraron varias veces sus intereses en una determinada área del planeta por actos aparentemente filantrópicos como la donación de ayudas. Una "donación" tan ingente a favor de un país no puede en efecto ser desinteresada.

La ley estadounidense que aprobó el apoyo financiero al Plan Colombia, a la vez que declara que su objetivo es "reducir las causas de la violencia, de modo progresivo y sistemático, reforzando la participación civil y la conciencia colectiva", prevé la necesidad de "insistir para que el gobierno colombiano complete las reformas urgentes de apertura total de su economía para las inversiones y el comercio extranjero, en particular para la industria petrolífera". Abrir la economía colombiana significa permitir que las grandes empresas estadounidenses inviertan en el país, y exploten los ricos recursos naturales de Colombia.

Gracias al Plan Colombia los Estados Unidos logran tener presencia militar directa en el país: el programa prevé en efecto que EEUU pueda enviar a Colombia hasta 500 militares y 300 civiles, y que los ejércitos de los dos países puedan realizar operativos conjuntos. En el 2007 fueron desclasificados documentos del Departamento de Estado estadounidense que revelan que la mitad de los fondos destinados al Plan Colombia se destinaron a 31 contratistas privados estadounidenses.

Estas empresas obran como mercenarios dentro del país, adiestrando y maniobrando la Policía Nacional colombiana, las fuerzas armadas y hasta los servicios secretos (3): de este modo los Estados Unidos pueden manipular las fuerzas de seguridad colombianas, a la vez que impulsan más pedidos para su industria bélica. Por lo tanto el dinero del Plan Colombia, aunque destinado a los cuerpos de seguridad colombianos, de hecho no sale de los Estados Unidos.

A mediados de 2009 se anunció la negociación de un nuevo acuerdo entre el gobierno estadounidense y el colombiano. El acuerdo contempla un aumento de las actividades militares de Washington en Colombia a fin de realizar operativos de contrainsurgencia, a pesar de que Uribe sigue insistiendo que las FARC pronto colapsarán (4). Unos 800 soldados estadounidenses y 600 civiles ligados a actividades de tipo militar podrán ser trasladados a siete diferentes bases del país suramericano.

Los gobiernos latinoamericanos - a excepción de Perú y México que apoyan la iniciativa y de Chile y Paraguay que han adoptado una posición neutral - han condenado enérgicamente el plan de militarización estadounidense, el cual podrá tener consecuencias desestabilizadoras en una región donde la tensión ya es muy alta, en particular a causa del bombardeo de un campamento de las FARC en territorio ecuatoriano de parte de Bogotá.

Plan México: retórica sobre los derechos humanos y control de los movimientos sociales

El Plan México, o Iniciativa Mérida, ha sido presentado como un acuerdo que prevé inversiones de parte de los Estados Unidos en México y en los países centroamericanos. A Centroamérica se destinan hasta ahora 170 millones de dólares, y a México unos 700 millones para reforzar la lucha contra el narcotráfico. Los fondos son para consolidar las fuerzas de seguridad mexicanas y centroamericanas mediante la entrega de grandes cantidades de armamentos y de programas de adiestramiento.

A causa de las numerosas violaciones de los derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad mexicanas, el Congreso estadounidense expresó el temor que un refuerzo suyo pudiera producir más episodios de violencia. El primer borrador del proyecto de ley para financiar el Plan México estipuló que los Estados Unidos podrían condicionar la erogación de una parte de los fondos a la certificación del Departamento de Estado de que las fuerzas de seguridad mexicanas están respetando los derechos humanos. Montados en una inverosímil cólera nacionalista por el empleo del término "certificación", el Congreso y el gobierno mexicano rechazaron el proyecto de ley. Con una simple modificación de lenguaje, demostrando que el problema era principalmente de tipo semántico, el Congreso estadounidense borró la palabra "certificación" y condicionó la entrega del 15% de los fondos previstos por el Plan México a criterios de transparencia en materia de derechos humanos(5). Los Estados Unidos por lo tanto - los mayores exportadores de democracia y derechos humanos del mundo - han establecido a través de un acto de sutil pero evidente hipocresía que, también en el caso en que sean documentadas violaciones de los derechos humanos de parte de las autoridades mexicanas, éstas podrán gozar del 85% de los 1.100 millones de dólares previstos por el plan.

A pesar de que ONGs mexicanas y estadounidenses solicitaron el congelamiento de por lo menos aquel 15% de los fondos, el 20 de agosto de 2009 los Estados Unidos anunciaron la liberación completa de los fondos para el Plan México. Miles de millones de dólares están fluyendo hacia las fuerzas de seguridad mexicanas, no obstante que la Comisión Nacional de Derechos Humanos recibió, sólo en el pasado año, 1.230 denuncias por abusos y tortura, un aumento del 600% con respecto a los tres años anteriores (6).

La violencia del ejército mexicano no apunta sólo a los narcotraficantes. Como en Colombia, la militarización en México ha permitido a las autoridades estrechar la vigilancia sobre los movimientos sociales. El despliegue del ejército en las calles permite al gobierno controlar a la sociedad civil, esencial para mantener el status quo en un país que ya cuenta con exitosas experiencias de autonomía (siendo los zapatistas sólo un ejemplo) y donde en el 2010 - bicentenario de la independencia mexicana y centenario de la revolución - son muchas las esperanzas de una nueva insurrección (7).

Conclusiones: militarización como creación de un espacio vital

La administración Bush comenzó a hablar de la necesidad de una iniciativa para la seguridad de Norteamérica en marzo de 2005, durante las negociaciones que llevaron al nacimiento de la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte (ASPAN). "El ASPAN considera a América del Norte como un espacio económico compartido", afirmó Thomas Shannon, subsecretario de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado estadounidense. "Como espacio económico compartido necesitamos protegerlo, y es necesario entender que no tenemos que protegerlo sólo en nuestras fronteras interiores, sino que tiene que ser protegido ampliamente en toda América del Norte". Uno de los objetivos del ASPAN es crear un "perímetro de seguridad" para proteger los Estados Unidos de las amenazas externas, noción que recuerda mucho el "espacio vital" que la Alemania nazi quiso crear alrededor de sí.

"En cierto sentido", añadió Shannon, "estamos armando el TLCAN (8)". Armar un tratado de libre comercio significa asegurarse que ninguna fuerza de oposición - interna o externa al área de librecambio - pueda poner en discusión su funcionamiento.

El Plan México se presenta por lo tanto como brazo armado del ASPAN, pero también como guardián del Proyecto Mesoamérica. Este, anunciado justo durante el debate sobre el Plan México, representa la versión militarizada del Plan Puebla Panamá: el Proyecto Mesoamérica pretende en efecto que el "perímetro de seguridad" de los EEUU llegue hasta Panamá, de modo tal que quede protegido el país Norteamericano.

Esta área de seguridad es necesaria para proteger los Estados Unidos de la amenaza que representan las experiencias izquierdistas de Sur América, en particular del contagioso "socialismo bolivarista" de Hugo Chávez. El proyecto de militarización de Colombia y México es por tanto parte de una estrategia de amplia expansión de la geopolítica estadounidense: conquistar una mayor vigilancia sobre sus mismos confines y el control de América Latina. Podemos interpretar que el aumento de los fondos que los Estados Unidos ponen a disposición de grupos reaccionarios en países como Bolivia es para frenar la consolidación de modelos alternativos al capitalismo norteamericano 9). En esta lógica se entiende el apoyo que la derecha ultraconservadora estadounidense ha ofrecido al golpe ocurrido en junio de 2009 en Honduras, por el "pecado" del gobierno de Zelaya de adherirse a la Alternativa Bolivariana por las Américas.

Durante una entrevista en un programa televisivo hondureño, el general golpista Miguel Ángel García Padgett afirmó con preocupación: "Nuestro país es parte de un plan general, el Plan Caracas, cuyo objetivo es llegar hasta el corazón de Estados Unidos, nuestro país es un objetivo intermedio. Honduras, sus fuerzas armadas, pararon ese plan de llevar hasta el corazón de Estados Unidos un socialismo, un comunismo, un chavismo disfrazado de democracia (10)". Golpeados de una repentina nostalgia de los años `70, los Estados Unidos desempolvan hoy una vieja estrategia: el apoyo a un grupo de golpistas latinoamericanos contra una presunta amenaza comunista.

Notas:

1. Proceso, 24 marzo 2009. Jesús Esquivel, Por amenaza del narco, EU blinda la frontera.

2. Antonio Navarro Wolf, El Plan Colombia: Implicaciones para el proceso de paz, Universidad Nacional Autónoma de México, 2002, pag. 14.

3. Eva Golinger, La ofensiva imperial en América Latina se evidencia en dólares. En www.kaosenlared.netnoticia/ofensiva-imperial-america-latina-evidencia-dolares.

4. La Jornada, 14 agosto 2009. Raúl Zibechi, Imperio, bases y acumulación por desposesión.

5. Proceso, mayo 2008 - agosto 2009.

6. La Jornada, 11 agosto 2009. Victor Ballinas, Los abusos del Ejército rutinariamente quedan impunes, aclara HRW a Calderón. 7.

www.expresochiapas.com/noticias/recoletos/7066-la-tercera-guerra-intesti... 8. Thomas Shannon, Discurso ante el Consejo de las Américas, 3 abril 2008. En Laura Carlsen, Un abecedario del Plan México. www.ircamericas.org/esp/5251

9. Eva Golinger, La ofensiva imperial en América Latina se evidencia en dólares. En www.kaosenlared.net/noticia/ofensiva-imperial-america-latina-evidencia-dolares.

10. La Jornada, 5 agosto 2009. Arturo Cano, Frenamos el plan expansionista del socialismo: militares hondureños.

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Orsetta Bellani, cooperante de CIEPAC, participa en la Asociación italiana "Mani Tese", San Cristóbal de Las Casas, Chiapas