Por segundo día consecutivo continúa hoy la Primera Audiencia del Tribunal Internacional de Justicia Climática, que se instaló ayer en el marco de la Minga Global por la Madre Tierra. Las sesiones se desarrollan en la Facultad de Derecho de la Universidad Mayor de San Simón de la ciudad de Cochabamba, Bolivia.

 

Este Tribunal, iniciativa de las organizaciones indígenas del continente en alianza con un conjunto de instituciones ambientalistas, examina denuncias relativas a los impactos de las industrias extractivas, megaproyectos y falsas soluciones al calentamiento global. Los casos vistos en esta Primera Audiencia han sido presentados por comunidades y organizaciones de El Salvador, Bolivia, Perú, Colombia y Ecuador.

 

Hoy están siendo examinadas las denuncias presentadas contra las empresas mineras Volcan y Doe Run, cuyas actividades han puesto a la región peruana de Pasco en los primeros lugares de la contaminación mundial, provocando severos impactos en la salud, principalmente de niños y niñas de las comunidades y las ciudades de Pasco y La Oroya, donde estudios del propio Ministerio de Salud y entidades especializadas independientes han detectado altísimos contenidos de plomo en la sangre.

 

Las falsas soluciones, esto es, los proyectos que benefician a las multinacionales de los países industrializados, supuestamente dirigidos a mitigar el calentamiento global, forman parte de la agenda de la Primera Audiencia del Tribunal Internacional. Es el caso de la denuncia presentada por Acción Ecológica de Ecuador y que se examinó ayer, en la que se acusa a Forest Absorbing Carbon Emissions (FACE) por un proyecto de captación de carbono, a través de plantaciones forestales de Pino en el citado país.

 

Estas plantaciones forestales destruyen la biodiversidad al erradicar especies nativas para plantar pinos y otras especies exóticas. El monocultivo, además, altera el modo de vida de las comunidades, obligándolas al cuidado de las plantaciones, abandonando sus actividades tradicionales de subsistencia, como la agricultura y el pastoreo.

 

En el mismo contexto, hoy se examina la demanda presentada contra el gobierno de Colombia y la Asociación de Cultivadores de Caña de Azúcar de ese país, por el cultivo masivo de caña de azúcar para la producción de etanol. Los agrocombustibles son otra de las falsas soluciones y estos proyectos causan también impactos ambientales y sociales, como los señalados para las plantaciones forestales, entre ellos el desplazamiento forzoso de comunidades a las que se ha afectado su territorio y sus actividades productivas.

 

El primer caso expuesto ayer fue la acusación de la comunidad campesina Khapi, situada en una provincia de La Paz, Bolivia, y la ONG Agua Sustentable contra varios países que emiten gases que provocan el cambio climático y han afectado al nevado paceño Illimani. La demanda señala que la vida y la producción agrícola de esa comunidad dependen de las aguas de la montaña.

 

El segundo caso planteado fue una denuncia de indígenas de El Salvador contra su Estado por omisión de responsabilidades y complicidad con trasnacionales en la depredación del territorio.

 

Asimismo, la Fundación Puente Entre Culturas acusó ayer a 12 gobiernos suramericanos, bancos y empresas promotores de la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA), que plantea la ejecución de 500 megaproyectos que causan deforestación masiva, aumento de emisión de carbono e impactos sociales en las comunidades donde se desarrollan, las mismas que no han sido consultadas como lo establecen el Convenio 169 de la OIT y la Declaración sobre Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU.

 

 

- Miguel Palacín Quispe es Coordinador General CAOI

Integrante del Tribunal Internacional de Justicia Climática