En nuestro país, los periodistas y comunicadores sociales tradicionalmente nos hemos enfrentado a situaciones de peligro en el quehacer informativo. El informe de Estado de Situación de Libertad de Expresión del 2009 del Observatorio de Cerigua da cuenta de al menos 18 asesinatos de comunicadores sociales, incluidos relacionistas públicos, en la última década. La mayoría de estos casos no han sido esclarecidos por las autoridades encargadas de la justicia y permanecen en la impunidad.

Las agresiones y ataques contra los periodistas provienen de varios sectores, entre los que se han podido identificar a funcionarios de gobierno, grupos del crimen organizado y hasta los mismos pobladores, en un contexto de extrema violencia en el país, sobre todo contra defensores de derechos humanos, entre ellos periodistas.

En el 2010, el Observatorio identificó cerca de 20 agresiones contra los trabajadores de la información, la Unidad de Delitos contra Periodistas y Sindicalistas del Ministerio Público reportó 24 denuncias, y la Unidad de Protección a Defensores y Defensoras de Derechos Humanos, 16 casos.

Durante el Estado de Sitio decretado en Alta Verapaz, locutores de tres radios locales de Cobán fueron obligados a leer un texto firmado por supuestos integrantes de los Zetas, bajo amenaza de que incendiarían las estaciones de radio y matarían a sus familiares si el mensaje no era transmitido en una hora. En la amenaza se advirtió al presidente Álvaro Colom de una guerra contra las fuerzas de seguridad y civiles, y se le acusó de haber recibido dinero del narcotráfico en la campaña electoral del 2007.

Esto fue desmentido por el presidente de la República, quién incluso aseguró que la información no salió de ese lugar, sino de la zona 10 capitalina. Este es un caso muy delicado que demanda investigación. Se denunció que en ese mismo departamento, periodistas que contaban con protección del Estado, les fue retirada la seguridad durante el estado de Sitio.

En Quiché, en enero de este año, ya se reportó un ataque contra dos periodistas, en el marco de la visita de políticos a la localidad; en Quetzaltenango, un periodista fue amenazado y sufrió un atentado.

Luis Ángel Sas, de el Periódico, recibió amenazas de muerte, presuntamente del grupo los Zetas, por publicar información sobre el narcotráfico. La cobertura y publicación de temas riesgosos colocan en una situación de vulnerabilidad a los reporteros y corresponsales de los medios.

Quetzaltenango, Escuintla, San Marcos y Huehuetenango fueron los departamentos con más publicaciones sobre crimen organizado, mientras que sobre narcotráfico, el mayor número de informaciones fue de Alta Verapaz, Zacapa, Petén y San Marcos durante el 2010.

Algunos consideran que el escenario electoral provocará un aumento de agresiones contra los periodistas. El Estado nos debe garantizar la vida, la seguridad y nuestras libertades, pero su fragilidad potencia los peligros que se ciernen sobre el ejercicio periodístico; hay que tomar medidas de prevención para resguardar nuestros bienes más preciados.

Es muy valiosa y oportuna la actividad que se realizará el viernes para reflexionar ¿qué perdemos cuando se pierde la libertad de expresión?, en la que se abordarán, desde distintas perspectivas, nacionales e internacionales, aspectos que nos afectan como profesionales de la información y como sociedad.

Guatemala, 16 de febrero de 2011

-          Ileana Alamilla, periodista guatemalteca, es directora de la Agencia CERIGUA. http://cerigua.info/portal/