La jornada del 15 de junio (15J) ha sido de estas que dejan huella. 24 horas que valen por muchas más. Tiempo acelerado y condensado. Marca, sin duda, un punto de inflexión, de resultado incierto, en la trayectoria del movimiento nacido el 15 de mayo (15M).

 

 

 

“Normalidad” fue una de las palabras fetiche de los opositores a la movilización. “Hay que restablecer la normalidad democrática” gritaron al unísono autoridades y medios de comunicación. ¿Qué “normalidad”? cabría preguntarse. ¿La de los cinco millones de parados? ¿La de los miles de desahucios cada mes? ¿La de la inmunidad de los políticos corruptos? ¿La del rodillo neoliberal que con la crisis como pretexto socava sin cesar los derechos sociales? Es precisamente esta falsa “normalidad” la que el movimiento del 15M cuestiona. “No somos mercancías en manos de políticos y banqueros” rezaba el eslogan de la manifestación del 15M. 

 

 

 

 

El ataque mezcla, más o menos deliberadamente, dos argumentaciones: la supuesta ilegitimidad de una movilización presentada como antidemocrática y su presunto carácter violento. Vistas de cerca ambas argumentaciones carecen de solidez.

 

 

 

 

 

Que no haya dudas: la decisión de “parar el Parlament” es perfectamente legítima. ¿Dónde está el escándalo en abuchear a los diputados? ¿O en intentar entorpecer la discusión de unos presupuestos que suponen un grave atentado a los derechos sociales?. Después de largos meses de movilizaciones en la sanidad, en la educación, de acampadas y ocupaciones de plazas y ante un gobierno que avanza como una apisonadora, la desobediencia civil de masas era un paso más en una lucha de largo recorrido. Algunos afirman que la acción del 15J es ilegal. Olvidan que no todo lo legal es justo, ni que todo lo ilegal es ilegítimo. La historia está llena de movilizaciones y luchas al margen de lo que marcan las leyes, unas leyes que no son neutrales sino resultado de las relaciones de poder entre clases y grupos sociales.

El argumento del “ataque a la democracia” se mezcla con la crítica a la “violencia” de las y los manifestantes. La campaña mediática y política contra el movimiento magnifica interesadamente incidentes aislados de una jornada de movilización que, siguiendo los criterios de los y las convocantes, tuvo esencialmente un carácter no violento y pacífico. Las calificaciones de “kale borroka de baja intensidad”, “tácticas de guerrilla urbana”, “comportamientos de extrema violencia” formulados por el presidente Artur Mas y el consejero de interior Felip Puig están absolutamente fuera de lugar.

 

A pesar de la histeria mediática, la realidad es que las protestas del 15J se caracterizaron por su poca violencia, en lo que se refiere a los manifestantes, más allá de hechos aislados. La violencia más agresiva, como en tantas ocasiones, vino de la actuación policial, dejando cuarenta heridos (sin olvidar a los detenidos y las amenazas de nuevas detenciones), de los cuales prácticamente no se habla. Una actuación policial, por cierto, que tuvo lugar en el marco de un dispositivo extrañamente inadecuado para hacer frente a la movilización. ¿Incompetencia de los mandos policiales? ¿Intento deliberado de facilitar situaciones tensas entre manifestantes y diputados para deslegitimar la protesta? Siempre quedará la duda, pero la segunda posibilidad parece bastante probable.

 

La reacción del conjunto de los partidos parlamentarios a la jornada del 15J fue monolítica. Oposición frontal a la protesta. Vimos en directo un ejemplo lamentable de solidaridad grupal entre la clase política y los políticos profesionales, todos incómodos por esta molesta irrupción del movimiento. Definitivamente los políticos profesionales trabajan mejor con el pueblo desmovilizado y pegado al televisor. Pero lo más lamentable fue la actuación de los partidos de “izquierdas” que, a pesar de posicionarse formalmente contra los recortes sociales, no dudaron en firmar una declaración conjunta de todos los grupos parlamentarios de repulsa a la movilización y de defensa numantina de la (su) normalidad institucional. La actuación de la coalición ICV-EUiA fue particularmente impresentable.

 

Viendo el triste papel de ICV-EUiA y de la izquierda parlamentaria en general, el 15J, más que nunca, echamos en falta la existencia de un referente político anticapitalista que rompiera el consenso parlamentario: una izquierda valiente que hubiera anunciado su negativa a participar en el pleno, a pedir su suspensión y a exigir la marcha atrás de los recortes. Ello habría ayudado a romper el consenso de aquellos que gobiernan a favor de las empresas y de los privilegiados y aportar legitimidad al movimiento. No es ésta, sin embargo, la política de la izquierda parlamentaria catalana cuyo alineamiento incondicional inicial con los partidos de la derecha, en contra del movimiento y con una retórica criminalizadora muestra una vez más su honda renuncia a cualquier horizonte de transformación social.

 

Después del 15J estamos inmersos en una batalla por la legitimidad. Le toca ahora al movimiento hacer un esfuerzo de pedagogía para explicar los porqués de la movilización ante el Parlament y contestar la demagogia. Es hora de desplegar una estrategia inteligente frente a la criminalización, para evitar el aislamiento y el alejamiento de su base social natural. Es necesario contra-argumentar bien, para ir abriendo brechas en un discurso mediático que, pasadas las primeras horas tras el 15J, va a ir resquebrajándose de nuevo y haciéndose menos hostil. Hay que entablar una discusión política bien argumentada con aquellos sectores sociales, organizaciones, periodistas... que genuinamente han podido ser víctimas de la histeria anti-movimiento y de las argumentaciones de que se “había ido demasiado lejos”, para así hacerlos bascular de nuevo hacia el movimiento.