Con los vientos de cambio que soplan en la región, paulatinamente y en concordancia con las especificidades de los diversos países, ha entrado en el debate público un asunto que parecía intocable: el tema de las regulaciones al sistema mediático con miras a superar las asimetrías existentes, para desmonopolizar la palabra, en beneficio de un mayor pluralismo y diversidad.

Aunque en términos muy acotados y a regañadientes incluso los propios medios hegemónicos se han visto forzados a abrir sus espacios a este debate, pero su reacción se ha caracterizado sobre todo por una línea propagandística con la muletilla de la defensa de la libertad de expresión, propiciando sendas campañas debidamente orquestadas a nivel interno e internacional.

En estos últimos tiempos, el destinatario de la mayoría de esos dardos ha sido el presidente ecuatoriano Rafael Correa, por haber recurrido a la justicia para que ésta se pronuncie sobre causas que considera haber afectado su honorabilidad y que involucran a unos tres periodistas y a los propietarios del rotativo el Universo.

Hay de por medio una matriz de opinión que entre aciertos y errores busca perfeccionarse –basta ver el tratamiento que en este plano se ha venido dando en Venezuela. Hablamos de un mundo mediático que, por las circunstancias, incluso están comenzando a reconocer que existen corrientes sumergidas socialmente (esto es; no por clandestinas, sino por invisibilizadas) donde fluyen y se articulan los movimientos sociales.

En este plano, con ocasión de la visita de Immanuel Wallerstein a Ecuador tuvo lugar un conversatorio con movimientos sociales en el cual participaron de delegados de organizaciones favorables al gobierno como contestatarias, donde salió a superficie –con un tácito consenso- que habría una criminalización de la protesta social. La otra pata que indicaría que el gobierno del presidente Correa es adverso a la libertad de expresión.

En efecto, ya está consagrado que la protesta social es un ejercicio colectivo de la libertad de expresión, en tanto manifestación pública simbólica de actores sociales. Con relación a este tema fue la interrogante que formulamos al presidente Correa en el intercambio que sostuvo con la Asociación de Prensa Extranjera en Ecuador (APE). Esto fue lo que nos dijo: “únicamente estamos aplicando el Código Penal”.

Para precisar tal afirmación señaló: ayer en Cuenca se manifestaron unas pocas personas en contra de la minería, pero “qué sanciones han tenido, ninguna. Pero otra cosa es bloquear caminos, eso está sancionado por el Código Penal, lo prohíbe hasta la propia Constitución. Hace un par de años secuestraron a un capitán de policía, le dieron un varillazo en la cabeza, quemaron una ambulancia; eso no es protesta social, se está engañando y se están engañando”.

Y para confirmar tal afirmación acota que todos los días llegan protestas frente al palacio presidencial y, a la vez, pregunta: a quién se reprime, a quién se sanciona”. Otra cosa, dice, es “destruir propiedad privada, destruir propiedad pública, secuestrar, eso es lo que se está sancionando. En una de las últimas protestas sociales una cierta dirigencia indígena llegó hasta con lanzas. No es que esas son sus costumbres ancestrales, por dios, tienen que entender que hay también una institucionalidad. Nadie está criminalizando la protesta social, se está sancionando con la ley en la mano los delitos tipificados en el Código Penal, que no hicimos nosotros”.

Lamentablemente, acota, esos delitos están en “la sección de terrorismo y sabotaje que es lo que saca cierta prensa con mala fe: hay dirigentes indígenas y sociales acusados de terroristas y Correa no acusa de terroristas a las FARC, pero sí a dirigentes sociales. Caramba, cualquiera que vea esto se indigna, pero la verdad es que cometieron delitos tipificados en el Código Penal talvez mal agrupados en una sección que se llama terrorismo y sabotaje, pero ya lo estamos cambiando en el nuevo Código Penal, pero yo si creo que hay que sancionar a aquellos que interrumpen el libre tránsito de personas, prohibido por la Constitución, por el Código”.

En un proceso de construcción, va de sí, el debate queda abierto.