He leído y releído el proyecto de Ley de Comunicación y no encuentro nada que pueda preocuparnos, que pueda quitarnos el sueño. Hago una salvedad: que encuentro que se ha eliminado toda referencia a la Ley de Ejercicio del Periodista Profesional (R.O. 900 de Sbre 30/1975) y pregunto, a la Asamblea Nacional,  o al asambleísta Mauro Andino, si aquello ¿significa que la Ley subsiste o no?

Porque soy de los pocos (cada vez menos) que “echa una mirada” a los diarios del país, cada vez que puedo. Y “examino, no leo” el principal diario sipiano de Ecuador (El Comercio de Quito) pero no con el afán de enterarme de lo que ha pasado en el país, en la región, en el mundo. Lo reviso para enterarme que nuevo cuento le han inventado a Correa, a Morales, a Chávez, a la Cuba de Fidel y al mundo entero. ¡Es una forma de saber qué va bien y qué va mal!

Cuando publican, por ejemplo, que Libia “ha sido liberada” del coronel Kadaffi y su equipo de gobierno; pienso que es al revés; que ese país fue brutalmente atacado y ocupado por fuerzas mercenarias. Leo y escucho, que hay más de cinco mil muertos, en Siria, y estimo que los mercenarios que están actuando en ese país, están cumpliendo su función “occidental y cristiana” y que tarde o temprano, si no se hace algo, Israel, Estados Unidos y los imperitos, atacarán a Siria para irse contra Irán.

Leo que tal escuelita no ha sido remodelada y que siguen las situaciones de antaño; y pienso que, seguramente el contratista de la obra, ha quedado mal o se ha ido con la plata. O el autor de la nota informativa es un “compañerito (ta)” que todavía sueña con el retorno de los viejos tiempos. Y si la información es a favor del diario El Universo (como casi todos los días) pienso que al fin el juez Paredes y los Ministros Jueces, que ratificaron la sentencia, le perdieron el miedo a la gran prensa y  están cumpliendo con sus tareas, sin temor ni favor. Y así, por el estilo.

Me da mucha pena de la Unión Nacional de Periodistas (UNP) otrora gloriosa y práctica. Y me dan muchísima pena algunos colegios de periodistas (por ejemplo, el de Pichincha) ahora dedicados a hacer lo que el patrón manda; y donde manda patrón, marinero no manda (así rezaba una antigua publicidad comercial) Ni tan siquiera hay lugar al debate, a la discusión.

Por si alguien pregunte que por qué digo que me dan pena, porque a la UNP, que era sumamente patronal (dependiente de El Comercio de Quito) logramos rescatarla para los periodistas - periodistas, allá por los años 60 del siglo pasado. Desde entonces, fue condenada a la marginación más absoluta. Más todavía cuando la UNP fue la patrocinadora de la Ley de Ejercicio del Periodistas Profesional (sbre 30/1975) que no fue del gusto de los empresarios de la comunicación, de esos que si no han hecho buenos, excelentes, negocios, han estado en cargos diplomáticos. Es cuestión de revisar los grandes periódicos del país (ahora, revisar los videos) y se descubrirá, desde entonces, al año 2011, en que la UNP vuelve a aparecer defendiendo a los patronos; y los patronos hasta le han dado espacios de un acto que se han premiado los unos a los otros. ¿Y los demás no contamos?

Ojalá, les dure. Lo mismo digo de los colegios de periodistas del país, que junto con la Federación Nacional de Periodistas (FENAPE) deberían estar defendiendo esa Ley, que es su razón de ser y de existir. Porque, de lo contrario, ni siquiera existirían. La UNP, como club social, puede hacerlo mientras haya “paganines” que le paguen o le faciliten esos costosos y decidores cuartos de página. Pero, ¿los colegios? Los colegios de periodistas, igual que los colegios de otras profesiones, son nadie desde que el actual Presidente Correa descubrió (hace años, antes de llegar a Carondelet) que no había razón alguna para que estemos obligados a colegiarnos (previo el pago de una tarifa mensual) para poder ejercer la profesión. De lo que sé y de lo que se me ha informado, muchos colegios de profesionales redujeron notablemente sus actividades, no tanto por falta de las cuotas mensuales, cuanto porque se redujeron notablemente los quijotes dispuestos a sacrificar tiempo, dinero y hasta amistades, por cumplir con su deber.

Vuelvo al asunto Ley de Comunicación. He leído y releído las 12 preocupaciones que publica El Comercio sobre este proyecto de Ley. Y, salvado que esté ciego total, no encuentro en los 12 puntos, algo preocupante. Desde luego, la preocupación sipiana se reduce a supuestos y dudas. Y, de acuerdo a jurisperitos duchos en asuntos constitucionales y legales, ninguna ley, ninguna constitución, en los países del mundo entero, se podrían dictar si de supuestos y dudas, se trataría. Dicen los entendidos que, en la práctica, no hay ley o precepto constitucional, que no genere dudas, supuestos, en los grupos que desde ya se sienten perjudicados por el mandato legal.

Olvidan (o tratan de que olvidemos) que es vieja tesis de la SIP-CIA, de los grupos de diarios de América, de Fundamedios y de los asambleístas “mediáticos” (Montúfar, Páez, Tibán, Cobo, Pinargote, etc.) y de cuantos están en ese lado, que, en comunicación “la mejor ley es la que no existe” Lo cual se traduce al esquema jurídico de la oposición, algo contrario a los más elementales principios universales del derecho: que todos somos iguales ante la Ley, que no hay en un país (así sea el Ecuador) ni habitantes de primera, de segunda o de tercera categorías. Porque, en definitiva, lo que se busca es que no solamente los asambleístas sean impunes (inmunes totales, quise decir).

En Ecuador –por fortuna- tenemos (desde hace décadas) una legislación penal que sanciona, con penas de cárcel y/o de indemnizaciones, las faltas graves que puedan cometerse a través de un medio comunicacional. Esa legislación prevé que quien acusa, injuria o insulta, de cualquier manera o a través de un medio comunicacional, a otro ser humano (o a un conglomerado) y no puede probarlo, o por lo menos dar indicios ciertos de sus dichos, pues tiene que atenerse a la posibilidad de que sea enjuiciado y llevado a la cárcel y a pagar cuantiosas sumas de dinero.

Es verdad que, en décadas, estas disposiciones penales no han sido aplicadas sino en muy pocos casos. Y no ha sido porque los medios comunicacionales han respetado a los demás (solo la prensa amarilla daría margen a cualquier cantidad de reclamos) sino porque no todo agraviado está dispuesto o tiene los recursos suficientes para plantear un caso legal que puede durar años, que es susceptible de tres instancias; y que, a lo mejor queda en nada. No estoy seguro; pero, en años, no llegan a 10 los casos de esta naturaleza, que se han ventilado en los juzgados penales del Ecuador.

Lo cual, desde luego, no puede decirse que no se puede. Y es tan vigente esa ley que el caso del diario El Universo de Guayaquil (auto calificado del mayor diario nacional) y, hace contados días, el caso de Juan Carlos Calderón y Crhistian Zurita, se han ventilado precisamente de conformidad con esa ley. A propósito del señor Zurita, no conozco que sea un periodista profesional; si lo es, le ruego mis disculpas por el error. Pero, decía que los pocos casos que se han ventilado en Ecuador son de conformidad con esa legislación. De manera que los “verdaderos culpables” no son los que han utilizado (al fin) esos cuerpos legales sino aquellos que la dictaron, hace muchos años.

Y aquí, algo que corroe mi entendedera. De acuerdo con elementales signos de prudencia y buen entendimiento, los primeros que deberían estar porque se dicte una ley de comunicación, son los propios medios comunicacionales y sus muchachos (chas) estrella; puesto que, de esta manera, se quitarían de encima la posibilidad de que sean sentenciados a penas de cárcel y de indemnizaciones millonarias, si a alguien se le ocurre recurrir a tal ley. ¿O estoy equivocado? En el proyecto de Ley de Comunicación que se ha publicado, no se contempla cárcel sino pequeñas multas, por transgresiones comunicacionales.

Olvidaba algo que ya lo dije al principio: encuentro una sola observación; que el asambleísta Andino se olvidó de nosotros, los periodistas profesionales, y de que tenemos la Ley de Ejercicio Profesional del Periodista, que data de septiembre 30 de 1975. Nada, ninguna referencia, se dice en su texto. Al distinguido abogado riobambeño (que “se ha atrevido” a redactar tal texto) y a los asambleístas que actúan de buena fe, les digo que Ecuador es de los poquísimos (sino el único) que tiene una ley semejante; y que, desde hace décadas, el mismo sector privado (que tanto trina contra la Ley) se ha encargado de rescatar, como una profesión académica, la del periodista profesional. No me estoy refiriendo a los aficionados al periodismo que, cada vez y cuando, aparecen en escena, tras algún interés que defender, sino a quienes hemos hecho de la pluma una forma de vida y servimos al resto de ciudadanos, desde esta tribuna.

 Y quiero, finalmente, aclararles que han sido, en especial, los grandes medios de comunicación (periódicos, revistas, canales de televisión, redes radiales, etc.) los principales transgresores de la Ley del Periodista Profesional y de este derecho. Y que bien harían, a más de actualizar dicha Ley, dar los elementos que permitan su aplicación plena. Solo así, se preservarían (no del todo) de los periodicazos y de las telenovelas baratas. De lo contrario, que los asambleístas sipianos o no, nos autoricen a recetar, firmar denuncias, etc. a todos los que, de una u otra manera, opinamos sobre otros asuntos.

Quito, febrero 8 del 2012

Otro si: Mis votos de solidaridad para con la familia del Dr. Jorge Salvador Lara. De lo mucho y valioso que puede decirse de él, yo me quedo con una frase: fue un hombre honrado toda su vida.

Alberto Maldonado S.
Periodista – Ecuador