Garzón en el contexto internacional

Frida Modak

21/02/2012

Opinión

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Los juicios que se le siguen en España al juez Baltasar Garzón se insertan en una realidad internacional en la que se producen a diario los mismos delitos que él intenta juzgar en su país, los que no prescriben.

Al magistrado le formularon tres acusaciones. En una se lo consideraba culpable de “cohecho impropio” por su participación en unos cursos dictados en Nueva York, los que fueron financiados por bancos españoles.

Terminaron absolviéndolo porque el supuesto cohecho no existía y ya el fiscal general designado por el nuevo gobierno ha declarado que no hubo delito alguno, por lo visto fue un intento fallido de desprestigiarlo.

Pero Garzón fue inhabilitado por 11 años por haber autorizado la escucha telefónica de los miembros del grupo empresarial Gürtel, que estaban siendo juzgados por delitos de corrupción. Esa condena, de hecho, pone fin a su carrera en el poder judicial.

Los empresarios acusados son políticamente cercanos al Partido Popular, que es el que ahora gobierna en España por haber ganado las recientes elecciones.

Carla del Ponte, que fuera fiscal jefe del Tribunal Penal Internacional para el caso de Yugoslavia, consideró el fallo judicial como un mensaje negativo para la justicia española y coincidió con Garzón en que se trata de “una decisión absolutamente política”.

Agregó que cuando se ordena un control telefónico a sospechosos “no es el magistrado quien lo ordena, el magistrado lo pide y es otra institución la que da el visto bueno”.

Esta sentencia es una forma de sacar a Garzón del Poder Judicial para que no pueda continuar con el proceso realmente importante que es el relativo a los crímenes y violaciones a los derechos humanos cometidos por el franquismo.

Por eso también el tribunal señalado rechazó que prestaran testimonio el juez chileno Juan Guzmán, que juzgó a Pinochet, y el argentino Eugenio Raúl Zaffaroni que participó en la anulación de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, como se ha recordado en distintas publicaciones.

Franco sigue rondando

Este año se cumplirán 37 años de la muerte de Francisco Franco, “caudillo de España por la gracia de Dios”, como se leía hasta en las monedas españolas. Sin embargo, sigue estando presente en la vida política de su país.

La transición que encabezó en 1976 Adolfo Suárez cuando el rey Juan Carlos le pidió que asumiera la presidencia del gobierno, no fue exactamente un proceso democrático porque los sectores de oposición aún estaban fuera de la ley, pero fue un comienzo.

Luego se eligieron el Congreso y el Senado, también las directivas de los sindicatos y otras instancias que conforman lo que puede denominarse un sistema democrático, pero nunca se ha juzgado al régimen dictatorial ni los crímenes que éste cometió.

El esclarecimiento de este punto ha sido reclamado por distintos organismos y, fundamentalmente, por los familiares de los asesinados, sin que hayan tenido respuesta hasta ahora, y es en estos aspectos en los que Baltasar Garzón se ha destacado.

En octubre de 1988, cuando el dictador chileno Augusto Pinochet llegó a Londres, el juez español giró una orden de arresto que el gobierno británico hizo efectiva, aunque después por conveniencias políticas fueron disminuyendo los cargos y finalmente arguyendo su estado de salud lo dejaron ir.

Al salir del avión en territorio chileno, se levantó de la silla de ruedas en que lo llevaban, dejando en claro que no estaba tan enfermo. Pero allí se encontró con el juicio entablado por el juez Juan Guzmán, del cual también logró librarse e igualmente por razones políticas.

El gobierno chileno temía que un juicio por los 300 casos en que estaba involucrado originara una reacción del ejército. Paralelamente el juez Garzón procuraba que se hiciera justicia por los crímenes del franquismo.

Los restos de 113 mil personas se encuentran en fosas comunes y no se accede a las demandas de los que saben que sus familiares están allí y de aquellos que esperan que se encuentren ahí y se los pueda identificar para darles sepultura.

Todo esto es público y además se discute desde hace años. Las nuevas instancias internacionales creadas en gran medida a raíz de las violaciones a los derechos humanos en América Latina a partir de la serie de golpes de estado que se iniciaron en Brasil en 1965, abren el camino.

Garzón inició una acción judicial amparado en la legislación internacional que establece que los crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles, pero los jueces quieren que lo juzgan pretenden que prevalezca la amnistía decretada “por las Cortes democráticas de España, cuya voluntad decidió conscientemente ignorar u orillar”.

Sobre esa base lo acusan de prevaricación y lo podrían inhabilitar hasta por 20 años.Y es que el fantasma de Franco sigue merodeando, al punto de que no se revisará el Diccionario Biográfico Español, como se había anunciado. Los académicos de la historia, publicó el diario El País, reafirman que el suyo fue un régimen “autoritario” y no “totalitario”, algo parecido a la discusión que se dio en Chile cuando intentaron calificar al período de Pinochet como gobierno militar en vez de dictadura.

La Corte Penal Internacional

Mientras los jueces españoles deciden hasta donde llegarán en sus acciones contra Garzón, resulta importante señalar cuál es la situación a nivel internacional, porque esas disposiciones se imponen a las de carácter nacional.

Terminada la Segunda Guerra Mundial, las Naciones Unidas consideraron la creación de una corte internacional que juzgara el genocidio, los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra y la agresión.

El 9 de diciembre de 1948 se adoptó la resolución 2670 que indica que en los distintos periodos históricos se han registrado genocidios y que “para liberar a la humanidad de un flagelo tan odioso se necesita la cooperación internacional”.

Se aprobó una Convención sobre la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio, indicando que los acusados de haberlo cometido serán juzgados en el lugar en que lo hayan hecho o en la Corte Penal Internacional que sea competente para ello.

Esa Corte fue creada en una reunión efectuada en Roma y su Estatuto se adoptó en julio de 1988 por 120 votos a favor, 7 en contra y 21 abstenciones y entró en vigor el 1 de julio de 2002.

Algunos países, como en particular Estados Unidos, se opusieron frontalmente a que se creara esta instancia. Los estadounidenses presionaron gobiernos, incluso condicionaron las relaciones y ayudas al no reconocimiento de este organismo.

El congreso del país del norte aprobó un Acta de Protección del Personal de Servicio Activo que prohíbe a todas las entidades de ese país extraditar a cualquier ciudadano de esa nacionalidad a requerimiento de esta Corte y prohíbe también la ayuda militar a los países que la integran.

España ratificó el Estatuto de este organismo, el que establece la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad, como los cometidos por la dictadura franquista, punto que los tribunales españoles están incumpliendo a sabiendas.

- Frida Modak, periodista, fue Secretaria de Prensa del Presidente Salvador Allende.

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