Paraguay

Latifundios, mal endémico

Gustavo Torres

10/05/2012

Opinión

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La reforma agraria es una reivindicación histórica del movimiento campesino paraguayo a la que se han sumado organizaciones indígenas que plantean recuperar sus territorios ancestrales, ya sea por vías de la expropiación o compras de las tierras por parte del Estado.

El nuevo periodo político que se vive en Paraguay desde agosto del 2008, con la elección del ex sacerdote Fernando Lugo a la presidencia, despertó la esperanza de cambio en los sectores sociales y populares. Sin embargo, las organizaciones campesinas se han sentido defraudadas por la inacción del gobierno y otros poderes del Estado, y no han dejado de presionar, recurriendo a movilizaciones masivas, marchas hacia Asunción, la capital, para gestiones ante las instituciones públicas, levantar campamentos frente a los latifundios, y en última instancia y como medida extrema, las ocupaciones de esas propiedades.

“Las luchas emprendidas por nuestro pueblo son por la reforma agraria, por detener el avance de la agricultura empresarial, y las respuestas del instrumento judicial y policial sigue siendo de grandes represiones con aproximadamente 2,000 compañeros imputados; varios de ellos llegaron a ser encarcelados”, afirma a Noticias Aliadas, Ramón Medina, dirigente nacional de la Organización de Lucha por la Tierra (OLT).

“Seguimos teniendo un Estado que defiende los intereses de los grandes latifundistas, de los grandes sojeros, por lo que debe continuar nuestra lucha y las movilizaciones contra los latifundios y contra la expansión sojera, en la defensa de los recursos naturales; y al mismo tiempo construyendo propuestas políticas alternativas que puedan ser discutidas con la sociedad y presentadas a las instituciones del Estado, a fin de ir forzando cambios democráticos a favor de la mayoría del pueblo”, asegura Medina.

Problema estructural

Consultados por Noticias Aliadas, el ex presidente del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT), Alberto Alderete Prieto, y el senador oficialista del Frente Guasu, Sixto Pereira, coinciden en que la problemática del latifundio en el Paraguay se remonta a mediados del siglo XIX, cuando los gobiernos de entonces empezaron a vender las tierras públicas.

Desde la finalización de la guerra de la Triple Alianza —que enfrentó a Paraguay con Argentina, Brasil y Uruguay entre 1865 y 1870— hasta 1950 se adjudicaron más de 25 millones de hectáreas a empresas extranjeras.

“A partir de 1950 hasta el año 2000, fundamentalmente en la época de la dictadura de [Alfredo] Stroessner [1954-89], se repartieron alrededor de 12 millones de hectáreas de tierras, inicialmente a través del Instituto de Reforma Agraria, y después desde el Instituto de Bienestar Rural —hoy transformado en el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra—, de las cuales el 74% fue a parar a manos de políticos, militares y funcionarios estatales que no tenían nada que ver con la Reforma Agraria; sólo un 26% fue a manos de alrededor de 150,000 familias de pequeños productores”, dijo Alderete Prieto.

Con la Revolución Verde, iniciada en la década de 1960, la agricultura familiar campesina practicada por generaciones pasó a ser llamada de “subsistencia” frente a la producción a gran escala para exportación, introduciéndose el llamado “paquete tecnológico”, que incluye el uso de semillas transgénicas, agroquímicos, alto grado de mecanización, dependencia exclusiva del mercado externo y la pérdida consiguiente de alrededor de 50% de la cobertura boscosa original del país.

Para Pereira, “la tenencia general de las tierras es de absoluta irregularidad jurídica, y en el mundo, junto a Brasil, Paraguay es uno de los países más desiguales y con mayor concentración de tierras en pocas manos”.

El último Censo Agropecuario, correspondiente al 2008, muestra que sólo el 2% de los propietarios concentran el 85.5% de las tierras, a la vez que 300,000 familias campesinas no poseen un solo metro cuadrado de tierra para cultivar. De esta proporción, el 80% de las tierras aptas para la agricultura está en manos del 1% de los propietarios, y sólo el 6% está en manos de pequeños agricultores con menos de 20 Ha de tierra cada uno (alrededor de 260,000 familias en todo el país).

Los actuales conflictos se acrecientan a medida que los “campesinos sin tierra” cuestionan la propiedad de la tierra. Lo que ocurre en el distrito de Ñacunday, en el suroriental departamento de Alto Paraná, es el reflejo de que el problema de la tierra en Paraguay no es coyuntural, sino estructural.

En abril del 2011 estalló un conflicto en Ñacunday —zona fronteriza con Brasil y Argentina, cuyas fértiles tierras son dedicadas a cultivos para la agroexportación— cuando familias sin tierra de esa localidad, agrupadas en la Comisión Vecinal Santa Lucía, empezaron a ocupar parte de la propiedad del mayor latifundista sojero del país, Tranquilo Favero, quien posee más de 1 millón de hectáreas de tierras, de las cuales 400,000 se encuentran en Ñacunday.

A fines del año se sumaron integrantes de la Liga Nacional de Carperos, movimiento de campesinos sin tierra que tiene movilizadas a casi 10,000 personas en improvisados campamentos de hule negro o carpas. Rosalino Casco, dirigente carpero, reclamó la soberanía de las tierras en disputa advirtiendo que “vamos a pelear centímetro a centímetro por esta tierra”, mientras que sectores agroganaderos y políticos conservadores acusaban al gobierno de Lugo de instigar el conflicto.

La lucha de los acampados en Ñacunday continúa. En febrero fuerzas gubernamentales reubicaron pacíficamente a los campesinos de la Comisión Vecinal Santa Lucía en los alrededores de una reserva forestal, mientras que los denominados carperos se trasladaron frente a una propiedad estatal de la cual terratenientes brasileños aseguran ser los dueños.

Falta voluntad política

Los acontecimientos de Ñacunday pusieron una vez más la situación de la tierra en el epicentro del debate en Paraguay. Por primera vez un gobierno mostraba interés por abordar la problemática estructural de la tierra en Paraguay, como facilitar tierras a los campesinos o revisar propiedades mal habidas, pero el mensaje no ha pasado de ser declarativo al no haber unidad de criterios entre los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial para desmontar viejas estructuras heredadas.

El senador Pereira sostiene que la situación en el campo paraguayo es un “problema político que necesita de la voluntad política de los tres poderes para empezar a discutir en un primer nivel dentro de un Estado de Derecho”.

“Ñacunday es un caso más dentro de esta problemática, teniendo en cuenta que el país está lleno de casos como este, por lo que urge realizar mensuras judiciales para identificar y dar garantía a los legítimos propietarios”, dijo.

Para Pereira, quien trabajó durante mucho tiempo asesorando a movimientos campesinos, es menester contar con “un Catastro Nacional de tierras actualizada como instrumento para identificar la irregularidad jurídica en la tenencia de la tierra. Paraguay tiene una superficie de 406,752 km², pero si uno hace la sumatoria de los títulos supera ampliamente los 500,000 km²; eso demuestra la superposición de títulos”, acusa.

Esta realidad es una muestra patente de la existencia de propiedades de hasta triple titulación, y que hacen que la propia extensión del Paraguay aumente 120,000 km² más de lo real, irregularidad en la que están comprometidos terratenientes y autoridades de los sucesivos gobiernos a partir de 1989 que recibieron millones de dólares para la realización de catastro de propiedades que nunca se concretaron.

“En toda la historia de este país la tierra se ha constituido en fuente de vida, progreso y supervivencia para sus habitantes, pero así también ha sido objeto e instrumento que ha posibilitado una sistemática violación a los derechos humanos, destrucción del medio ambiente y concentración de poder en pocas manos”, asegura Alderete Prieto. “Esta situación demuestra que la expansión de los agronegocios ligados al latifundio va destruyendo la identidad campesina e indígena, creando mecanismos de dominación y acumulación de capital. El presidente Lugo denunció en más de una ocasión que las alambradas y las pasturas de los grandes latifundios expulsan a las comunidades indígenas de sus tierras, a través de mecanismos de apropiaciones ilegales instrumentadas por la politiquería”.

—Noticias Aliadas.

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