En comparación con otros países, Argentina califica bien en DDHH

Emilio Marín

24/05/2012

Opinión

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Argentina tiene un buen registro en materia de Derechos Humanos, aún con materias pendientes. Otros países de la región están peor. En juicios a los genocidas, el país ocupa el primer lugar.

El 21 de mayo comenzó en Salta un juicio oral y público contra veinte genocidas que pertenecieron al Ejército y están acusados de secuestros, torturas y homicidios. El Tribunal Oral Federal llevará adelante las audiencias por 18 causas y delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura militar-cívica.

Varias de las 34 víctimas pertenecían a la Universidad Nacional de Salta (UNSa) o estaban vinculadas a esta casa de estudios, cuyo gremio de docentes e investigadores (Adiunsa) siempre recordó a los desaparecidos.

Los militares están imputados por privación ilegal de la libertad, tormentos y homicidio. Si continúa la tendencia positiva que caracterizó a estos procesos judiciales desde que en 2003 se anularon las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, se puede conjeturar que esos procesados terminarán con severas condenas.

Panorama

Según el blog del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), a marzo de 2012, el panorama de los juicios era el siguiente: del total de acusados en causas por delitos de lesa humanidad, que eran 1.861 casos hasta ese mes, había 778 procesados, 237 condenados, 266 denunciados, 295 fallecidos, 49 indagados, 37 prófugos, 20 absueltos, 16 incapaces y 7 fallecidos antes condenados. Mientras que a otros 112 se les declaró la falta de mérito y hubo 44 sobreseídos.

Esto marca un progreso importante de las causas, pero está desactualizado. Es que a posterioridad comenzaron otros juicios, como el citado de Salta, uno contra comisarios por desaparecidos en Campo de Mayo y otro muy importante en Jujuy, que tiene como acusados a un directivo y un propietario del Ingenio Ledesma.

Definición política

Acaba de asumir el joven abogado Juan Martín Fresneda, hijo de desaparecidos, en la Secretaría de DDHH de la Nación, en reemplazo del fallecido Eduardo Luis Duhalde. En su primer discurso, planteó profundizar las causas por violaciones a aquellos derechos hace 36 años pero también "seguir impulsando los derechos de los argentinos con necesidades, (tener) responsabilidad hacia los sectores humildes postergados".

Fue una excelente definición, abarcadora de la responsabilidad gubernamental en un sentido amplio. A veces ambas agendas confluyen, como en la causa del Apagón del Ledesma, pues este monopolio fue corresponsable de 400 secuestros en 1976 y de un desalojo policial violento contra los sin techo que dejó 4 muertos en julio de 2011.

Esa ampliación de la temática muestra claroscuros de la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner. Es que junto al prestigio bien ganado por las sentencias contra los represores están, de contrapeso, muchos casos de represión policial y "gatillo fácil" como el mencionado de Jujuy, las muertes de los Qom en Formosa, los asesinatos de Mariano y Cristian Ferreyra, la nueva ley antiterrorista, el programa de espionaje X de la Gendarmería y la central de informaciones abierta en Chaco con el Comando Sur.

Colombia, lo peor

A los avances de Argentina se contrapone, opuesto por el vértice, Colombia. El supuesto "atentado" -dos bombas de estruendo, según pericia policial- en Buenos Aires contra el ex presidente, Alvaro Uribe, puede servir para poner la lupa sobre este personaje y su sucesor.

Uribe ha podido gambetear a la justicia por la fuerte ayuda de los medios políticos, parlamentarios, económicos y judiciales. No se sabe cuánto tiempo continuará blindado a la apertura de procesos, cuando a lo largo de ocho años en el presidencial Palacio de Nariño acumuló denuncias por violaciones a los derechos humanos y por corrupción.

Desde sus tiempos de gobernador en Antioquia hubo pruebas que lo ligaron al accionar de los paramilitares de las AUC, los que contaron con fuerte bloque en el Congreso colombiano. Su guerra sucia determinó miles de víctimas de secuestros, asesinatos, decapitaciones, amputaciones de miembros por parte del Ejército y las AUC, que eran un hijo putativo de aquél, etc.

Toda esa violencia contra las organizaciones insurgentes pero también contra los campesinos y el resto de la población civil, se acompañó de fumigaciones siguiendo los planes del Comando Sur norteamericano, al que le cedió en 2009 siete bases militares. Fueron desplazados 5,2 millones de colombianos, con el consiguiente drama humanitario y el aprovechamiento de latifundistas que se quedaron con la mayor parte de las tierras de las comunidades desplazadas.

Trabajo en común

Uno de los criminales de las AUC, Salvatore Mancuso, acusó al vicepresidente de Uribe, Francisco Santos, de actuar en común con su grupo ilegal. También mencionó los vínculos que él tenía con el propio Uribe. El legislador Iván Cepeda, del Polo Democrático, pidió a la fiscalía que investigue a Santos por esos vínculos con el paramilitarismo. Va de suyo que este pelotazo también pega contra Uribe y contra el primo de Santos, entonces ministro de Defensa y actual jefe de Estado, Juan M. Santos.

Varios ex funcionarios están prófugos de la justicia, como el "Comisionado de Paz", Luis Carlos Restrepo. María del Pilar Hurtado, ex jefa de la policía política secreta (DAS), está asilada en Panamá. Y seguirá allí, a resguardo, porque este país no reconoce extradición.

Casi todo en Colombia sigue como en tiempos de Uribe. Bombardeos, desplazamiento, sujeción al Comando Sur, multinacionales que se sienten como en casa, demás de ver confirmado el Tratado de Libre Comercio con EEUU. Algunos analistas estiman que los presos políticos son entre 6.500 y 7.000 y otros, como Azalea Robles (Argenpress, 22 de mayo de 2012) manejan números peores: "De los 9.500 presos políticos que tiene el Estado colombiano, se estima que cerca del 90% son civiles encarcelados por su actividad política: sindicalistas, ambientalistas, maestros, líderes agrarios, académicos críticos, abogados, médicos, defensores de derechos humanos... hasta los artistas son objeto de la persecución judicial".

Tenues progresos

De los países que sufrieron crueles dictaduras militares o recientes golpes de Estado, la situación más preocupante se vive en Honduras. Con el asesinato del periodista radial Oscar Villatoro (secuestrado el 9 de mayo y aparecido muerto una semana más tarde), ya van 25 hombres de prensa eliminados por grupos parapoliciales y paramilitares desde el asalto del poder en junio de 2009 y la continuidad con el gobierno "constitucional" de Porfirio Lobo. En Tegucigalpa no hubo juicios contra esos asesinos ni contra el golpista Roberto Micheletti, que se garantizó la impunidad.

En otros casos hubo algunos avances, como en Uruguay, donde por muchísimos años no se pudo juzgar prácticamente a nadie por las leyes de caducidad, con parentesco a las leyes del perdón de este otro lado del Río de la Plata. Luego hubo una apretada victoria parlamentaria para abrir un curso más acorde a los derechos humanos, aunque todavía no se ha plasmado en más juicios y condenas.

El 20 de mayo pasado "Familiares de detenidos-desaparecidos" realizó su 17º Marcha del Silencio bajo la consigna: "Los vamos a encontrar, por un futuro sin impunidad, verdad y justicia". Con esa idea ratificaron que van a buscar justicia por los más de cien desaparecidos uruguayos. Uno de los dirigentes de la entidad, Oscar Urtasum, declaró que tienen la decisión de buscar a todos esos desaparecidos y que "aún hay impunidad por más que quieran barrerla debajo de la alfombra".

En Brasil

En Brasil hubo un progreso en cuanto a investigar la represión anterior. Dos mandatos de Lula da Silva y el tramo que lleva cumplido en el Planalto Dilma Rousseff no habían dado lugar ni siquiera a una Comisión por la Verdad. Esa ausencia tenía que ver con el peso de los militares brasileños en el gobierno y el Estado, así como la influencia de los grandes empresarios paulistas y demás beneficiarios de las dictaduras que se sucedieron desde el golpe de 1964.

Ahora hubo un paso en la dirección correcta, pues el 16 de mayo la presidenta dejó instalada una "Comisión por la Verdad" de siete miembros: ex ministro de Justicia José Carlos Dias, el magistrado del Superior Tribunal de Justicia Gilson Dipp, la abogada Rosa María Cardoso, el ex procurador general Claudio Fonteles, el diplomático Paulo Sergio Pinheiro, la psicoanalista María Rita Kehl y el jurista José Cavalcante Filho.

Acompañaron a Rousseff varios ex presidentes: José Sarney, Fernando Collor, Fernando Henrique Cardoso y Lula da Silva, como para darle un toque de "política de Estado".

Debajo

Sin menospreciar la importancia de este acontecimiento, hay que puntualizar que en comparación con la brasileña, la limitada Conadep o Comisión Sábato luce tan revolucionaria como el Tribunal de Nuremberg. Es que Rousseff aclaró que "no nos mueve el revanchismo, o el odio, o el deseo de reescribir la historia de una forma diferente a como aconteció". Simplemente, subrayó, "la necesidad imperiosa de conocer la verdad en su plenitud, sin ocultamiento".

El otro límite insuperable, al menos por ahora, es que la investigación de las violaciones de los DDHH no dará la posibilidad de llevar a ningún represor ante los tribunales. Se podrá hacer averiguaciones durante dos años, pero sin promover ninguna causa porque en Brasil está vigente la Ley de Amnistía de 1979, que salva a todos los genocidas que actuaron en 21 años de dictadura.

Brasil es pentacampeón mundial de fútbol, pero en este tema puntual de los derechos humanos está varios puestos por debajo de Argentina.

http://www.laarena.com.ar/opinion-en_comparacion_con_otros_paises__argentina_califica_bien_en_ddhh-75773-111.html

https://www.alainet.org/en/node/158216