1. La crisis ¿económica o política?

No es ningún secreto afirmar que estamos ante una profunda crisis. La mayoría de los análisis se empeñan en representarla como un fenómeno económico atmosférico, “neutro”. Pero la crisis es otra cosa, es una falla orgánica del sistema capitalista, de su estructura productiva-distributiva. La crisis debe ser entendida también como ofensiva política. Debe ser entendida como operación de desposesión de las capas subalternas y de redistribución regresiva de la renta. Esta primera vía se efectúa gracias a: 1) políticas económicas en pro de una matriz productiva sin trabajo digno para las mayorías, 2) políticas de entronización de las finanzas que desmaterializa la economía, y que sólo en contada dosis, requiere a las mayorías como objeto de crédito de consumo (o hipotecario), y 3) políticas de transferencia masiva de dinero público a (unas pocas) manos privadas. Pero, en un segundo lugar que a menudo pasa desapercibido, la crisis también debe ser entendida como reestructuración política de los Estados centrales de la economía-mundo, como ruptura de los pactos ya erosionados de posguerra y como realización del viejo sueño por parte de las élites de un mando unilateral del capital supranacional, que va cancelando o arrinconando las instituciones o mediaciones que hacían de contrapeso “popular” en los Estados capitalistas. En ese sentido, se vive en los Estados europeos, en particular en los del sur, en la periferia europea, un proceso acelerado de “oligarquización” de sus sistemas políticos. Esto es, de primacía de los poderes no elegidos democráticamente, en un estrechamiento de las posibilidades de decisión democrática.

Este estrechamiento se manifiesta de dos formas. En primer lugar, con la reducción de la soberanía popular a un principio legitimador del recambio periódico de élites, internas todas a un mismo bloque de poder marcado por la primacía del poder financiero. Poder financiero que no es más que otra cara del mismo poder capitalista. El ámbito de las decisiones e instituciones en las que la ciudadanía puede influir por procedimientos o canales establecidos se reduce conforme actores o espacios cruciales para la convivencia y el proceso político quedan fuera del ámbito “público”. La dinámica de colusión, hibridación y convergencia de intereses de casta entre los responsables de estos poderes (mediático, judicial, financiero) supone un contrapoder oligárquico con capacidad de veto y chantaje a los poderes electos. Esto es, una suerte de “corralito” a la democracia.

El correlato de esta realidad es una percepción generalizada que deriva en comportamientos políticos cínicos: la confianza, pese a su amplio desprestigio, en los partidos-cartel tradicionales como los únicos “realmente capaces de gobernar” en un campo de fuerzas como el descrito, por su homologación delante de los grandes poderes económicos privados.

La segunda forma de manifestación del estrechamiento democrático es el operado por el discurso postpolítico, que Chantal Mouffe defiende como la ilusión de una política sin antagonismo, sin opciones enfrentadas y, finalmente, sin las pasiones de masas, entregada ya a una mera actividad de administración “técnica” en manos de expertos. Esta ilusión liberal descansa en un presupuesto falso: el conflicto debilita la democracia, cuando en realidad la posibilidad misma de decisión democrática necesita de la máxima apertura del rango de cuestiones discutibles y de la existencia de posiciones sustancialmente diferenciadas entre las que optar.

Al presentar como “técnicas” razones necesariamente políticas, como la decisión sobre dónde y a quién recortar, las prioridades de gasto en uno u otro sector o los valores ideales que rigen la convivencia colectiva, la postpolítica pone las ideas dominantes a buen recaudo de la discusión política y por tanto del alcance popular. La idealización del consenso, así, oculta en realidad las premisas profundamente ideológicas que lo informa, y abre la puerta a que la oposición se manifieste por fuera de los sistemas políticos en esta deriva.

No obstante, esta dinámica postpolítica se presenta fundamentalmente presidida de un chantaje que la constituye: el de la emergencia económica. Esto ya había sucedido a principios de la década de los ochenta, cuando el neoliberalismo se constituyó en la salida hegemónica a esa emergencia económica. Aquello que las explicaciones dominantes designaban como crisis no era más que los nefastos efectos sobre las grandes mayorías de la respuesta de los poderes económicos ante una notable caída de su tasa de beneficio . La crisis no es causa de nada, solo consecuencias de medidas tomadas por aquella estructura que monopolizan las decisiones. En su momento, el relato neoliberal fue construyéndose a partir de grandilocuentes dogmas que sustituían las intenciones de los poderes económicos. Modernización del Estado en vez de hablar de reducción del Estado al servicio de prebendas corporativas. Flexibilidad Laboral en vez de plantear un exterminio de los derechos del trabajo. Racionalidad para lograr que el consumo fuese el único camino para ser feliz. Seguridad Jurídica con el objetivo de dilapidar cualquier soberanía que perjudicase los intereses de la inversión extranjera. Humano y sostenible para adjetivar el fracaso de un desarrollo que nunca se concilió con la dimensión social ni ambiental. Liberalización Financiera en aras de facilitar la financiarización de la economía con capitales golondrinas en busca de altas rentabilidades sin compromiso con la economía real. Liberalización del Comercio para permitir que las grandes transnacionales puedan exportar productos subvencionados. Valor Añadido para transnacionalizar las cadenas productivas de valor. La palabra Mercado para velar por el anonimato y la “marcianización” de los dueños del mundo. Y por último, el alegato a la Independencia, pero independencia respecto a las grandes mayoría, siempre dependientes del poder económico.

El discurso dominante de la crisis, en la actualidad, es también considerado como fenómeno no político, casi meteorológico, en el que no cabe encontrar causas, víctimas ni culpables o intereses contrapuestos, sino encontrar el camino de salida conduce a la socialización de las responsabilizadas, y a la invisibilización de la contingencia e las medidas adoptadas frente a esta. De esta forma, la amenaza permanente y total, incomprensible, de la crisis, justifica una cultura de la emergencia que descalifica de antemano cualquier crítica o disenso. La situación de “excepcionalidad económica” justifica entonces prácticamente cualquier medida adoptada. Pero reordena también los equilibrios de poder dentro de los Estados, notablemente con la subordinación – voluntaria en la mayor parte de los casos- de la socialdemocracia a los consensos neoliberales, y con la destrucción de los espacios de mediación con el poder organizado de los asalariados. Haciendo esto, instaura una nueva “normalidad excepcional” que rompe con algunos principios ya firmemente asentados sobre la extensión de los derechos y la responsabilidad social del Estado. Las élites dominantes, así, no sólo evitan cualquier rendición de cuentas por la situación actual al tiempo que aumentan sus beneficios, sino que refuerzan su poder de clase y modifican así a la ofensiva el pacto social. La creencia y difusión casi mágica en la necesidad de calmar a la hidra intransigente de “lo mercados” encubre así el proyecto político económico en despliegue por parte de las oligarquías europeas –y sus lumpenoligarquías subalternas en la periferia europea, denominada como PIGS (Portugal, Italia, Grecia y España) por los medios financieros dominantes.

Sin embargo, la gravedad de la crisis y las dificultades de los sectores dirigentes para ofrecer compensaciones o mediaciones a las mayorías sociales golpeadas por las medidas de ajuste, así como la propia evidencia de su sumisión a poderes económicos privados no elegidos por nadie, han tenido un notable efecto en la erosión de la legitimidad de las élites, y de la desafección hacia los sistemas políticos democrático-liberales.

En la medida en que los sistemas políticos sufren modificaciones neocaciquiles, que las posibilidades de decisión democrática y que disminuye la propia capacidad de los sectores gobernantes para integrar las demandas ciudadanas y solucionarlas en forma individualizada, aumenta la brecha entre representantes y representados. Aumenta al mismo tiempo la percepción de que la élite gobierna fundamentalmente para sí misma, y por tanto ésta tiene mayores dificultades para generar un amplio consenso entre los gobernados, integrando en forma subordinada algunos sectores y dispersando/neutralizando otros.

2. Pacto Político para el Consenso de las Ganancias

Los llamados países centrales no pueden ser concebidos como bloque monolítico. Las categorías analíticas de las ciencias sociales están marcadas por esta tensión, que les hace de ayuda para comprender la realidad en forma simplificada, pero conllevar, al mismo tiempo, el peligro de ser excesivamente reduccionistas y esconder matices fundamentales para explicar qué está sucediendo en nuestro mundo en los últimos años, antes y después de mal llamada crisis financiera. Esta no fue ni origen ni detonante de nada, fue una consecuencias más (no menor) de la crisis sistémica del capitalismo.

La política neoliberal regional, en la Unión Europea, durante las décadas pasadas, se basó en un claro pacto de reparto de las ganancias totales entre las transeuropeas (transnacional con casa matriz en la Europa central) en el territorio europeo y fuera de él. En esos años, los canales instrumentales de la democracia servían para implementar una economía cada vez menos democratizada, a partir de una integración nominal, y no real, a partir de medidas tales como: a) nuevo mercado común que ha permitido hacer más dependiente productivamente y comercialmente a la periferia de los países centrales; véase como por ejemplo España ha desequilibrado cada vez más la balanza comercial en favor de Alemania en los últimos años provocando así una menor capacidad competitiva de la economía española , b) división europea del trabajo mediante un ajuste laboral que permitió competir en salarios con el resto del mundo flexibilizando al máximo las rentas del trabajo para sostener el incremento de las rentas del capital, configurando así una Europa de países centrales, y otra periférica, c) amputación de la política monetaria/cambiaria apelando a la ortodoxia de la independencia del banco central europeo que seguía por supuesto siendo dependiente de las instituciones financieras sistémicas, d) política tributaria regresiva que centra su potencial recaudatorio en la economía de consumo, manteniendo constante la presión impositiva directa para las capas populares y clase media, y proponiendo exoneraciones en clave de incentivos a las grandes empresas, y e) política financiera no virtuosa basada en una banca periférica europea, sin ancla productiva, y dependiente de la banca europea central que sigue fortaleciendo la competitividad productiva de las economías centrales, y a la vez, prestamista europeo convirtiéndola en el gran acreedor de toda la deuda europea.

Este proceso de integración europea no fue ajeno al proceso neoliberal de la financiarización, donde las finanzas ejercen un control dominante sobre la economía, a partir de creación de valor no material, ficticio, con absoluta independencia del valor real productivo. A este respecto, existe un dato muy significativo: según el informe semestral del Banco de pagos internacionales, en Basilea, existe 708 billones de dólares en derivados (producto financiero basado exclusivamente en una apuesta sobre el cambio de un valor). Este importe es equivalente a más de quinientas veces el volumen de la economía española.

España hizo todo lo acordado en medio de esta nueva arquitectura neoliberal mundial que somete a la política a una economía para unos pocos. España construyó un orden político estable como resultado del pacto entre las izquierdas mayoritarias y las élites del franquismo, y asumió su papel en la división internacional del trabajo de la UE. Fue parte de la amputación de su política monetaria y cambiaria, y fue país dependiente como victima del mercado común. Convergió nominalmente hacia los criterios impuestos desde Europa a partir de hipotecar ingresos públicos futuros con la ola de privatizaciones de mediados de los ochentas, y especialmente en los noventas (véase un excelente libro de M.C. Sánchez Carreira, La privatización de la empresa pública española). Así se bajó la deuda pública y el déficit. Por ejemplo, en 1997, se destinaron 7.212 millones de euros en deuda pública, y otra buena parte de lo obtenido en 1996 se contabilizaba vía dividendos que permitía reducir el déficit. Fórmula infalible: “pan para hoy, hambre para mañana”.

Los años del auge económico, en España, mirados bajo la miopía del PIB, venían acompañados de reformas tributarias que favorecieron aún más a las rentas del capital en detrimento de las rentas del trabajo. La recaudación aumentó confiando exclusivamente en el consumo infinito. Se privatizaron las pensiones. Se extranjerizaron las empresas transnacionales con casa matriz en España. El sistema financiero continuó su senda irreal generando una creciente deuda privada en manos de acreedores de Alemania y Francia. Esta financiarización, a la española, construyó un sistema financiero más privatizado, menos social y económico, y mucho más oligopólico. Las finanzas se centraron en obtener ganancias de un casino sin reglas definidas, y cada vez más alejada de funciones productivas y sociales propias de la desaparecida economía real. La reorientación neoliberal de la política financiera en España se dedicaba a engordar la cuenta de dividendos en base a una política de poseer activos inmobiliarios, que en plena burbuja-boom, estaban sobrevalorados. La imposibilidad de mantener ad infinitum una política basada en una burbuja inmobiliaria-financiera, con pautas de consumo solo sostenible con crédito infinito, y sin ningún cambio en la base productiva, hizo que todo saltara por los aires. Los inmuebles se convirtieron en activos tóxicos porque no se podían seguir vendiendo, y mucho menos, a precios del boom. Siguen sobrevalorados contablemente, sin correspondencia aproximada a su valor real actual. Lo cual, en palabras sencillas, podemos denominar, quiebra técnica.

Este modelo de desarrollo había generado un intento de articulación social amplia, que para el caso español podemos denominar “bloque inmobiliario-rentista”, y que consistía en la compensación del ataque sobre las rentas del trabajo con ventajas fiscales a la compra de vivienda y títulos de propiedad, y con un derrame [1] contenido hacia las capas subalternas de los beneficios de la economía especulativa. Esta peculiar forma de integración social permitió años de estabilidad política y de una cierta prosperidad económica, a pesar de todo muy inequitativamente distribuida. Pero las primeras señales de crisis financiera internacional resquebrajaron con facilidad este pacto, y empujaron rápidamente hacia una evolución oligárquica de los sistemas políticos europeos, en particular de su periferia: las élites dominantes abrían una ofensiva que rompía de facto –al mismo tiempo que lo entronizaba en abstracto- el pacto social y empujaba hacia una transferencia mayor de la renta de abajo hacia arriba y del sector público al privado, cuya deuda asumía.

No obstante, no hay en este proceso ninguna fatalidad económica ni necesidad histórica: los Estados no han sido víctimas de la crisis, sino que han sido empleados en proyectos oligárquicos de clase, contingentes, netamente políticos.

La crisis evidentemente tiene nombres y apellidos, y es resultado de una gestión vehiculada con partidos con nombres y apellidos, al servicio de empresas cono nombres y apellidos. Como dice Geoffrey Geuens, “las finanzas tienen rostros, se los puede ver desde hace mucho tiempo en los pasillos del poder”.

3. Bicefalia capitalista en respuesta a la crisis

La crisis hace tambalear el pacto de reparto de ganancias entre las transeuropeas, tanto centrales como periféricas. El negocio se estrecha en comparación con periodos de gran big bang económico. He aquí donde el capitalismo se reforma o se reinventa. Los técnicos se ponen a ello, la política (sistémica, pues veremos que el descontento se expresa entonces por fuera de los canales institucionales) queda subordinada a variables y parámetros decididos en otro lugar, lejos de la soberanía popular.

Las respuestas frente a la crisis son de muy diversa índole, y resulta complicado identificar una única respuesta técnica, de facto política, de los sectores dirigentes frente ante el nuevo escenario de transición. No obstante, sí son observables cartografías diferenciadas pero bajo un interés convergente: mantener la tasa de ganancia de unas pocas empresas. Si bien las estructuras dominantes encubren este interés común bajo el mito de la objetividad y la técnica, políticamente tiene un significado obvio, las mayorías sociales supeditadas al objetivo de unas pocas empresas. Este uso, de pocas empresas, no es resultado de imprecisión lingüística ni por falta de rigurosidad de las ciencias sociales. New Scientist, en un reciente estudio del año 2011, corrobora lo que la mayoría de los profanos observan cada día: son pocos los que tienen mucho. A partir de una muestra de estudio de 37 millones de compañías e inversionista de todo el mundo, el documento revela que un núcleo de 1.318 compañías con propiedades entrelazadas se apropian del 20% de los ingresos operativos globales, y a través de sus acciones en la mayoría de las grandes firmas más rentables de la economía real, son dueñas de otro 60% de los ingresos globales. Cuando el equipo descifró aun más la red de propiedad, descubrió que gran parte provenía de una "súper-entidad" de 147 compañías aún más estrechamente entrelazadas. Ese sigue siendo el objetivo de las políticas públicas, mantener esa super-entidad que supone la base sistémica de la economía actual. Es tan así que hasta la Unión Europea creó el Consejo Europeo de Riesgo Sistémico para que una buena parte de dichas entidades sistémicas, las financieras, no se hundieran.

La búsqueda del nuevo consenso discurre en un escenario diferente, de transición geopolítica del siglo XXI, que comienza a acabar con la hegemonía unipolar estadounidense. El mapa mundis se reorganiza multipolarmente: Estado Unidos ya no juega solo, China sigue con su crecimiento insostenible, la aparente integrada Unión Europea se desintegra, y el G7 debe de dialogar con el G20 por el creciente papel de las economías emergidas (que no emergentes) de los famosos BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica).

Ante este escenario, crítico y en transición, el neoliberalismo se reacomoda sin desaparecer del todo. Se identifica un sincretismo de políticas económicas, un “neoliberalismo plus” con recuperación del estado, aparentemente contrapuestas, pero que conviven armoniosamente en busca del objetivo común, el nuevo pacto de la ganancia para las grandes empresas. Vayamos por partes.

En primer lugar, existe un Intervencionismo Selectivo (en palabras de Kotz, se llamaría capitalismo corporativo); el estado vuelve a injerirse, pero ahora para salvar a esas super-entidad sostén del actual sistema económico. En el inicio de la crisis (2008), se pudo observar esta política de diversas maneras: la inyección de suero financiero del FMI con un billón de dólares (entre préstamo y Derecho especiales de Giro); Estados Unidos ayudó la industria automotriz y a su banca privada preferida; Francia al sector del automóvil. En este mismo sentido, el recién electo presidente francés, Hollande, también ha propuesto más dinero para el Banco Europeo de Inversiones para seguir prestando/salvando al sector privado periférico para que pueda seguir reubicándose cada vez más en la periferia mundial. De hecho, ha sido así como gran parte de las transnacionales con casa matriz en España han ido compensando su caída de beneficios. Estos capitales migrando con su particular visado, la inversión extranjera directa, a América Latina, obtienen altas rentabilidades, no reinvierten los dividendos, y éstos son inminentemente repatriados a su casa matriz a la mayor brevedad posible aprovechando el marco favorable impuesto en el súmmun neoliberal a través de los tratados bilaterales de inversión. Por ello, resulta comprensible, entonces, que los poderes económicos europeos sigan velando por la seguridad jurídica a favor de sus propios intereses (como ejemplo, véase editorial de El País, del 21 de Mayo del 2012). La seguridad jurídica de las extranjerizadas empresas con sede en España es obviamente incompatible con la apropiación de los propios recursos a partir de la recuperación de la soberanía de muchos países en América Latina.

En España, este recién definido Intervencionismo selectivo, que reescribe la recuperación del Estado, se observa con absoluta nitidez en el caso del sistema financiero. España, bajo la política del pacto de élites, intervino, en una primera etapa, con su salvataje bancario a partir de préstamos a la banca con fondos públicos (Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria), a un tipo de interés muy bajo, usado posteriormente para seguir prestando a interés alto, incrementado así la tasa de beneficios. De esta primera fase, ya se destinaron recursos para Bankia. En una segunda etapa, ahora bajo la otra cara de la alternancia de élites, se vuelve a esa intervención selectiva . El coste de afrontar esta medida será significativo (aproximadamente 40.000 millones de euros) que sería financiado en parte por una política tributaria más regresiva (más IVA), y por otra parte, con más emisión de deuda pagada con alta tasa de la prima de riesgo. Se recupera al Estado pero con un objetivo corporativo, socializando de pérdidas, y abonando el terreno para que pueda ser de nuevo privatizada en momentos de la siguiente burbuja.

En segundo lugar, la salida neoliberal al neoliberalismo es otra forma, no excluyente con la primera vía, de responder a la crisis. Esto es, la profundización del neoliberalismo en la periferia disponible. El consenso de Washington, por ejemplo, se aplicó en América Latina, una periferia controlada. Ahora no. Ahora es una región más soberana, más emancipada, más integrada, que decide insertarse estratégicamente en el mundo multipolar. Ya no es periferia disponible. Por el contrario, en el seno europeo, la periferia disponible es por ejemplo España gracias a la integración neoliberal con múltiples vértices, monetario/productivo/comercial/financiero/fiscal.

Es entonces cuando Alemania usa a la Unión Europea para imponer su revisión del programa neoliberal “clásico” –somos conscientes de la paradoja-, una suerte de nuevo consenso neoliberal del siglo XXI. La periferia europea, los PIGS, sigue siendo objeto de sus planes de (des)ajuste y (des)estabilización, contribuyendo así a las exigencias comerciales-laborales-sociales-financieras que garantice la tasa de ganancia de las empresas transeuropeas centrales. La profundización del neoliberalismo no sólo se práctica por la vía de desmantelar del Estado de bienestar (por ejemplo, privatización de educación y sanidad) sino a través de una reforma laboral que desequilibra las rentas de trabajo a favor de las del capital.

Esta nueva fórmula política periférica, mezcla del viejo capitalismo corporativo con “revisión neoliberal del neoliberalismo”, permite así contribuir a un nuevo negocio para los acreedores de la deuda, fundamentalmente la banca privada de los países centrales en Europa, Alemania y Francia. El neoliberalismo insta a reducir cada vez más los ingresos del sector público de las grandes fortunas, y solo se recauda (muy regresivamente) a partir del consumo . En España, esto tuvo un efecto aún más vicioso; el consumo tenía un fuerte sustento en un crédito incontrolado e insostenible, y entonces, al frenarse el crédito, cae el consumo, y por ende, también se reduce drásticamente la recaudación de impuestos indirectos. Es más, debido a las modificaciones normativas, el tipo efectivo (lo que realmente pagan) sobre beneficios empresariales ha disminuido fuertemente en los tres últimos años; 19,9% en 2006, al 10% en 2009. En definitiva, se ingresa menos por el desajuste neoliberal, se desajusta en materia social, se desajusta en términos laborales, y verdaderamente, se ajusta en términos de deuda para satisfacer las demandas financieras sistémicas europeas. L a deuda pública pasa de estar en 37% del PIB en el año 2007 a un 68,5% en el 2011 (con proyección del 79% en el 2012). La deuda total en 2010, según el Bando Internacional de Pagos, asciende al 400% del PIB, donde la deuda de las empresas representan el 63% de este valor (las familias el 21% y la pública el 16%). El pago de la deuda se convierte en el eje de la política pública; entre 2007 y 2012 el pago de intereses de deuda pública ha crecido un 80,3%, pasando de 16.000 millones de euros a 28.848 millones.

La prima de riesgo se vuelve cuestión central en la política económica menos democrática posible. Esta prima de riesgo se transforma en ganancia inmediata después de especular en la compra de deuda pública al pagarse más intereses. Paradójicamente, esta prima de riesgo no tiene riesgo alguno para esos pocos bolsillos, porque el establishment dominante económico y financiero se asegura que la tasa de ganancia sea cada vez más alta y se pague cómo sea. El famoso “rescate” consiste en esto: te presto dinero para que pagues a los acreedores de la bolsa a cambio de hundir a la mayoría de la población en desempleo, recesión económica, vulneración de derechos laborales y desposesión de derechos sociales mediante privatizaciones encubiertas en educación y sanidad.

La periferia europea sigue sometiéndose a una suerte de primacracia que aboga por el desmontaje progresivo del sistema democrático. Dicho de otra manera, la economía real se prostituye al valor de la prima de riesgo, provocando así un encarecimiento de los intereses que el Estado español tiene que pagar por la deuda pública. En contraposición de todo esto, Alemania puede emitir bonos para pagar su deuda al interés más bajo posible: 4.560 millones en bonos al 0,7% el 22 de mayo de 2012. Incluso en Francia, después que Hollande hablara de suavizar el ajuste fiscal, la prima de riesgo no actúa de igual manera que con el resto de países periféricos. Muestra de que la única explicación real de la manera de actuar de la prima de riesgo es ejercer poder sobre quien quiere.

Mientras tanto, la periferia europea lo hace a intereses altísimos gracias precisamente a ese mecanismo de poder, la prima de riesgo. Y ¿quién paga estos mayores intereses de la deuda? ¿Son los accionistas de la banca privada? Claro que no. Se pagan con los impuestos de la mayoría de los ciudadanos y ciudadanas. La prima de riesgo no tiene riesgo para esa super-entidad capitalista, pero sí pone en riesgo a la esencia básica de la democracia, a la gran mayoría de la población. La primacracia actúa con subterfugios capaces de inocular a cualquier aparente sistema democrático.

Una nueva etapa de este corralito a la democracia es el mal llamado rescate de la economía española a cargo de la troika europea (UE, BCE y FMI). Un nuevo sometimiento de la población a favor de saldar la deuda privada de la banca española para con la banca alemana (y francesa) [2] , Consultores independientes contratados por el gobierno español valoran las necesidades del sistema financiero español. Los economistas ortodoxos, atragantados por la economía neoclásica, son incapaces de abordar los problemas económicos-sociales sin usar modelos matemáticos. La matemática -y los números en particular-, más allá de su necesidad, es usada en exclusividad por la economía dominante para evitar las dificultades propias de afrontar problemas complejos. La sociedad, en base a la técnica, se reduce a números y todo es traducido en términos crematísticos y monetarios. El desarrollo se mide a través del Producto Interior Bruto (PIB); el desarrollo humano es un indicador cuantitativo que considera sólo esperanza de vida, alfabetización y PIB; la contaminación se solventa mediante el pago de dólares; los ánimos de la población se mide por el índice de expectativas económicas; y un país es únicamente el valor de la prima de riesgo. Las valoraciones son todas realizadas a partir de números; las explicaciones son instrumentos matemáticos; la técnica es empleada en aras de la neutralidad, la independencia. En definitiva, la pospolítica. El adjetivo de “independiente” es el que se aplica a las dos consultoras contratadas, Oliver Wyman (OW) y Roland Berger (RB) , la primera estadounidense y la segunda alemana. La evaluadora OW tuvo un papel muy activo en el mercado de las hipotecas basuras en los Estados Unidos cuando aconsejó a Citigroup a entrar en este casino del alto riesgo. Luego, el gigante financiero fue rescatado por 50.000 millones de dólares. La independiente OW también se caracterizó por lo atinado de sus evaluaciones cuando, en el año 2006 en un documento publicado durante una reunión del Foro Económico Mundial en Davos, consideró que Anglo Irish Bank era el mejor banco del mundo. Luego, este banco también fue rescatado por 25.000 millones de euros. Por su parte, la evaluadora RB tiene un alta implicación con el actual gobierno alemán, y se ha dedicado a opinar políticamente, por ejemplo, firmando un documento a favor que el Banco Central Europea no comprara bonos. Esta consultora también es candidata a crear una agencia de calificación de riesgo europea, curiosamente financiada por un consorcio de instituciones financieras. El otro órgano internacional, ejemplo de independencia, técnica y neutralidad, el FMI, ya puso cifras al agujero financiero español, 40.000 millones de euros. Las primeras informaciones cifran en 70.000 millones la cantidad calculada por OW y RB. El actual rescate concedido tiene como valor máximo 100.000 millones de euros. Por el contrario, ninguna consultora independiente, ni los organismos internacionales (otra palabra para analizar en otro momento), y mucho menos el gobierno español, están preocupados por cuantificar (y cualificar) las necesidades de la gran mayoría de la población española.

Este préstamo concedido no es directo a la banca privada para así no asumir el correspondiente riesgo de impago, sino que se hace a través del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), del Estado, de tal manera que mientras se pague o no, el préstamo será más deuda pública y el pago de intereses se hará con cargo al déficit público. Para entender las consecuencias de este "rescate", no obstante, es preciso relacionarlo con la aprobación de una reforma constitucional, acordada –como siempre- en el verano pasado por el bipartidismo (PP y PSOE) y hurtada a la discusión popular, que da prioridad a los pagos de la deuda por encima de cualquier gasto social. Este es el dato crucial que hace del rescate un verdadero chantaje y que abre las puertas de nuestra particular "memoria del saqueo", que antes veíamos por la televisión sobre América Latina. En sustitución de un presidente del Gobierno insólitamente escondido, e l ministro de economía español y exconsejero de Lehman Brothers, Luís De Guindos, afirmaba que no habrá condicionantes macroeconómicos ni ajuste fiscal requerido ante tal préstamo, y ¿cómo contabilizará este trasvase de deuda privada a deuda pública en los próximos presupuestos? Por tanto, el viejo consenso de Washington se rejuvenece; el FMI vuelve a sus andadas augurando décadas sin democracia, ni económica ni política.

4. Los sentidos políticos de la crisis y las posibilidades de ruptura o recomposición

Esta situación es susceptible de recibir diferentes interpretaciones políticas, y en modo alguno puede deducirse que, más allá del desprestigio de “los políticos” tenga una traducción en términos de acción colectiva y protesta.

Pero existen las condiciones para que diferentes reclamaciones o sectores con peticiones particulares comiencen a trabar solidaridades entre sí, y que los problemas “sociales” sean politizados en un discurso que señale como víctimas a la ciudadanía o la “gente normal” y como culpables a las élites en los poderes político-económicos. Esta identificación, que tiende a subvertir las lealtades políticas propias de los momentos de estabilidad. Las formas y orientaciones ideológicas en que esta identificación cristalice y se desarrolle son difíciles de predecir en términos generales. Dependerán, seguramente, del grado de influencia social y organización de los actores políticos por el cambio social. También del grado de devastación en las identidades colectivas y en los vínculos sociales que el neoliberalismo haya operado: la protesta y resistencia a los programas de ajuste será tanto más transversal y ambivalente cuanta mayor fragmentación y marginación de los valores y referencias de la izquierda en cada país.

Con todo, la amplitud y transversalidad de los movimientos de protesta, lejos de ser indicadores de su debilidad, lo son de su fortaleza para seducir a sectores flotantes, y para generar un “nosotros” de las mayorías sociales empobrecidas que impugne el consentimiento espontáneo con el que los gobernantes cuentan. Si esto sucede, estamos ante procesos de “crisis de autoridad”, que si se profundiza en una manifiesta incapacidad de articulación y gobernabilidad por parte de los dominantes se convierte en “crisis de régimen”, utilizando la diferenciación gramsciana. La re-aparición del vocablo “pueblo”, como reunión metafórica de los muchos por contraposición a unas élites expulsadas de la legitimidad [3] , podría ser un indicador de ese poderoso momento de disrupción y poder constituyente que entraña siempre la fórmula “We the people”.

Estas posibilidades, dramáticas y fértiles para el cambio político, expanden el horizonte de los posibles y favorecen las posibilidades de diferentes tipos de modificación de la correlación de fuerzas a favor de las clases subalternas.

Como referencias exclusivamente ilustrativas de un contínuum más bien marcado por la combinación y solapamiento de elementos de ambos extremos, tenemos la salida de la restauración ampliada, y la de los procesos de ruptura. Pero ninguna e dará en forma pura, ni sin la concurrencia de elementos propios de la otra.

Por la primera, la de la “restauración ampliada” o algún tipo de transformismo tal y como lo entiende Gramsci, se operaría un giro en la ortodoxia de los programas de ajuste, que además relajase las medidas más agresivas contra los sectores populares y las clases medias. Buscaría entonces obtener una amplia base de apoyo para un esfuerzo por el crecimiento que, sin romper con los compromisos con las élites financieras, lograse dilatarlos y flexibilizarlos. En esta dinámica, la protección social y la regulación laboral y económica tendrían diferentes grados e intensidad, pero estarían marcados por un afán reformista que apuntase a volver a los “good old times” de la concertación y el pacto keynesiano-fordista. La posibilidad de un proyecto tal en los países del sur de Europa despierta muchas dudas, que no obstante no minan en absoluto la fuerza de este horizonte como la principal referencia de justicia social en el imaginario colectivo de los asalariados y otras capas subalternas. Por ello en absoluto puede ser despreciado o descartado.

Por la segunda salida posible, la de los procesos de ruptura, nuevas mayorías fruto de la interpelaciones populistas frente a la gestión neoliberal de la crisis, empujarían, directamente desde el poder político o desde la presión a este, por una ruptura más o menos gradual de los compromisos con la Unión Europea y su Troika rectora. Esta salida implicaría necesariamente una propuesta destituyente de las élites tradicionales y diferentes grados de aperturas constituyentes que volviesen a poder la cuestión de los derechos sociales, la democracia y la soberanía popular en el centro de la redefinición estatal. La factibilidad de esta apuesta se verifica ya en los diferentes escenarios estatales-nacionales, y hasta ahora no se ha materializado realmente más que en estos, pero necesitará sin duda un cambio en el equilibrio de poderes a escala europea.

Como se señala, ambas vías son seguramente concurrentes y su presencia dependerá de la fuerza de la iniciativa popular y de la capacidad de reacción de los poderes hoy dominantes.

5. Pensar en la transición: retos urgentes y respuestas lentas.

Estamos, en cualquier caso, frente a una coyuntura que evoluciona aceleradamente, y en la que se pueden verificar los más diversos fenómenos políticos en medio de la transformación económica y la transición geopolítica, y de la pugna de diferentes sectores por liderarla. El capitalismo aboga por una fuga hacia delante que implemente un nuevo contrato de seguros para la tasa de beneficios empresariales de esa suerte de super-entidad transnacional.

Estamos, en el marco capitalista, en una renovada propuesta de conciliación no democrática entre rol de Estado y Soberanía de Mercado. Como afirma Hobsbawm, “la soberanía de mercado no es un complemento de la democracia liberal sino una alternativa a este sistema”. El Estado flexibiliza a los pueblos para asegurar la tasa de ganancia del capital. Política de recortes en garantías laborales y sociales acompañado de Política de ampliar garantías de beneficios. El libre mercado es aplicado a las necesidades sociales al mismo tiempo que el Estado interviene para la gran empresa. El capitalismo se hace más corporativo en lo empresarial a la vez que más neoliberal para las grandes mayorías.

Estamos, a la par que las transnacionales pactan sus ganancias, en un nuevo campeonato del mundo de naciones. Sin guerra fría, pero con guerra de posiciones. No hay dos bloques antagónicos. La recomposición de las relaciones internacionales está en curso. Aún no sabemos si las potencias emergidas van a disputar por un nuevo orden económico postneoliberal (e incluso postcapitalista), o se trata, en palabras de MIlami, de un “revisionismo moderado” que legitimará el modelo ya instalado. Tampoco conocemos si la transición va camino del mundo multipolar, o de un mundo sin polos. Quizás, como advirtió Arrighi, Adam Smith ya vive en Pekín. El nuevo consenso, en palabras del economista, Joshua Cooper Ramo, puede que sea el consenso de Beijing.

Estamos, sin duda alguna, en un momento atravesado por las posibilidades de cambio político pero también de involución y miedo colectivo. El drama de la crisis y los fenómenos de descomposición moral y política que conlleva no llevan inscrito ningún desarrollo en un sentido emancipador. Sin embargo, la crisis sí ha tenido por efecto volar por los aires gran parte de las certezas sociales y quebrar el orden de escenarios políticos anteriormente muy estables. En esa coyuntura, a caballo entre la proliferación y urgencia de los dolores sociales, y el lento despliegue de las respuestas, son pensables quizás dos vectores que, combinados en diferente grado, marquen el futuro desarrollo político:

- Por una parte, una arriesgada apuesta de las élites económicas y políticas por el continuismo y el inmovilismo, confiando en que las protestas sean menores que el miedo generalizado a la miseria y a la represión, y que puedan ofrecer más temprano que tarde alguna recompensa a los sectores medios a cambio de su aceptación de duros paquetes de ajuste. Esta maniobra parecería ciega si no fuese por el escaso margen de maniobra de las élites, especialmente en las periferias europeas, atrapadas entre los acreedores internacionales y sus pueblos, y militantes hasta ahora por los derechos de los primeros. Sin embargo, y como recuerda el filósofo político Sthathis Kouvelakis: “El manejo rutinario de una situación extraordinaria en todos los sentidos de la palabra está plagado de riesgos” (New Left Review, 72). Y este es un dato a no olvidar tanto para las élites liberales como para sus oposiciones responsables y prudentes a su izquierda.

- Por otra parte, las posibilidades de cambio político se mueven entre los polos de transformismo de las élites -su margen de maniobra y habilidad para realizar alguna de las reformas exigidas por los descontentos desactivando así su contenido destituyente o impugnador del status quo actual- y el de ruptura por abajo, de una articulación política del descontento y la crisis de representatividad, con voluntad no sólo crítica sino de poder político. No parece haber mucho espacio para lo primero, ni los Estados del norte son susceptibles de quebrarse simplemente por la movilización colectiva. Y, sin embargo, la aceleración de los acontecimientos, y lo apabullante de los desafíos políticos, no permiten descartar nada.

Seguramente asistiremos a combinaciones, aparentemente caóticas y contradictorias, de todos estos elementos. Con Maquiavelo, podemos decir que la prevalencia de las fuerzas restauradoras o de las rupturistas, la primacía de la dinámica oligárquica del arriba o de la pulsión democrática del abajo que chocan hoy en la crisis, depende menos de la fortuna de los diferentes actores en conflicto que de su virtú: su audacia para hacer lo imposible en tiempos de agotamiento de lo posible. Contradiciendo la conocida fórmula: es la política, ¡estúpido!

Notas

[1] Famosa teoría del goteo, made in Banco Mundial

[2] Banco Internacional de Pagos; bancos alemanes y franceses acumulan casi el 62% de la deuda pública y privada española

[3] O, si se prefiere, “el 99% frente al (y que existe precisamente como identidad por la exclusión del) 1%” en los términos de Occupy Wall Street: lo definitivo es la sinécdoque de una parte que encarna de forma precaria el todo, no los nombres propios del particular y el universal.

Alfredo Serrano Mancilla (@alfreserramanci), mail: aalfserr@yahoo.es. Doctor en Economía, Coordinador América Latina Fundación CEPS (España)

Iñigo Errejón (@ierrejon) Email: ierrejon@cps.ucm.es.Doctor en Ciencia Política, Consejo Directivo Fundación CEPS

http://www.rebelion.org/noticia.php?id=151553&titular=la-crisis-econ%F3mica-como-ofensiva-pol%EDtica.-el-caso-espa%F1ol-