Ocupación militar extranjera en Guatemala

Mario Sosa

22/08/2012

Opinión

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Desde la invasión estadounidense y mercenaria, que derrocó en 1954 al Presidente guatemalteco Coronel Jacobo Árbenz Guzmán, la clase dominante, el ejército y sucesivos presidentes de facto o electos, han sido fieles cumplidores de una política de sumisión y entreguismo hacia el imperio de influencia regional: EEUU.

Dicha supeditación se ha expresado en materia militar. La Política de Seguridad Nacional y sus ejecutorias de genocidio, desaparición forzosa, asesinatos políticos, desplazamiento poblacional, etcétera, han sido parte de las consecuencias de la supeditación de la política nacional a los designios de EEUU en nuestro país. En específico, de las acciones implementadas a través del ejército de Guatemala y la policía “civil” en sus distintos momentos, en función de garantizar los intereses de la clase dominante local y los intereses de EEUU en el país.

Las excepciones fundamentales en esa política de sumisión entre 1954 y 2012, fueron dos: A) La acción militar de los cadetes de la Escuela Politécnica, que resistiéndose a la invasión en 1954, le propinaron una derrota a las fuerzas “liberacionistas” e imperialistas de ocupación; y b) la sublevación de militares nacionalistas, como Luis Turcios Lima y Marco Antonio Yon Sosa, quienes contribuyeron a fundar el movimiento revolucionario en la década de los años 60. Estos hechos han sido objeto de negación y ocultamiento en la literatura y práctica educativa de distintos gobiernos y segmentos oligárquicos y conservadores del país.

Posterior a la vuelta a la constitucionalidad en 1985, sucesivas gestiones en el organismo ejecutivo y legislativo, han validado la presencia militar de EEUU en el territorio nacional, especialmente en regiones de su interés estratégico; la justificación oficial ha sido la supuesta ayuda en salud, construcción de infraestructura y combate al narcotráfico. Esta presencia ha complementado la del personal diplomático, de inteligencia y la llamada “cooperación” intergubernamental y no gubernamental, cuyas ejecutorias es bien sabido que son en función de sus exclusivos intereses de control de los recursos estratégicos, de los gobiernos, de las políticas y de liderazgos conservadores y “progresistas”, que forman parte del tejido para reproducir el domino que ejercen en el llamado “patio trasero de EEUU”.

De las ejecutorias reales de esta presencia militar estadounidense nada se sabe y es posible que ni el propio Estado guatemalteco lo sepa, siendo que la autorización de su presencia ha sido la concesión de un cheque en blanco. Ni un sólo gobierno local ha informado a los ciudadanos guatemaltecos de carácter y consecuencias reales de tal presencia extranjera. Tampoco se ha conocido que desde las filas castrenses haya habido algún atisbo de indignación nacionalista ante el papel de su institución en esta concesión de poder a un ejército extranjero.

La gestión gubernamental actual confirma la “norma”: 171 marines estadounidenses serán parte la “Operación Martillo”, maniobra conjunta con el ejército guatemalteco en el Océano Pacífico, que tendrá una duración mínima de 120 días, y que permite amplia movilidad territorial a dichas fuerzas de ocupación. Esta operación, que ya ha sido realizada en las costas del Atlántico, es justificada por quienes la avalan, en el combate al narcotráfico que se desplaza por dichas costas y –seguramente en corrillos gubernamentales y militares– en la pretensión de compra de armas a EEUU, la cual sería posible una vez se apruebe el insultante incremento del 45% al presupuesto del ejército, propuesto por el organismo ejecutivo para el período fiscal 2013.

Dicha operación militar tiene como antecedente la venida al país del jefe del Comando Sur de EEUU, general Douglas Fraser, a inicios de este año. Fraser es el encargado de hacer avanzar los planes regionales y subregionales de control de EEUU, tales como el desplazamiento de la IV Flota (parte del Comando Sur) por aguas de América Latina, la implementación del Plan Colombia y el Plan Mérida (donde se contextualiza a partir del 2008 la presencia militar en Guatemala), los cuales avanzan a partir del supuesto combate al terrorismo y el narcotráfico que realiza dicho país, pero que intenta sobretodo: A) Persuadir la insurrección que está experimentando la Patria Grande en contra de sus designios imperiales; B) Ser parte en el combate de los focos de subversión armada en países como Colombia, y; C) Mantener la ocupación militar en territorio latinoamericano.

Esta presencia de las fuerzas armadas de EEUU en Guatemala es complementada con la permanente presencia del llamado “Grupo Militar de Estados Unidos en Guatemala” en áreas como Petén, Zacapa, San Marcos, Alta Verapaz y Antigua Guatemala. En ellas mantiene actividades de entrenamiento y asesoría militar y de inteligencia, utilización de aeropuertos y, es de suponer que también actividades de control político y social, control sobre recursos estratégicos, entre otras.

Es indudable que los planes de esta “Operación Martillo” y la conducción de los mismos –como suele ser– estarán a cargo del ejército extranjero y no del ejército guatemalteco. Adicionalmente, dicha presencia militar constituye una ilegalidad al registrase desde hace dos semanas, siendo que el acuerdo que les permite su estancia en nuestro territorio fue publicado apenas el lunes 20 de agosto, cuando entró en vigencia.

Esta presencia permanente y eventual de un ejército extranjero, nos convierte en un país ocupado. Esa ocupación hace que nuestra soberanía y dignidad nacional estén cuestionadas y comprometidas estratégicamente. Y dicha responsabilidad está en el gobierno de Guatemala y en sus fuerzas armadas.

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