Colombia

La sociedad civil de Colombia hace la tarea y tiene propuestas para una paz real

Orsetta Bellani

20/12/2012

Opinión

^-A ⁺A

La sociedad colombiana quiere tener voz en la mesa de negociación de paz de La Habana. Por eso, 1.200 representantes de movimientos y organizaciones campesinas, indígenas, afrodescendientes, estudiantiles y de derechos humanos, además de partidos políticos y gremios agroindustriales, se han reunido en Bogotá para consolidar una propuesta sobre el futuro de la Colombia rural. La reforma del campo es la reforma del poder y del modelo económico.

El objetivo del Foro Política de Desarrollo Integral Rural (Enfoque Territorial), desarrollado entre el 17 y el 19 de diciembre, ha sido sistematizar las propuestas de esta parte de la sociedad civil colombiana sobre las políticas de desarrollo rural que quisieran implementar en el país, para que el 8 de enero sean presentadas en la mesa de negociación entre el gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC-EP, que se abrió en La Habana el 19 de noviembre.

“Quizás por primera vez tenemos una participación tan importante de los sectores sociales en una discusión sobre cómo debe darse el cambio en el campo colombiano“, relata a Otramérica Iván Cepeda, congresista del partido Polo Democrático Alternativo y vocero de la Comisión de Paz de la Cámara de Representantes.

El Foro Política de Desarrollo Integral Rural no ha nacido por iniciativa de la sociedad civil colombiana, sino por voluntad de la misma mesa de conversaciones, que desde el principio de su trabajo se ha planteado la participación popular. La mesa ha encargado la organización del evento al Centro de Pensamiento y Seguimiento al Proceso de Paz de la Universidad Nacional de Colombia y a la Oficina de las Naciones Unidas en Colombia, que a su vez han elegido a los 1.200 participantes "según pertinencia, reconocimiento y representatividad".

"El tema rural es causa fundamental del conflicto y la participación de la sociedad civil es clave", apuntaba durante la inauguración del evento Bruno Moro, coordinador residente de la ONU. En efecto, el problema de la concentración de la tierra, heredado de la Colonia y de las guerras civiles del siglo XVIII, es una de las raices del conflicto armado que desangra a Colombia desde hace medio siglo: la iniquidad en su distribución ha creado las condiciones para el nacimiento de las guerrillas marxistas y de los grupos paramilitares que actúan en defensa de los intereses de los terratenientes.

Los datos que han sido presentados durante el Foro Política de Desarrollo Integral Rural muestran como hoy en día la situación en el agro colombiano, donde nunca ha sido aplicada una reforma exitosa, es todavía de inequidad. Según el Informe de Desarrollo Humano 2011 del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el 80% de la población colombiana que padece hambre vive en el campo. Durante medio siglo de conflicto, el campesinado ha sido despojado de algo más de 7 millones de hectáreas de tierra, llevando el índice sobre distribución de la tierra al 0.8, en una escala donde 1 corresponde a su concentración total. “El 52.2% del total de la tierra pertenece al 1.1% de la población. Con estos datos, ¿de qué paz estamos hablando? Para frenar el conflicto hay que incidir sobre sus causas”, ha denunciado durante la plenaria Nelly Velandia de la Mesa de Incidencia Política de las Mujeres Rurales de Colombia.

Los participantes de las 20 mesas que han conformado el Foro Política de Desarrollo Integral Rural han rechazado los planes de militarización de los territorios rurales y resaltado la necesitad de la soberanía y seguridad alimentaria, de una nueva infraestructura rural, de políticas con enfoque de genero y que garanticen los derechos de las comunidades indígenas y afrodescentientes. Además, se ha planteado la necesidad de impulsar las Zonas de Reserva Campesina (áreas donde está establecido un techo máximo a la extensión de cada parcela) y de reformar la Ley de Victimas y Restitución de Tierra del gobierno de Juan Manuel Santos.

Sobretodo, los participantes del Foro Política de Desarrollo Integral Rural han comprobado el fracaso del actual modelo de desarrollo económico caracterizado por la minería y el agronegocio, y han planteado la necesitad de una reforma agraria integral de carácter democrático y participativo, que establezca un techo máximo a la propiedad de la tierra y a la presencia del capital extranjero en el país.

En su ponencia frente a la plenaria, Olga Lucía Quintero de la Asociación Nacional Zonas de Reserva Campesina (ANZORC) ha resaltado la necesitad de una reforma agraria integral para lograr una paz con justicia social. “No sólo reclamamos la redistribución de la tierra, sino la redistribución de toda la riqueza que los trabajadores colombianos construimos día a día”, insistía Quintero. “Reclamamos la redistribución del poder. No reclamamos el poder al que estamos sometidos, el poder que oprime, discrimina y excluye, el poder que despoja, arrasa la vida y teme a la diversidad. Tenemos derecho y podemos ejercer el poder, el poder que desde la base enriquece a toda la sociedad”.

La validez de las propuestas

El próximo 8 de enero, la mesa de conversaciones entre las FARC y el gobierno colombiano podrá integrar en el proceso de paz las propuestas que la sociedad civil ha expuesto en al Foro de Bogotá. Sin embargo, mientras que el coordinador residente de la ONU, Bruno Moro, ha afirmado que el Foro va a “establecer la dinámica de la que va a ser Colombia en el futuro”, y el congresista del partido Polo Democrático Alternativo Iván Cepeda nos ha asegurado que “el gobierno y las FARC escucharan las sugerencias que saldrán de este Foro, puesto que son los que lo citaron”, muchos de los participantes que hemos entrevistado ponen en duda el asunto. Como María Inés Quiñones del Proceso Comunidades Negras de Colombia, que advierte: “Sin reformas estructurales no cambiará mucho. Lo que queremos es un nuevo modelo económico y el gobierno nunca lo aceptará”. Las FARC ya se han pronunciado respecto al Foro.

De hecho, el jefe de la delegación gubernamental en las negociaciones de La Habana, Humberto De la Calle, ha aclarado desde el principio de los diálogos que el gobierno no está dispuesto a poner en discusión el modelo de desarrollo económico, añadiendo que para que eso se pueda discutir, la guerrilla tiene que dejar las armas, hacer política y ganar las elecciones.

“No se puede pensar que en La Habana se firme el fin del latifundio o que se transforme estructuralmente al país”, relata a Otramérica Sergio Coronado de CINEP (Centro de Investigación y Educación Popular). “Pero el acuerdo sí puede generar unas bases sobre las cuales construir un modelo de desarrollo rural mucho más cercano a la necesitad de los sectores campesinos; algo que sería más fácil en ausencia de conflicto armado. Sin embargo, la resolución de los conflictos agrarios del país no depende de la firma de los acuerdos de paz, la ausencia de conflicto armado no implica la ausencia de conflicto social”.

http://otramerica.com/radar/la-sociedad-civil-colombia-hace-la-tarea-tiene-propuestas-una-paz-real/2725

https://www.alainet.org/en/node/163470?language=en