Perú

Muerta la ley Pulpín: ¿Qué queda por delante?

Nicolás Lynch

26/01/2015

Opinión

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La derogatoria de la ley Pulpín es un gran triunfo del movimiento juvenil contra una norma que intentaba profundizar el despojo de derechos sociales a la población, en este caso a los más jóvenes. Es, además, una de las pocas veces que un movimiento social ha logrado en los últimos 25 años, desde que se produjo el ajuste neoliberal de agosto de 1990, una victoria a favor de los trabajadores.

A nadie le quedan dudas que el triunfo lo produjo la movilización en las calles de miles de jóvenes que empezaron en Lima y fueron contagiando a diversas ciudades del interior. Este hecho, que la movilización ciudadana produzca victorias, en un régimen democrático precario que se caracteriza por criminalizar la protesta social, es también una novedad en nuestro ambiente político que se caracteriza por el arreglo tras bambalinas entre distintas facciones de la derecha neoliberal.

Con este triunfo se podría terminar esa dinámica y pasar a una distinta en la que los reclamos sociales buscaran de nuevo su propia representación política y esta opusiera efectivamente los intereses de, por ejemplo, los trabajadores, a los grandes grupos económicos que han usado a su antojo a distintos gobiernos (Fujimori, Toledo, García, Humala) en los últimos años para dar exclusivamente medidas favorables a sus intereses.

Un factor central, además, es que se trata de un movimiento de los más jóvenes entre la población adulta de este país. Aquellos que inevitablemente están llamados a construir el futuro del Perú. Una nueva generación que rompe con el mito de que la sobre explotación del trabajo es una fuente de progreso. Esto le da un prestigio a la lucha y a la victoria que le permite proyectarse con gran fuerza hacia adelante. Ellos son los que cuestionan que se busque continuar con un modelo que funciona en base al trabajo precario que impuso el fujimorismo con el DL 728 a principios de la década de 1990. Un modelo que como todos sabemos ha traído bienestar para una minoría, ligada al negocio primario exportador, e ingresos inciertos al resto de los peruanos.

En lo inmediato este triunfo debe permitir levantar el tema del trabajo precario y ponerlo como asunto central en la agenda política, exigiendo que se discuta el proyecto de la ley general del trabajo, que lleva más de una década archivado y que se encuentra consensuado en el Consejo Nacional del Trabajo –donde están empresarios, trabajadores y Estado- en más del 80% de su redacción. Es difícil, sin embargo, que los empresarios acepten la discusión siquiera de este proyecto y moverán sus influencias para que ello no suceda. Prefieren que continúe el caos actual de un régimen general y 39 regímenes de excepción en la ley laboral, que llegar a un texto único ordenado, por la sencilla razón que la opinión pública, recientemente sensibilizada, no aceptaría la repetición de las ventajas de las que gozan hoy en desmedro de la mayoría de los peruanos.

De todas formas, levantar el debate del trabajo con derechos es plantear la cuestión social en términos distintos a como ha sido presentada en el último cuarto de siglo. Ya no como la organización de la caridad para los que menos tienen, sino como el derecho de todos los ciudadanos por el hecho de ser tales a un trabajo con derechos que les dé previsibilidad en la vida y les permita subsistir dignamente. En estos términos es que el tema debe no solo permanecer en la coyuntura actual sino proyectarse como un punto clave de la próxima campaña electoral. Ya muy difícilmente aparecerán demagogos que levanten el tema del trabajo sin relacionarlo con el pago de los derechos respectivos.

Si el movimiento juvenil logra esto último estará ad portas de convertirse en el nuevo sujeto político transformador que el país reclama, ya no solo de la mano de un caudillo, como fue el 2006 y el 2011, sino con un tema de fondo que puede significar un cambio de proporciones. Nos podrían recordar en este sentido al rol de otras juventudes en las décadas de 1920, 1950 y 1970 que con su impronta abrieron camino a reformas sociales y democráticas que permitieron avanzar y trajeron esperanza de transformación en el Perú.

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