La noticia de que el ex presidente de gobierno español, Felipe González, va a ejercer de abogado defensor de los opositores venezolanos Leopoldo López y Antonio Ledezma, ha levantado los aplausos de la España anti chavista. “¡Quién mejor que un hombre de izquierda para llevar al Gobierno de Venezuela al banquillo!” dicen los más entregados en su apoyo a una oposición de vocación golpista. Sin embargo, lo cierto es que el que fuera una vez líder de un socialismo más o menos sincero, es hoy en día un hombre rico gracias a la economía de mercado. Cuando dejó de ser presidente fundó sociedades creando fondos de capital riesgo, cobrando sus conferencias a precio de oro, convirtiéndose en consejero de Gas Natural y pasando a ser asesor del mexicano Carlos Slim, el segundo hombre más rico del mundo. Lo que cobra de Slim se desconoce.

Pero más que su conversión en hombre rico, interesa destacar su responsabilidad en los crímenes de la organización GAL, creada en las cloacas del Estado cuando era Presidente de Gobierno con el fin de combatir a la organización ETA. Quien se apresta a defender a los dos opositores venezolanos, bajo el lema salvemos la democracia, ha sido señalado en múltiples ocasiones como el señor X que desde el vértice de una trama piramidal ideada para matar extrajudicialmente fue protegido por el aparato judicial español y nunca juzgado.

Los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL) fueron agrupaciones parapoliciales que entre 1983 y 1987 practicaron el llamado terrorismo de Estado o “guerra sucia” contra la organización criminal ETA y su entorno. Llevaron a cabo unos cuarenta atentados con un saldo de 26 personas asesinadas y 34 heridas de gravedad, destacando el detalle que varias personas fueron víctimas por error pues nada tenían que ver con ETA. En el proceso judicial contra el GAL fue probado que la organización fue financiada y dirigida por altos funcionarios del ministerio del Interior. Por el caso Segundo Marey, un anciano francés secuestrado por equivocación, fueron condenados el ministro del Interior José Barrionuevo y el Secretario de Estado Rafael Vera, ambos a 10 años, así como otras ocho personas entre cargos institucionales del PSOE y policías.

Precisamente el comisario José Amedo, máximo ejecutor de los operativos de los GAL, ha dicho por activa y por pasiva que Felipe González “estaba detrás de todo”. Medios de comunicación han respaldado esta aseveración con la frase “es un secreto a voces”. Uno de los condenados, Julián Sancristóbal afirmó: «no tomábamos ninguna decisión que no fuera autorizada por las administraciones centrales del Ministerio del Interior». Y nadie cree que el ministro Barrionuevo las tomara sin el ok de Felipe González. Tanto es así que según testimonio del comisario José Amedo, el tal Sancristóbal llegó a decir: “Si van a por mí, hundiré al Presidente”.

Ciertamente diez personas fueron condenadas y hoy día ninguna de ellas está en prisión. Sus crímenes les salieron baratos. Pero hasta nuestros días el asunto GAL no se ha cerrado y continúa siendo un tema polémico. Voceros del PSOE y del Partido Popular aluden a razones de estado para no reabrir ese oscuro pasado, pero la mayor parte de la sociedad, harta de corrupciones de todo tipo, desearía saber la verdad. Pero la búsqueda de la verdad lleva siempre  al mismo punto: ¿quién era la X del GAL?  Y en esa búsqueda han destacado periodistas que siempre han apuntado hacia quien entonces era Presidente del Gobierno español. No sólo medios de comunicación sino que implicados como García Damborenea, socialista vasco también condenado no dudó en imputar a Felipe González cuando se dio cuenta que unos cuantos pagarían por todos y sobre todo por el jefe. La Junta de Fiscales del Tribunal Supremo consideró que la denuncia no reunía condiciones de verosimilitud, pero a nadie se le escapa que su resolución fue política. Algún día la desclasificación de informes de .los servicios de inteligencia pondrá al ex presidente en su verdadero lugar en la historia.

La lógica de muchos medios de comunicación, de analistas y de gran parte de la sociedad española es que jamás unos policías hubieran tomado decisiones de atentar en Francia contra miembros de ETA, con la consiguiente crisis en las relaciones entre ambos países, sin el permiso del Gobierno de Felipe González. Más bien todo indica que socialistas del más alto nivel tomaron las decisiones mientras que otros daban su anuencia y consentimiento.

Con semejante carga histórica encima de los hombros hay que tener valor para presentarse ante el mundo como defensor de los dos opositores venezolanos, en nombre de la libertad, de la democracia y del estado derecho. La verdad es que Felipe González es hoy por hoy un personaje inmoral, de una enorme bajeza. Poco o nada puede hablar de democracia. Tal vez él sea uno más de los que confían en un golpe de estado, que es el juego al que juega Leopoldo López.

Precisamente, el sector de la oposición que representan López y Ledezma siempre ha estado en desacuerdo con las opciones electorales y con el liderazgo de la Mesa de la Unidad. Están convencidos que es poco probable que puedan en el corto y mediano plazo derrotar al gobierno electoralmente. De modo que han elegido aprovechar las dificultades del gobierno y el malestar de la población por la escasez, la inflación y la inseguridad, para generar confrontaciones violentas (necesariamente con muertos), e intentar crear un ambiente de ingobernabilidad para denunciar al gobierno como dictatorial y represivo. Desde este cálculo político, las protestas debían ser tan violentas y tan costosas políticamente para el gobierno como fuese posible. Esta parece ser la razón fundamental por la cual estas acciones han tenido un carácter violento: barricadas, bombas molotov, francotiradores, ataques a instalaciones públicas, quema de vehículos de transporte público. Esto es lo que va a defender Felipe González: una estrategia de manual que busca empujar al ejército a una intervención golpista, una vez que López y Ledezma han tomado en cuenta que su particular “revolución naranja” a la ucraniana, ha tenido un corto recorrido ante la movilización de amplios sectores sociales que sí están con un Gobierno ganado en las urnas.