Hace 3 años, el empresario Kenton Landa Uclés acusó a 8 líderes indígenas tolupanes de la Tribu de San Francisco en Locomapa, Yoro, por el supuesto delito de obstaculización en la ejecución de un proyecto maderero. Como suele suceder en esta Honduras de impunidad, el Ministerio Público corrió a presentar el requerimiento fiscal que culminó en un auto de prisión dictado por un tribunal el 27 de diciembre de 2012.

El abogado Víctor Fernández presentó un recurso ante la Corte de Apelaciones de San Pedro Sula, argumentando que los tolupanes lo único que hicieron fue defender su territorio, ya que el plan de manejo de explotación de madera había sido autorizado por el Instituto de Conservación Forestal sin consultar a la comunidad, como lo exige el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo.

Se debe dejar claro que los tolupanes no están en contra de los proyectos de desarrollo, solo exigen que se cumpla la ley en el sentido de que se haga efectivo su derecho a la consulta previa, libre, informada y de buena fe; que se garantice que puedan beneficiarse razonablemente tales proyectos; y que no se emita ninguna concesión dentro de sus territorios a menos y hasta que entidades independientes y técnicamente capaces, bajo la supervisión estatal, realicen un estudio previo de impacto social y ambiental.

La Corte de Apelaciones determinó aceptar los argumentos anteriores y absolvió a los líderes tolupanes, dejando establecido que la consulta y el consentimiento previo es un derecho humano de los pueblos indígenas, por lo que el Estado tiene la obligación de respetarlo y garantizarlo.

Sin duda alguna, esta sentencia constituye un antecedente y una herramienta muy importante para la lucha que los pueblos y comunidades vienen realizando en la defensa de sus territorios frente a proyectos mineros, hidroeléctricos, madereros y de otra clase que se hacen a espaldas y en prejuicio de la gente.

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