El día viernes 27 el vocero de la empresa Southern Perú Cooper Corporation dijo que su representada retiraba el proyecto de explotación minera “Tía María” del valle del río Tambo en la región Arequipa. La razón señaló era la existencia de un terrorismo anti-minero en la zona y la incapacidad del gobierno nacional para lidiar con él. Unas horas más tarde el Presidente de la empresa desmentía a su vocero y decía que se quedaban. No está claro, sin embargo, si se quedan con la concesión y esperan un tiempo o continúan con el proyecto minero tal cual. Sin embargo, los dichos de terrorismo anti minero siguen flotando en el ambiente y de ellos se han hecho eco diversos voceros ligados a la minería y varios líderes de opinión prestos a denostar de cualquier movimiento social.

Sorprende la actitud de una empresa como Southern que tiene cerca de 70 años en el Perú y que conoce de sobra la región en la que trabaja, tanto los aspectos técnicos propios de su labor como a los actores sociales con los que tiene que interactuar. Pero sorprende más el uso de términos como “terrorismo” para calificar al movimiento de agricultores de la zona que ha señalado objeciones al proyecto minero, porque terrorismo es una palabra cuya resonancia en nuestra historia nacional nos retrotrae a episodios de sangre y muerte a los que nadie quiere, en su sano juicio, regresar. Sería bueno no solo una desmentida de la retirada del proyecto, sino también de estas acusaciones que en nada ayudan a la posibilidad de algún entendimiento en la zona.

 Ya hemos señalado en varias oportunidades en Otra Mirada las condiciones en las que se ha querido llevar adelante este proyecto minero y las objeciones de los agricultores del lugar. El problema es que las sucesivas audiencias que se han llevado adelante para presentar el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) y sus correcciones no han contado con la participación del grueso de la población porque ello ha sido impedido por miles de policías en cada ocasión. En su defecto, para cumplir la formalidad, se ha llenado la sala de exposiciones con gente traída de otros lugares con DNI “nuevos” con los que supuestamente acreditaban su domicilio en el lugar. Las audiencias que señala la ley no han servido entonces para escuchar la opinión de los que viven en el valle y hacerlos participar de esta manera, sino para cumplir –falsamente- con uno de los requisitos de la legislación.

 Impedidos entonces de participar en las audiencias para debatir el EIA, la población ha buscado otras formas de expresarse, eligiendo en las últimas elecciones municipales, a una lista que se opone a la manera como quiere llevarse adelante el proyecto. No se trata, como ha señalado la empresa, de minorías. Por el contrario, todo indica, por el movimiento social y los resultados electorales, que estamos frente a un movimiento mayoritario que objeta el proyecto de marras. Una muestra más del rechazo de la población es la semana de paro que se viene cumpliendo en el valle y que parece ya suma 19 heridos entre los pobladores.

 ¿Qué actitud debe tomar el gobierno? ¿Mandar al procurador Galindo a buscar terroristas anti-mineros como parecen sugerir voceros diversos? De ninguna manera, continuar criminalizando la protesta social es el peor camino y conduce a un callejón sin salida. Hay necesidad de escuchar a la población, restablecer los canales de diálogo y participación y ver si hay alternativas posibles. Hoy, el problema se centra en la cercanía del tajo a la zona agrícola del valle, en particular de la piscina de ácido sulfúrico donde se produciría la lixiviación del mineral y la obtención del cobre. Hay gran temor de que se produzca un accidente y haya un derrame de ácido de imprevisibles consecuencias. ¿Viviría usted al costado de una piscina de ácido sulfúrico?

Los pobladores del Valle de Tambo no son terroristas ni están locos, merecen el aprecio, el respeto y la disposición al diálogo que debe existir para cualquier ciudadano del Perú.