Los principales burócratas de la Secretaría de Relaciones Exteriores, en nombre del Estado mexicano, dieron por “terminado el diferendo” con Juan E. Méndez, relator especial del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, quien con todo y la andanada de aquéllos para descalificar su informe sobre la tortura y los malos tratos en México, reconfirmó en tres ocasiones que son “una práctica generalizada”, amén del  intento para demeritarlo, lo que el argentino estimó como “ataques personales”. Por si lo anterior no fuera suficiente, denunció: “Recibí presiones para minimizar mi informe sobre tortura”.

Los diplomáticos a la carrera de la SRE querían una valoración que sonara más grata a sus castos oídos y los del inquilino principal de Los Pinos, pues pareciera que todavía les cuesta harto trabajo asimilar que el país que gobiernan es uno y otro es el estado de México que gobernaron, tan distinto que es de las pocas entidades donde la alternancia en el Ejecutivo estatal todavía no se da.

Y anunciaron sus deseos, sus sueños guajiros sin ruborizarse, “(…) la tortura constituye una práctica a la que todavía se recurre en distintas formas y que no ha sido del todo erradicada”.

Sin duda que la diferencia de percepción es sustantiva, una cosa es la más que optimista visión de los subordinados del titular del Ejecutivo federal de que no ha sido “del todo erradicada” y otra, radicalmente distinta, la de que hoy es “una práctica generalizada”, como sostiene el relator para Tortura de la ONU.

Sabido es que el diagnóstico de cualquier problema social, político y económico es clave para afrontarlo con el programa y las políticas adecuadas, pero en el asunto de la tortura y los tratos crueles e inhumanos pareciera que la cuestión tiene más que ver con la mala imagen gubernamental en la opinión pública y publicada de la aldea global, cuando varios de los más influyentes medios de comunicación toman marcadas distancias del gobierno que encabeza Enrique Peña Nieto y al que hasta hace poco más de un semestre elogiaban con singular desmesura, hasta inventar el “Mexican moment”. Momento que Televisa divulgó ilimitadamente y ahora reniega.

Y también en la víspera de la cita con las urnas, porque el tema puede restregarse en la cara al gobierno federal y su partido, el tricolor, cuando legítimamente presentan importantes éxitos en el combate al crimen organizado y avances en seguridad pública, pero con muy altos costos en tortura, tratos crueles e inhumanos; ejecuciones extrajudiciales y violaciones múltiples al derecho humanitario.

La práctica de la tortura –el famoso “tehuacanazo” y declararse culpable de lo que exijan soldados, marinos y agentes policiacos– forma parte del paisaje informativo cotidiano y del humor negro que se ventila en muchos lados, pero a los gobernantes les causa urticaria porque viven en el exclusivo mundo de las elites.

México tiene que atender todas las recomendaciones internacionales, entre ellas las del relator especial de la ONU sobre Tortura, aconseja Luis Raúl González Pérez, novel presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, pero tomó clara distancia con el diagnóstico de Juan E. Méndez. Fue más lejos Luis de la Barreda Solórzano –hijo del capitán y presunto torturador Luis de la Barreda Moreno, al que aún defiende y justifica hasta la ignominia–, al “descubrir” supuestas “contradicciones” en el informe del funcionario de Naciones Unidas. Y todo al parecer con el propósito de hacer méritos con los gobernantes en turno.

Twitter: @IbarraAguirreEd 

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