El inicio de un proceso de renovación de la justicia cotidiana con el propósito de agilizar los juicios relacionados con materias de civil, laboral, mercantil y administrativa, que en su conjunto representan 87 por ciento de los litigios que se desahogan en México, es un anuncio trascendente en sí mismo y lo será más aún si, como advierte Rayuela, “Ojalá (Alá quiera) que los dichos del Presidente no se queden en mera retórica”.

Lo anterior sucedió al presentar, en el Museo Nacional de Antropología, las 217 recomendaciones, 20 de ellas prioritarias, que contiene el Informe y propuesta sobre justicia cotidiana en México, elaboradas por encargo de Los Pinos al Centro de Investigación y Docencia Económicas, la institución consentida del sexenio, elaboradas con el respaldo de “17 instituciones de gran prestigio” y la intervención de “400 expertos”.

De los 2 millones 100 mil asuntos que se encuentran en tribunales, solamente 13 de cada 100 tienen que ver con el ámbito penal y el resto, con lo civil, laboral, mercantil y administrativo; explicó el titular del Ejecutivo federal con datos del Informe, y los englobó en lo que denominó justicia cotidiana y, dijo, que es “excluyente, lenta, compleja y costosa (corrupta sería necesario agregar) porque provoca que la mayoría de los mexicanos no accedan a ella”.

Y la falta de acceso, sostienen los autores del Informe y propuesta, tiende a incrementar la desigualdad social. O como explicó el director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional, sin justicia cotidiana no habrá prosperidad de la nación ni garantía para el futuro de la democracia. Dicho de otro modo, “las reformas estructurales logradas con el Pacto por México están incompletas. Les falta hacer realidad la justicia cotidiana, entendida como el mecanismo para la solución de los conflictos inmediatos y que no involucran procesos penales”. Y una advertencia de Pedro Salazar Ugarte: Sin acceso a la justicia cotidiana “la modernidad política podría desfondarse”. Desfondamiento que difícilmente convendría a gobernantes y gobernados por más que el hartazgo conduce ahora a fórmulas simplificadoras que permiten prever su comienzo pero no la desembocadura con el “¡Qué se vayan todos!”

La solemnidad del acto característica del estilo personal de gobernar de Enrique Peña Nieto y hasta la entrega de reconocimientos al director del CIDE y al presidente de la CNDH, como si no fuera su trabajo y obligación profesionales, no impiden observar lo esencial, esto es, la continuidad con el compromiso suscrito el 27 de noviembre pasado de las 10 directrices para mejorar “las condiciones de seguridad y justicia social del país”, como reacción oficial más allá de la coyuntura por la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Atyonizapa y el asesinato de cinco personas.

Para El País (España), que tiene nuevo y próspero inversionista mexiquense, es una muestra “de vuelo rasante” y una “iniciativa con un claro sesgo popular”, cuando Enrique Peña no se ha “recuperado aún de los golpes recibidos en los últimos meses”, tampoco de “los escándalos inmobiliarios” y forma “parte de una segunda agenda de reformas”.

Apuestan mucho los directivos del diario y sería deseable que tengan razón. Mas un veterano político ahora apartidista, como Fausto Cantú Peña, explicó que no se requiere ser muy sesudo para redescubrir que la injusticia cotidiana está la vista, a la orden del día. Hay que andar a ras del pueblo para corroborar lo que todo mundo sabe y desde hace varias décadas.

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