Este 4 de mayo del 2015 iniciaron las audiencias orales entre Bolivia y Chile ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) con relación a las excepciones preliminares presentadas por Chile en torno a la competencia de la CIJ para conocer del asunto. 

En la demanda presentada por Bolivia contra Chile en abril del 2013 se lee que Bolivia pide a la CIJ que indique que "Chile tiene la obligación de negociar con Bolivia en aras de llegar a un acuerdo que asegure a Bolivia un acceso soberano al Océano Pacífico", y que "Chile debe cumplir con esta obligación de buena fe, de manera expedita y formal, en un plazo de tiempo razonable y de manera efectiva" (traducción libre del  texto  de la demanda presentada a la CIJ el 22 de abril del 2013). 

Notemos que fue en el 2011 que Bolivia oficialmente ratificó el Tratado Americano de Soluciones Pacíficas, más conocido como “Pacto de Bogotá”, convirtiéndose en el último Estado de América Latina en hacerlo. Chile por su parte ratificó el Pacto de Bogotá en 1967. El artículo XXXI de este tratado suscrito en 1948 es el que ha servido de base para gran parte de las demandas entre Estados de América Latina planteadas ante la CIJ. De manera que sea plenamente aplicable en las relaciones entre ambos Estados, Bolivia retiró su reserva hecha al Pacto de Bogotá unos días antes de presentar formalmente su demanda a la CIJ contra Chile (Nota 1).

Las excepciones preliminares

Como bien se sabe, la presentación de excepciones preliminares constituye un primer incidente procesal mediante el cual el Estado demandado pretende demonstrar que la CIJ es incompetente para conocer sobre el fondo del asunto. Usualmente, este intento puede denotar poca confianza del Estado en sus argumentos sobre el fondo del asunto a discutir (Nota 2). En una época, fue sistemáticamente utilizado ante la CIJ por la parte demandada, con la notable excepción de Costa Rica en 1986, primer Estado demandado en no recurrir a esta herramienta en 28 años de litigios en La Haya, según el ex juez y Presidente Mohamed Bedjaoui (Nota 3). Las excepciones preliminares abren un primer compás de tiempo dentro del procedimiento contencioso, en el que, luego de leer y de oír a ambas partes, la CIJ decide si es o no competente. La última vez que un Estado de América Latina presentó excepciones preliminares a la CIJ fue Colombia, en el 2003, con relación a la demanda interpuesta por Nicaragua en diciembre del 2001. 

Posteriormente a las audiencias orales sobre excepciones preliminares, la CIJ entra a deliberar para determinar si es o no competente. El Artículo 79.9) del Reglamento de la CIJ precisa que: “9. La Corte, oídas las partes, decidirá por medio de un fallo, en el que aceptará o rechazará la excepción o declarará que la excepción no tiene, en las circunstancias del caso, un carácter exclusivamente preliminar. Si la Corte rechazara la excepción o declarara que no tiene un carácter exclusivamente preliminar, fijará los plazos para la continuación del procedimiento”. En el caso antes mencionado entre Nicaragua y Colombia, las excepciones preliminares interpuestas por Colombia en julio del 2003 dieron lugar a audiencias orales celebradas tan solo en el mes de junio del 2007. El fallo de la CIJ sobre excepciones preliminares fue adoptado seis meses después, el 13 de diciembre del 2007 (ver texto). En noviembre del 2012, la CIJ emitió su fallo sobre el fondo, provocando una reacción airada de Colombia que tuvimos la oportunidad de analizar (ver nuestro breve análisis publicado en Tribuglobal en septiembre del 2013).

Cronograma seguido ante la CIJ

Luego de muchos años de discusiones y controversias entre Bolivia y Chile con relación a la pretensión de Bolivia de contar con una salida al mar y ante la negativa de Chile de retomar las negociaciones, Bolivia ha optado por intentar obtener de la Corte de La Haya una decisión que obligue a Chile a volver a la mesa de negociación sobre su salida al mar. Por lo tanto, la demanda no busca obtener por parte de la CIJ una solución definitiva al diferendo, sino obligar a Chile a cambiar de posición.

- El 22 de abril del 2013, Bolivia presentó una demanda contra Chile ante la CIJ (ver  texto integral  de la demanda presentada). 

- En una ordenanza del 18 de junio del 2013 (ver  texto), la CIJ fijó los plazos de presentación de los escritos de la siguiente manera: 17 de abril del 2014 para la presentación de la memoria de Bolivia, 18 de febrero del 2015 para la contra memoria de Chile. 

- Debido a la presentación de excepciones preliminares por parte de Chile el 15 de julio del 2014, la CIJ, mediante ordenanza del mismo 15 de julio del 2014 (ver  texto), ordenó a Bolivia presentar su escrito sobre excepciones preliminares el 14 de noviembre del 2014. 

- La CIJ ordenó que las audiencias se realizarían del 4 de mayo al 8 de mayo del 2015: esta fase oral permitirá a ambos Estados presentar sus alegatos a los jueces. 

Las relaciones entre Santiago y La Paz

En las vísperas del inicio de estas audiencias entre Bolivia y Chile en La Haya que concluirán esta semana, las autoridades de ambos Estados intercambiaron duros mensajes con relación al calificativo de “agentes de inteligencia” a periodistas chilenos en La Paz por parte del Jefe de Estado boliviano (ver nota de Telam). Este episodio nos recuerda el innecesario nerviosismo entre Lima y Santiago que provocaron insinuaciones (igualmente innecesarias) de cara al fallo de la CIJ a inicios del año 2014 (véase nuestra modesta nota editada en Tribuglobal al respecto en enero del 2014).

Más allá del intento de unos y otros de usar a la CIJ como una tribuna política, un estudio publicado en el Anuario Mexicano de Derecho Internacional en el 2007 pormenoriza las distintas facetas de la controversia entre Bolivia y Chile que se inició en el siglo XIX, desde la perspectiva del derecho internacional (texto completo disponible aquí). Un estudio más reciente publicado en Agenda Internacional (Perú) en el 2013 analiza las bases de la demanda de Bolivia con relación a los pasados intentos de solución negociada entre ambos Estados (análisis disponible aquí): en los años setenta, estas negociaciones incluyeron a Perú (sobre la propuesta peruana, véase este artículo publicado en el Annuaire Francais pour le Droit International en el volumen correspondiente al año 1975, en páginas 354 y subsiguientes).

Notemos que a raíz del desvío de las aguas del Río Lauca por parte de Chile en 1962, Bolivia y Chile suspendieron sus relaciones diplomáticas, las cuales a la fecha se mantienen suspendidas. Vale la pena indicar que esta suspensión de las relaciones diplomáticas (restablecidas durante pocos años a mediados de los años setenta) no ha constituido ningún impedimento para que ambos Estados mantengan y refuercen sus intercambios comerciales y para que sus cancilleres y mandatarios participen en un sinfín de reuniones, sea en La Paz o en Bolivia o en el marco de reuniones y cumbres celebradas en Estados terceros.

Conclusión:

La demanda boliviana ante la CIJ busca remediar la negativa de Chile de negociar una salida al mar. La presentación de excepciones preliminares por parte de Chile buscar evitar que la CIJ conozca el fondo del asunto. El recurso a esta herramienta procesal (excepciones preliminares) siempre debiera ser cuidadosamente sopesado por parte del Estado demandado. En el caso en que la CIJ rechace algunas de las excepciones preliminares, declarándose competente, coloca al Estado que hizo uso de este recurso en una posición inconfortable ante los jueces de la CIJ. Bien lo sabe Estados Unidos, que intentó evitar que la demanda planteada por Nicaragua en abril del 1984 siguiera su curso, con la presentación de excepciones preliminares: al no obtener que la CIJ se declarara incompetente, Estados Unidos optó por no comparecer en la fase siguiente del procedimiento sobre el fondo que concluyó con el histórico fallo de junio de 1986 de la CIJ. De igual manera se puede inferir que el precitado fallo de la CIJ sobre excepciones preliminares en la controversia entre Nicaragua y Colombia colocó a Colombia en una situación incómoda ante los jueces de la CIJ en la fase ulterior del procedimiento: intentar evitar que la justicia internacional se pronuncie no siempre es bien percibido por parte del juez internacional.

Nota 1 : Al momento de ratificar el pacto de Bogotá en el año 2011, Bolivia emitió la siguiente reserva: “Asimismo, se confirma la reserva hecha por la Delegación Boliviana al firmar el Tratado Americano de Soluciones Pacíficas “Pacto de Bogotá”, con relación al Artículo VI, por el que "se considera que los procedimientos pacíficos pueden también aplicarse a las controversias emergentes de asuntos resueltos por arreglo de las Partes, cuando dicho arreglo afecta intereses vitales de un Estado". Esta reserva fue inmediatamente objetada por Chile en junio del 2011 (ver texto de la objeción). Finalmente, el 10 de abril del 2013, Bolivia optó por retirar su reserva (ver texto del retiro de su reserva), permitiendo al Pacto de Bogotá surtir todos sus efectos en sus relaciones con Chile.

Nota 2: Se lee que “Il n´est pas rare de remarquer que l´Etat qui présente ces exceptions a quelques doutes dur l´issue du procès, autrement dit, il préfère que l´affaire s´arrête plutôt que de risquer de tout perdre au fond » : véase SOREL J.M & POIRAT Fl., «Rapport Introductif », in SOREL J.M. & POIRAT Fl. (Ed.), Les procédures incidentes devant la Cour International de Justice : exercice ou abus de droits ?, Paris, Pedone, Collection contentieux international, 2001, pp.9-57, p.55.

Nota 3 : Leemos que para el ex juez y Presidente de la CIJ Mohamed Bedjaoui, « Dans une instance intentée en 1986 par le Nicaragua contre le Costa Rica, ce dernier admit d´emblée la compétence de la Cour. Ce fait mérite d´autant plus d´être signalé que c´était la première fois en 28 ans q´un défendeur avait témoigné envers la Cour, au seuil de l´instance, son dévouement au règlement judiciaire des différends » : véase BEDJAOUI M., « La « fabrication » des arrêts de la Cour International de Justice », in Mélanges Michel Virally. Le droit international au service de la paix, de la justice et du développement, Paris, Pedone, 1991, pp.87-107, p. 89, nota 1.

- Nicolas Boeglin es Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR).