La Paz y la Guerra se han convertido en el blanco o negro de la realidad nacional y en ese marco se desarrollan los conflictos de la academia y a medida que avanzan los acercamientos hacia un acuerdo de paz, necesariamente la academia cobra mayor valor, de ella dependerán en buena medida los conceptos y fundamentos para determinar y calificar en su complejidad teórica y práctica asuntos como terrorismo, presos políticos,  rebelión, resistencia armada, víctima, despojo, tiranía, justicia, entre otros que tienen que ver directamente con interpretaciones salidas del orden interdisciplinar del discurso de los derechos humanos como también otros relacionados con verdad histórica, DIH, responsabilidades políticas y papel de estado.

 Es aquí donde resulta más comprensible por ejemplo que una maestría con pensamiento crítico tienda a ser eliminada –no como cascarón- sino como instrumento de garantía para pensar de otra manera una nueva sociedad en Paz, con sentido de humanidad, sin vencedores ni vencidos, sin gobernantes ni subalternos. Quizá esto explique porque los derechos humanos son hoy un campo de batalla entre quienes le apuestan a la paz de cuyo lado están las organizaciones sociales, los movimientos de resistencia y sectores intelectuales y quienes quieren asumir su control para desvirtuarlos, hacerlos inservibles y promocionar su ineficacia. Estas razones hacen comprensible que el presidente Santos llame al gobierno a perseguir a la extrema derecha terrorista encargada de la persecución y amenaza contra profesores y defensores de derechos humanos, sobre los que vierte su odio y su venganza.

El gobierno de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, UPTC, Universidad Pública nacional de 25.000 estudiantes y 1500 profesores, no es ajeno al contexto nacional y ante sus contrarios intenta demostrar que lo que es suyo es legal y todo lo que escape a su control es ilegal. En ejercicio de la fórmula de mordaza distribuye miedo, genera temor y manipula la información. Olvidan los gobernantes que para reclamar derechos no se requiere tener el permiso de ellos. Para la protesta convertida en derecho no se requiere su visto bueno, ni su aceptación. No se pide permiso para manifestarse, ni para disentir, ni para objetar, los derechos se aplican, se ponen en ejercicio y punto. ¿De dónde creen los gobernantes que protestar es ilegal o que movilizarse o gritar contra las injusticias es delito?

Los gobernantes universitarios no quieren dejar sitio para sus contrarios, ejercen la violencia mediante el uso privado de los medios institucionales para desinformar sobre sus adversarios en la academia a quienes trata de silenciar, descalifica, desprestigia, excluye y pretende convertirlos en enemigos para justificar su aniquilación y vetar sus posturas filosóficas y políticas y poner en riesgo la vida, honra  e integridad moral y física, algunos odios quisieran su eliminación de la faz de la tierra.

En la maestría en derechos humanos, no hay una lucha por un cargo cuya significancia es mínima, ni siquiera es un cargo directivo, ni sus decisiones tienen alcance más allá de las paredes de una oficina. Lo que si hay es una censura institucional efectiva que se trata de ocultar con epítetos, con frases simples, con paradójicos comunicados y alocuciones acomodadas como que el director ya lleva cuatro años, aunque el rector se acaba de reelegir porque consideró que cuatro años le fueron insuficientes, o que hay que cambiar para airear y pagar deudas con empleos. Una maestría es una estructura de organización científica de un concepto específico que debe ser estudiado y tratado por expertos. Es una creación de hombres y mujeres que la piensan, la definen y le trazan un horizonte teórico practico, tiene vida porque hay gente que la construye con una concepción de mundo, su fuente no es una ley y su naturaleza es científica no es política, pero sus resultados pueden ser medibles política y socialmente.

En el caso de la maestría en derechos humanos, esta es un bien público de la nación y está ocurriendo no un cambio de director, sino un cambio de dirección en el sentido de orientación y no es el inicio de una era, si no el fin de una persecución sistemática de dos años en los que se puso en marcha una estrategia que esta culminado con la sustitución de una manera de pensar que resulta contraria al gobierno universitario actual, como se desprende de la afirmación que hace dos años dio inicio a la persecución al conminar a este equipo profesoral a “Cambiar su modelo de pensamiento crítico” seguido de enunciados como “desobedecen”, “no se aconductan”, “son sediciosos”, según se refleja en las múltiples denuncias y quejas salidas de una verdadera fábrica de falsas identidades creadas a la manera de fábricas de falsos testigos creadas en el régimen del odio para adelantar la planeada carrera persecutoria.

Resulta novedoso que la interpretación de legalidad hecha por el gobierno universitario elimine del todo la legitimidad y la ética de la academia y se valide la arbitrariedad como parte de la legalidad. En menos de tres semanas hubo discriminación, exclusión, inclusión de nombres de mujeres no consultadas, ni enteradas para imponer ternas preelaboradas ilegalmente por los mismos inhabilitados decididores y los votantes carecieron de información mínima para dar discusiones informadas, entre otras, así como mensajes públicos contradictorios y comunicados llamando a un dialogo que por dos años rechazaron.

Lo que está en juego es un escenario construcción político desde una maestría cuya manera de pensar incluye un sentido de humanidad y un orden conceptual y metodológico que se valoriza a medida que se acerca la paz. De quien la oriente y ejecute dependerá en buena medida el lugar que ocupen los derechos. Nada es ajeno a que la barbarie de hoy, las masacres o los bombardeos sean justificados por esa extrema derecha terrorista con frases simples de derechos humanos. Mientras del lado de los que luchan y resisten son invocados para defender la vida con dignidad. Como en una orquesta aquí el enfoque de pensamiento crítico no corresponde al trabajo de un director si no al sentido de acción colectivo de una comunidad académica consolidada y conformada por 20 investigadores sociales y de los derechos humanos, al que después de dos años de persecución sistemática, perversa y planificada paso a paso se les aplica la mordaza institucional para terminar la tarea de su eliminación como manera de pensar critica de la UPTC  y reemplazar las estructuras de la maestría con otros temas y contenidos trazados con la legalidad de la fórmula de mordaza y violencia que imponen los despojadores.