¿Cuál es la contabilidad macabra que las partes van a mantener una vez reanudados los bombardeos y suspendida la tregua unilateral?

¿Acaso son los 26 guerrilleros muertos y anunciados como “duro golpe a las FARC” una luctuosa “compensación” por el ataque a la isla de Gorgona y a los 11 soldados muertos en Buenos Aires, Cauca?

¿Es la expresión de un espíritu de venganza, bajo el nombre de defensa de la ciudadanía?

Es esa la lógica que se desprende de las palabras de Santos cuando dice… “Señor ministro, señores generales: esta ha sido, esta es y esta seguirá siendo la orden: NO bajar la guardia. Esta es una acción legítima del Estado en defensa y protección de la ciudadanía. Estas son las reglas del juego que hemos establecido. En la tarde de ayer hubo intensos combates. Ordené reanudar los bombardeos después del incumplimiento de las Farc a su promesa de cese al fuego unilateral e indefinido.”[1]

A su vez el comunicado de las FARC al anunciar la suspensión de la tregua unilateral afirman que: “No estaba en nuestra perspectiva la suspensión de la determinación del cese al fuego unilateral e indefinido proclamado el 20 de diciembre de 2014 como un gesto humanitario y de desescalamiento del conflicto, pero la incoherencia del gobierno Santos lo ha logrado, luego de 5 meses de ofensivas terrestres y aéreas contra nuestras estructuras en todo el país… Contra nuestra voluntad tenemos que proseguir el diálogo en medio de la confrontación.”[2]

Además de los dolores de las familias de los soldados y guerrilleros muertos y de sus compañeros de filas, aquí se asestan dos duros golpes más. El primero a la tranquilidad de muchas zonas del país que vieron, a partir del cese unilateral del fuego, una disminución significativa de acciones violentas y enfrentamientos y empezaron a saborear anticipadamente los que podrían ser beneficios tangibles de una terminación del conflicto armado. El segundo golpe se le propina a la maltrecha confianza ciudadana en el buen suceso de las negociaciones, sobre todo en las áreas urbanas del país.

En efecto, dada la distancia que la mayoría de los pobladores urbanos tiene frente a la guerra y por lo tanto a la conveniencia de su terminación, resulta difícil que se reconozcan como actores claves para la terminación del conflicto, cuando son quienes con su voto en la refrendación tendrán una buena parte de la decisión, por ello toda pérdida de confianza de la ciudadanía en el proceso pone en riesgo la refrendación.

Por las vidas de quienes están en la confrontación, por la vida y la tranquilidad de las comunidades que viven donde esta confrontación se desarrolla, las FARC, deben considerar la reanudación del cese al fuego, el gobierno debe suspender los bombardeos y “cuidar” el cese al fuego unilateral, hay suficiente evidencia internacional, e inclusive nacional, de que eso es posible.

Decíamos en un artículo anterior que en circunstancias como estas el papel de los países garantes y facilitadores es crucial. Se debe producir rápidamente una acción de estos que lleve a que las partes vuelvan a considerar el desescalamiento del conflicto, como una condición necesaria para el desarrollo de la mesa de negociaciones, en completo aprovechamiento de las confianzas y metodologías construidas.

El movimiento ciudadano que está en favor de la paz, los partidos políticos y la ciudadanía en general tiene que trabajar y presionar porque las partes retomen la senda del desescalamiento del conflicto, aceleren la negociación, den muestras de avance en lo referido a los derechos de las víctimas y trabajen en dirección a un cese definitivo de hostilidades.

Antonio Madariaga Reales

Director Ejecutivo Corporación Viva la Ciudadanía

Fuente: Semanario Virtual Caja de Herramientas Nº 447

Semana del 22 al 28 de mayo de 2015

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