Las policías comunitarias incomodan enormemente a las autoridades gubernamentales y al Ejército. No importa que su existencia y labor estén amparadas por la Ley 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos Indígenas del Estado de Guerrero. El malestar contra ellos es tan grande que sus dirigentes han sido perseguidos y encarcelados.

La arbitraria e injusta detención de Nestora Salgado es la más conocida en la opinión pública. No es la única. Hay 13 casos más. Al igual que ella, están tras las rejas Bernardino García, Gonzalo Molina y Arturo Campos. Todos pertenecen al sistema de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias Policía Comunitaria (CRAC-PC), nacida en 1995. Se les acusa de delitos terribles. En realidad, amparados en la ley, detuvieron a delincuentes, ejercieron justicia y afectaron intereses de la narcopolítica guerrense.

El 21 de agosto de 2103, el mismo día en que se arrestó a Nestora Salgado, un operativo conjunto de fuerzas estatales y federales –incluidas las fuerzas armadas– aprehendió a 13 integrantes de la policía comunitaria de El Paraíso, municipio de Ayutla de los Libres. Entre los detenidos se encontraba Bernardino García Francisco.

Bernardino García, indígena na savi, era el coordinador de autoridades de la casa de justicia El Paraíso. Promotor de la formación de la policía comunitaria en su región, él mismo fue víctima de varios asaltos y estuvo a punto de perder el ojo derecho a raíz de un ataque.

Nativo de El Paraíso, donde fue comisario municipal, es uno de los sobrevivientes de la matanza de El Charco, Guerrero, en la que, en junio de 1998, el Ejército ejecutó a 10 indígenas y un estudiante. Él mismo resultó herido y fue encarcelado más de un año. Tenía entonces 39 años.

Bernardino posee una larga trayectoria de lucha. Fue presidente de los bienes comunales de Coapinola y fundador de la Organización para el Futuro del Pueblo Mixteco. Prisionero en el reclusorio de Acapulco por secuestro, la acusación contra Bernardino supuestamente sustentada en la reducación de varias personas por acusaciones investigadas y juzgadas en la justicia comunitaria.

Gonzalo Molina nació en 1962, en Matialapa, municipio de Tixtla, donde se encuentra la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa. Fue el tercero de 10 hermanos, en el seno de una familia dedicada a la fabricación de ollas, cazuelas y comales.

Gonzalo creció en la cabecera municipal. La pobreza le impidió estudiar una carrera; sin embargo, concluyó, con muchos esfuerzos, la educación media superior. Desde muy pequeño trabajó en labores de limpieza, jardinería y recolección de basura. Casado y con tres hijos, sacó adelante a su familia. Convivió con distintas comunidades de la región marcadas por la escasez y miseria. Sensible a la injusticia, comenzó a promover desde muy joven la organización comunitaria para realizar proyectos sociales de autoempleo. Tuvo que suspender esta actividad tanto por el aumento de los asaltos violentos, los secuestros, las extorsiones y los homicidios, como por la corrupción y complicidad de los gobernantes locales con los narcos. Gonzalo se convirtió entonces en uno de los más visibles animadores de la organización comunitaria por la justicia y la seguridad de los pueblos de Tixtla.

Molina promovió la formación de la policía comunitaria. Él sufrió en carne propia la acción de los delincuentes. Su hijo, Cristian Molina, de 18 años, y la novia de éste, fueron secuestrados el 30 de junio de 2013. La acción de los comunitarios permitió rescatarlos con vida.

Las movilizaciones promovidas por él provocaron choques frecuentes con el Ejército. Éstas no se circunscribieron a cuestiones de seguridad. Los comunitarios desempeñaron un papel central en las tareas de rescate ante las inundaciones causadas por los meteoros Ingrid y Manuel. También protestaron contra la reforma energética.

El 6 de noviembre de 2013 Gonzalo fue detenido. Fue acusado de terrorismo, robo agravado, privación de la libertad personal y portación de armas de uso exclusivo de las fuerzas armadas. Trasladado inicialmente a una cárcel en Oaxaca, luego fue llevado al penal de alta seguridad de Almoloya de Juárez. El pasado 14 de mayo inició una huelga de hambre. Su proceso judicial no ha avanzado, no existen diligencias para su libertad, y él mismo decidió asumir su defensa.

El primero de diciembre de 2013 fue apresado otro dirigente de la CRAC-PC: el indígena na savi Arturo Campos Herrera. Acababa de participar en un acto para pedir la libertad de sus compañeros presos, en la Alameda Granados Maldonado, de Chilpancingo.

Era el inicio de la campaña 12 días por la defensa de nuestra vida y libertad y Arturo Campos tomó la palabra. Pidió no olvidar a los detenidos. Nos faltan todos, dijo. Al terminar le cayeron encima. Lo acusan de secuestro y lindezas por el estilo. Como si fuera un peligroso criminal, fue trasladado a Almoloya.

Arturo tenía entonces 43 años. Indígena na savi, nacido en Ayutla, casado, padre de tres hijos, quiso ser abogado. La pobreza y la temprana muerte de su progenitor se lo impidieron. Para estudiar trabajó de mandadero o limpiando casas particulares. Vivió en carne propia la discriminación. Aprendió a hablar español con fluidez.

En 2000, junto a otros paisanos suyos, fundó la Organización Independiente de los Pueblos Mixtecos y Tlapanecos. Entre 2000 y 2003 fue su secretario. Comenzó allí a denunciar los abusos de los militares. Se convirtió en un animador de la lucha por servicios públicos en las colonias de la periferia de Ayutla. Ante el clima de inseguridad, promovió en 2012 la creación de la CRAC-PC en su municipio. Ahora está preso junto a criminales de alta peligrosidad.

Ni Nestora Salgado ni Bernardino García ni Gonzalo Molina ni Arturo Campos son delincuentes. Por el contrario, son comunitarios que luchan contra la inseguridad pública y que se han enfrentado al crimen organizado. Sin embargo, están presos. Deben ser liberados ya.

Pd: El gobierno no ha cumplido su promesa. Nestora Salgado sigue en el penal de Nayarit y no prueba bocado desde el pasado 5 de mayo.

Twitter: @lhan55

http://www.jornada.unam.mx/2015/05/26/opinion/017a2pol