Plan de desarrollo de Santos (20142018) da vía libre a la destrucción de los páramos por las multinacionales mineras. Polo Democrático demanda ese mamotreto neoliberal y movilización popular debe bloquear los propósitos del santismo en favor del capital transnacional imperialista.

Con la paz, el modelo neoliberal no se toca, advirtió De La Calle al inicio de los diálogos de Cuba. Para asegurar tal propósito, Santos se “ingenio” un sofisticado mecanismo de compartimentación social. Hay que negociar sin tomar en cuenta lo que sucede en Colombia. Al interior de la jurisdicción del Estado, nada debía cambiar. Dicho y hecho. La guerra contrainsurgente, en todos sus frentes, prosiguió intacta. Parte de la misma son las estrategias de desarrollo y los retoques políticos al régimen, amén de las  permanentes acciones bélicas acompañadas de los criminales bombardeos de la Fuerza Aérea, que en los recientes casos de Guapi, Segovia y Choco, marcaron el momento para el  inicio del ciclo de la guerra del Santouribismo. La guerra civil colombiana vive de esos ciclos recurrentes, es parte del mecanismo de dominación oligárquica.

El Plan de desarrollo de Santos II (Uribe IV) “Todos por un nuevo país” fue aprobado por el Congreso a punta de sobornos con “mermelada” (http://bit.ly/1QPd3Mi ). Se trata de un mamotreto neoliberal que reproduce el recetario de la OCDE para desmontar el Estado y profundizar las privatizaciones de bienes estratégicos como Isagen. Uno de sus aspectos más lesivos es la destrucción de los páramos y de las consultas previas a las comunidades indígenas y afrodescendientes, para permitir la explotación indiscriminada por las grandes multinacionales de los recursos mineros. El articulado del Plan legaliza las licencias exprés y cercena la consulta previa para propiciar el despojo de las tierras ancestrales.

 Sobre los páramos

El páramo colombiano es un ecosistema de montaña intertropical propio del norte de los Andes. La licencia ambiental exprés autorizada por el Ministro de Ambiente en el 2014, dio vía libre a la actividad minera a gran escala y tal decisión se ha incorporado al articulado del Plan de Desarrollo.

 En la conocida demagogia de la burocracia, se pretende que las grandes mineras se esforzarán por no afectar los ecosistemas estratégicos.

 Estas disposiciones  son eclécticas e hipócritas: por una parte supuestamente reconocen la importancia de estos valiosos ecosistemas y dizque han tenido en cuenta que del agua del páramo se “benefician” (en realidad dependen) millones de personas, y señalan que buscan siempre  “el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, la distribución equitativa de las oportunidades del desarrollo y la preservación de un ambiente sano” [sic]; pero por otra parte, de inmediato, dejan en claro que la Constitución protege “la propiedad, la actividad económica y la iniciativa privada[s]” y este hecho “obliga al Estado”, a ser “justo y equitativo” con la gran propiedad e iniciativa privadas y no puede solo estipular el marco para las actividades de los pequeños agricultores y mineros que viven en el/del páramo.

 Con la palabrería de “armonizar” y “buscar un equilibrio” entre ambos aspectos, con promesas de que “atenuarán” y “prevendrán” las “perturbaciones” del ecosistema, las normas aprueban concesiones de derechos mineros en los páramos. Sobre todo, dan carta blanca al capital imperialista para avanzar en la destrucción de los páramos.

Lo que está sometido al ataque de la voracidad del capital imperialista global aquí, es el ecosistema de páramo. Los páramos son ecosistemas formados tras millones de años de evolución de la naturaleza: de la interacción muy compleja entre la evolución de una gran variedad de especies de flora y fauna y las transformaciones geológicas que han dado lugar a la diversidad del entorno topográfico — sistemas montañosos, ríos, valles, etc. El páramo es el ecosistema natural de mayor altitud en el mundo, es el ecosistema con mayor radiación solar del planeta, tiene una flora más rica que toda la flora de los ecosistemas de montaña en el mundo. El páramo provee continuamente agua en cantidad y calidad, y almacena carbono atmosférico, que ayuda a controlar el calentamiento global. El páramo funciona adicionalmente como un corredor biológico, para una gran variedad de fauna.

 El frailejón y el Senecio gigante son tal vez las plantas que más adaptación presentan a un clima extremo y tienen un tronco grueso que retiene agua. La paja también tiene una gran adaptación al frío y al viento, a la gran radiación y a la humedad. La paja forma la principal cobertura en el páramo, da protección a una gran variedad de plantas menores y fauna, y protege el suelo cubriéndolo y permitiendo así la regulación hídrica, de ahí la gran importancia de los pajonales. La regulación hídrica es el valor más notable de los páramos tanto en Latinoamérica como en África y Oceanía. Esta importancia se debe a un balance hídrico positivo a la neblina que cubre grandes extensiones durante la mayoría del tiempo, a la estructura de la vegetación que capta el agua, la conduce al suelo y a su vez lo protege contra la erosión y disecación, y, por supuesto, al suelo humífero. El carácter humífero del suelo de alta montaña es causado por la lenta descomposición de la materia orgánica por temperaturas bajas y características específicas de cenizas volcánicas. Ésta es tan grande que los suelos pueden caracterizarse como “turberas minerales”. Estos suelos negros y profundos son esponjas naturales capaces de contener hasta dos veces su peso seco en agua. Por esta razón pueden retener toda la lluvia de varios meses de invierno (hasta 500 mm) en su estructura y liberarla lentamente durante la época seca. Se puede decir que cada metro cuadrado de páramo “produce” un litro de agua por día.

 Para los habitantes de las ciudades en los Andes (desde el norte del Perú hasta el noroccidente de Venezuela) el 85% de las fuentes de agua potable, para electricidad y para riego de producción de alimentos sale de los páramos. Por ejemplo, el 70% del agua que utiliza Bogotá (con más de 8 millones de habitantes) la toma de un solo páramo, el de Chingaza.

 Mucha de la tierra que antes estaba bajo cultivo se ha esterilizado o desertificado por un mal uso de la tierra o por cultivo excesivo.

 Por muchas razones, las actividades humanas (agrícolas y mineras, etc.) en los páramos son muy intensivas y por lo general no sustentables (incluso desde épocas prehispánicas, aunque a menor escala), por lo que en muchas partes los remanentes de bosques son talados y los pantanos drenados y una buena parte del páramo acaba siendo de potreros degradados y cultivos sin rendimiento. A este nivel, este beneficio del páramo (para agricultura o ganadería), además de la minería ha perjudicado los otros beneficios (hídricos y de biodiversidad) que son principales. A comienzos de la década del 2000, cerca del 30% de todos los páramos estaban ya completamente transformados o degradados, un 40% se encontraba modificado negativamente y apenas un tercio de todos los páramos seguían en condiciones naturales; normalmente son los más inaccesibles. Una gran parte del área de páramos del mundo está en Colombia. Esa es una razón importante por la que muchos se jactaban de la riqueza hídrica del país.

Por ejemplo, en los últimos años, el área de páramo de Santurbán, que comprendía una extensión de 142 mil hectáreas y cubre parte de los departamentos de Santander y Norte de Santander se encuentra seriamente amenazado por proyectos de extracción minera a gran escala, llevados a cabo por multinacionales. Aunque la pequeña minería allí es más que centenaria, estas son mega-minas que se cavarían y operarían por empresas transnacionales.

 Son muchos los daños que se harán con estos proyectos mineros, la masiva contaminación de los cuerpos de agua debido al uso de cianuro a niveles industriales para los procesos de separación de los minerales de la roca, como la destrucción del excepcional suelo. Además, el páramo es un tipo de ecosistema sensible en el que una afectación en uno de sus factores puede llevar a un efecto cascada sobre todo el conjunto. Y no es sólo Santurbán. En todo el país, los páramos están bajo ataque: en estos momentos hay 448 títulos mineros en 26 zonas de páramo, de ellos 347 ya cuentan con licencia ambiental.

Y no son sólo los páramos. Estamos ante una emergencia ambiental sin precedentes a nivel global, que implica la posibilidad de un cambio climático irreversible y devastador. Como advierte el reconocido climatólogo James Hansen (http://bit.ly/1cNYb3i), nuestro planeta está ahora peligrosamente cercano a un punto crítico, con un medio ambiente muy por fuera del rango que ha experimentado la humanidad hasta ahora; y llegado ese punto no habrá vuelta atrás durante el tiempo de vida de generaciones enteras y en el proceso se exterminaría una gran parte de las especies sobre el planeta.

La dimensión de la emergencia ambiental es enorme: aproximadamente la mitad de los bosques pluviales del mundo, que están concentrados alrededor de la línea del Ecuador ya no existen, habiendo sido talados para la agricultura, la industria maderera y la ganadería (en Colombia son deforestadas cada año 336 mil hectáreas de selva y vegetación nativa, el equivalente al área del departamento del Atlántico). Mucha de la tierra que antes estaba bajo cultivo se ha esterilizado o desertificado por un mal uso de la tierra o por cultivo excesivo, esto ha sucedido especialmente en el 40% de la Tierra, que es árida o semiárida. Los calamitosos efectos ambientales de la globalización neoliberales han sido mayores en las naciones periféricas, pero los han causado de manera desproporcionada los países centrales del capitalismo. Las empresas grandes y autoridades gubernamentales conocen los daños que se están causando, pero no pueden rehuir a la lógica de “expandirse o morir” del capitalismo.

La economía colombiana, es decir toda su red de actividades productivas, está sometida a la dominación gringa, esto quiere decir que lo que produce, para qué y cómo está determinado por las necesidades de extracción de ganancias de las multinacionales y no por las necesidades del pueblo colombiano. La economía, bajo este sistema, es adicta a la inversión de capital extranjero y se acomoda a sus necesidades. Por ejemplo, la proyección que tiene el Estado en cuanto a minería es duplicar la explotación de carbón y cuadruplicar la de oro, además de triplicar el área de los contratos mineros. Además, se ha establecido como actividad de alta prioridad incrementar y divulgar el conocimiento geológico con el fin de permitir a los consorcios privados una mayor aproximación al nivel de riesgo de sus inversiones.

 El Estado colombiano es parte de un sistema global, capitalista, y asume sus reglas de juego; mediante modificaciones en la legislación flexibiliza los costos laborales y el otorgamiento de licencias ambientales y de títulos mineros para cometer daños ambientales, todo para ofrecer mejores oportunidades de ganancia para las empresas multinacionales; mediante la más cruel violencia —de las fuerzas armadas y sus brazos paramilitares— garantiza acceso a tierras para las multinacionales. Las clases dominantes colombianas en medio del proceso de inyección de capital al país también reciben de ello ganancia, principalmente por medio de los ingresos al Estado que se roban en mermelada y de la participación como socios menores en los grandes proyectos.

 Frente a tan descomunal agresión a la sociedad, los grupos y asociaciones que la conforman no permanecen indiferentes. En ese sentido están en curso acciones puntuales para impedir que se consumen esas irracionales estrategias, presentadas como de desarrollo.

Demandas contra el Plan en la Corte Constitucional

El Polo Democrático y otros sectores políticos han proyectado movilizaciones unitarias, y radicado demandas en los órganos judiciales para tumbar ese Plan de supuesto “desarrollo para la paz”.

 Ante la Corte Constitucional el Polo Democrático y su bancada parlamentaria presentó una amplia demanda contra el Plan de desarrollo 2014-2018, al considerar que durante su aprobación en el Congreso de la República hubo una serie de vicios de forma y de contenido.

 De acuerdo con la demanda son siete las disposiciones del Plan Nacional las que deben ser declaradas inconstitucionales porque entre otras cosas se crea una excepción a la prohibición de no realizar explotación minera y petrolera en los páramos.

Una de las disposiciones es el artículo 173, el cual contiene una excepción a la prohibición general de realizar actividades de explotación minera o exploración y explotación petrolera en ecosistemas de páramos.

Conforme a las denuncias, existen 448 títulos mineros en 26 de los 32 páramos con los que cuenta Colombia, como el de Chingaza, que surte de agua a varias ciudades capitales. Estas concesiones mineras en páramos cuentan con más de 118.000 hectáreas, de las cuales más de 11.000 están afectadas por cuatro proyectos petroleros. Este es un grave atentado contra los recursos naturales, especialmente contra el derecho al agua, que es un derecho fundamental de cualquier ser humano.

Del mismo modo se busca que se declare la ilegalidad de los artículos 20, 49, 50, 51 y 52, que reglamentan los denominados Proyectos de Interés Estratégico Nacional (PINE), que establecen la imposibilidad jurídica de la restitución de tierras en predios en los que haya PINE. En la actualidad existen 68 proyectos PINE en todo el territorio nacional.

La norma que crea los proyectos PINE rompe con la separación de poderes, al entregar al Ejecutivo la reglamentación de unos proyectos que son asimilados de utilidad pública, es decir, se puede expropiar en nombre de la minería, las hidroeléctricas y las obras viales. Se desconocen otros derechos, como los de las víctimas del despojo violento de la tierra, pues la norma obliga al juez de restitución a abstenerse de devolverle la tierra a la víctima si el predio se traslapa con un PINE.

 La demanda también se dirige contra el artículo 20, que amplía una figura de concesión minera denominada Áreas de Reserva Estratégicas Mineras y crea las de reserva para la formalización y para el desarrollo minero-energético.

 Con estos preceptos se le dan al Gobierno facultades excesivas sobre el ordenamiento territorial, por encima de los entes locales, se desconoce el concepto de desarrollo sostenible y se estaría violando el mandato constitucional relacionado con la protección de los trabajadores agrarios y la producción agropecuaria, de los cuales se desprende el derecho a la alimentación y los derechos de soberanía y seguridad alimentaria. Según datos oficiales, de las 11.430 áreas con vocación agrícola existentes en el país, el 10,35 % se encuentra sobre las áreas estratégicas creadas en el PND.

 Son las comunidades las que deben decidir si le dan vía libre a la minería o no, y cómo lo hacen, o si deciden darles otros usos a los territorios, los cuales repercuten en el bienestar colectivo y no en el de las grandes empresas. Sobran las pruebas que demuestran los graves impactos, riesgos y conflictos que ha generado la minería, y lo que hacen las normas que se demandan es abrirle paso a esta actividad de manera indiscriminada. Eso no tiene sustento constitucional.

  Esta acción judicial del Polo debe ser acompañada por la movilización popular con plantones, marchas y concentraciones ante la Corte Constitucional.

 La defensa de la naturaleza y los páramos es un punto integral de la movilización que en estos momentos realizan diversos grupos populares como los habitantes de la Costa Caribe que hacen marchas contra las electrificadoras responsables de la crisis en esta región del país.