La investigadora boliviana Georgina Catacora habló en esta entrevista sobre la tensión entre el acceso ciudadano a la información y el secreto empresarial, en torno a la aprobación de cultivos transgénicos.

Cada vez que se aprueba una semilla genéticamente modificada en nuestros países reviven debates y controversias. Uno de ellos es sobre la vulneración del derecho a la información que sufre la población de un país durante esa aprobación.

Lo más común es que los estados, priorizando los derechos intelectuales de la empresas propietarias, se guarden todos los datos que deben definir la aprobación (investigaciones sobre el comportamiento del cultivo en el ambiente, la salud humana, animal, etc).

Lo más generalizado es que la ciudadanía se entere simplemente cuando la aprobación ya se concretó. Todo el proceso anterior, en tanto, es manejado bajo un fuerte hermetismo de la información, y por lo tanto sin transparencia pública.

Este fue el eje de conversación con Georgina Catacora Vargas, doctora boliviana con estudios en agronomía, medio ambiente, desarrollo e investigadora afiliada a la Agruco, de la Facultad de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y Forestales de la Universidad Mayor de San Simón, Bolivia.

Ella estuvo por Paraguay durante los días 16 y 17 de junio pasados, participando de debates con estudiantes de Ciencias Médicas, Agronomía y la Sociedad de Pediatría de Paraguay, hablando de su experiencia en el tema en países como Noruega y otros de la región.

¿Hay fricciones entre el derecho ciudadano de acceder a la información y derechos intelectuales de las empresas, en torno a sus transgénicos?

Las tensiones se dan en dos niveles de información, el primero es el acceso a las semillas. La investigación independiente, que no está ligada a las empresas que desarrollan los organismos genéticamente modificados, tienen acceso a este material solo cuando se ha aprobado el cultivo OGM. Esto quiere decir que se pueden hacer investigaciones solo después de que ya se aprobaron y se introdujeron al medio ambiente, cuando lo ideal sería hacerlo antes y durante el proceso de investigación o desarrollo, para poder hacer comparaciones.

Los estados, las instituciones públicas de investigación tampoco tienen acceso a este material. Y lo que resulta es que esta investigación independiente siempre está rezagada, porque no tiene el material a tiempo.

Cuando digo tienen acceso, no quiere decir que está a disposición, sino que generalmente tienen que ingeniárselas para acceder al material. Porque generalmente acceder al material conlleva una firma de contrato, en que generalmente la empresa queda como dueña de la investigación que se va a generar y eso ya se convierte en una limitación para la investigación.

Por otro lado, las empresas que desarrollan cualquier organismo OGM tienen que desarrollar investigaciones y presentar un reporte compilado en un dossier sobre diferentes investigaciones en seguridad, a nivel ecológico, toxicológico en salud humana… Estos se presentan a las autoridades de bioseguridad, y lamentablemente estos dossiers no están a disposición pública.

En algunos lugares de Europa se debe hacer una solicitud y se puede acceder, pero después de un proceso burocrático y después de esperar algunos meses. En Brasil también es posible después de de algunos años de la aprobación y se tiene que seguir un procedimiento, que no es democrático, porque no todos los que conocen el proceso pueden acceder.

Lo ideal sería que esta información que está destinada a la toma de decisiones de una tecnología que va a ser de uso público… también sea puesto a nivel público, para que científicos, sociedad civil, consumidores, ciudadanos de la calle puedan tener cierto nivel de información sobre qué es lo que se está aprobando, bajo qué información, cómo se hicieron las investigaciones, cuáles son los datos brutos que se generaron, para poder generar un análisis independiente de los procesos de aprobación.

¿Conoce algunos países con debates más adelantados o legislaciones contra este hermetismo de la información?

Conozco el sistema noruego, en Noruega la legislación es muy interesante porque es la única legislación que incluye aspectos de sostenibilidad y aspectos éticos.

Lo que se hace en Noruega es que al tener una solicitud de aprobación se pide al solicitante sobre estos aspectos: sostenibilidad, beneficios a la sociedad, cuestiones éticas. Y también se abre un periodo de audiencia pública, donde diferentes instituciones, prioritariamente científicas, pero no solo científicas, presenten argumentos técnicos sobre el evento que se está solicitando aprobar.

Con base al análisis que hacen los reguladores, las entidades públicas y todos los documentos que llegan a través de la audiencia pública, se estudia y se emite un veredicto.

Hasta el momento solo se ha aprobado un maíz genéticamente modificado, pero que no es para consumo humano sino para consumo animal. Y también unos claveles genéticamente modificados. Son los únicos cultivos genéticamente aprobados en Noruega. Y eso no es porque no han recibido más solicitudes, sino que otro resto -que han sido decenas de solicitudes- no han pasado esta revisión pública de la solicitud hecha.

¿Y en la región hay algunas legislaciones…?

Sí existen. El Brasil tiene a través de la Comisión Técnica de Bioseguridad, México también…pero tienen limitaciones, porque los periodos de revisión son muy cortos y solo personas con muchos requisitos académicos y científicos pueden aportar. Esto quiere decir que quedan excluidos todos los otros sectores que pueden no tener récords académicos pero sí son muy competentes y tienen posibilidad de dar opiniones relevantes.

Fuente: Base Investigaciones Sociales (Base Is)