El general secretario Salvador Cienfuegos no hace honor a su nombre sino a su apellido cuando una y otra vez “Insiste en que los cuarteles del Ejército están abiertos todos los días para la sociedad, pero sostiene que ante quienes quieren ir a esos cuarteles a supuestamente investigar sobre ese capítulo (la matanza de seis mexicanos y la desaparición forzada de 43 más en Iguala), “no estamos dispuestos a permitirlo, es un señalamiento que no es propio para nosotros porque no hemos cometido nada”. (Excélsior, 9-VII-15).

Entonces no están abiertos los cuarteles. Y no son pocos aunque ya no tantos como hasta noviembre de 2014, los que exigen que se abra la sede del 27 Batallón de Infantería y también forman parte de “la sociedad”, pero cuesta trabajo entenderlo donde impera como cáncer la simulación (Julio Pomar dixit). Quizá algunos de los que protestan frente a la instalación castrense, estiren demasiado la liga de los límites de la lucha social sin graves riesgos, acaso también por la mala asesoría de algunos dirigentes de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero, pero lo hacen en uso de las garantías individuales que rigen a los mexicanos de arriba y de abajo.

El miércoles 15, padres de los desaparecidos y profesores de la CETEG se enfrentaron con 300 elementos de la Policía Militar frente a las instalación castrense, tras derribar parte de la reja principal, dice el boletín de la Secretaría de la Defensa, mismo que no informó que los soldados dispararon balas de goma y gases lacrimógenos “para salvaguardar la integridad física del personal militar y de sus familias, así como la de las instalaciones militares”, sólo que con “pleno respeto a los derechos humanos”. Por fortuna el incidente no llegó a mayores, pero con la beligerancia de las partes todo puede suceder.

Mas la simulación en éste, como en casi todos los asuntos públicos, está a la orden del día. Los de Comunicación Social de la Sedena (des)informaron que los manifestantes exigieron que una “comisión de derechos humanos, sin precisar de qué organismo estaría integrada la citada comisión”, ingresara a las instalaciones del campo militar para realizar la búsqueda de los normalistas desaparecidos.

Es del dominio público que los expertos que designó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para el caso Iguala, solicita con insistencia el acceso a la instalación militar y entrevistar a los procesados sin que tenga que hacerlo por medio del Ministerio Público, como dispuso el gobierno mexicano que lo haga.

La simulación está, pues, a todo lo que da. Por ejemplo, en la entrevista realizada muy a modo por Jorge Fernández Menéndez, el entrevistado sentenció, como si formara parte del Poder Judicial, sobre Ayotzinapa: “los responsables de los hechos están detenidos y están siendo procesados, que penalmente no hay responsabilidad alguna de la institución militar”. De la institución no, pero de los integrantes de ésta está por verse.

Y si no existe ninguna responsabilidad son pertinentes las preguntas de Vidulfo Rosales Sierra: ¿Por qué se niegan a comparecer? ¿Por qué niegan que se inspeccione éste y otros cuarteles?

Pero tampoco se vale que el mismo abogado sentencie que “está muy claro que el 26 de septiembre los soldados recorrieron las calles y estuvieron en la escena del crimen, por lo que es evidente que tienen responsabilidad en la desaparición de los normalistas”.

La cancerígena simulación no es privativa de los hombres y mujeres del poder institucional y fáctico, aunque desde allí su ejercicio tenga mayores consecuencias.

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