Prácticamente dos de cada tres mexicanos –64 por ciento– no cree en la versión de la Procuraduría General de la República, dada a conocer el pasado 27 de enero por Jesús Murillo, respecto a que las investigaciones federales sobre la desaparición forzada de 43 estudiantes de Ayotzinapa proporcionaban elementos suficientes para concluir que fueron asesinados y quemados en el basurero de Cocula, Guerrero.

Lo anterior se desprende de la Encuesta Nacional en vivienda, aplicada por Parametría del 22 al 26 de agosto del año en curso con la pregunta: “¿Usted cree o no cree la versión de la Procuraduría de que los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa fueron asesinados y quemados?”

Si bien es cierto que de febrero a agosto de 2015 se incrementó en cuatro puntos porcentuales, de 32 a 36 por ciento, el número de crédulos en la famosísima verdad histórica dictada por un abogado y todo parece indicar que por un grupo gobernante donde no hay ningún historiador. Salvo que exista algún improvisado como lo evidencian varios secretarios de Estado promovidos a nuevas responsabilidades por Enrique Peña Nieto. O de plano el escandaloso caso de Arturo Escobar y Vega, ahora subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana en la Secretaría de Gobernación, al que dirigentes del Partido Acción Nacional y del Movimiento Regeneración Nacional califican como “delincuente electoral” al del partido de las tres falsedades en su nombre.

Por el contrario, la desaprobación al trabajo de la PGR sobre el mismo tema, pasó del 58 por ciento en febrero al 77 por ciento en agosto de 2015, lo que explica con toda claridad por qué el titular de la PGR fue removido por quien lo llamaba maestro, el mismo que lo refugió en la Secretaría de Desarrollo Agrario como premio de consolación, de donde también lo removió y la posibilidad de improvisarlo como embajador en Portugal o Italia, se desvaneció ante los planteamientos de senadores del PAN y del partido de sol azteca para someterlo a juicio político.

Es para subrayarse que tanto la muestra como sus porcentajes son previos a la presentación del Informe Ayotzinapa, a cargo de los cinco integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, designados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y éste supranacional organismo del derecho humanitario pertenece a la Organización de Estados Americanos, cuyo secretario general, Luis Almagro, lo acaba de hacer “suyo” ante el Senado azteca.

Será interesante replicar la muestra a la vuelta de las semanas, cuando la enorme simpatía recabada por el Informe Ayotzinapa –que sustenta no hay evidencia de que los estudiantes fueron incinerados en el basurero–, tanto en México como en la aldea global, por una variada gama de influyentes medios de comunicación y por los más acreditados organismos civiles promotores y defensores del derecho humanitario.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, por ejemplo, estima “coincidentes” las principales observaciones del Informe Ayotzinapa con las presentadas por ella el 23 de julio pasado en su Estado de la investigación del caso Iguala.

No la tiene nada fácil el gobierno de EPN, pero cuenta en su haber que fue quien solicitó la participación de la Comisión Interamericana por medio del GIEI, que éste reconoce abiertamente el apoyo brindado por las autoridades con todo y la intransigente negativa para que conversen con los soldados del 27 Batallón de Iguala, y que la actitud oficial ante el Informe Ayotzinapa es plausible.

Utopía, 11-IX-15

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