A comienzos del 2.013 comenzó su singladura el llamado Tratado Transatlántico de Comercio e Inversión (TTIP por sus siglas en inglés) con el objetivo de “relanzar el intercambio de bienes, servicios e inversiones entre EEUU y la Unión Europea” y que podría atracar en puerto en el 2.016 tras culminar recientemente la UE y EEUU la última ronda de conversaciones. Sin embargo, en la letra pequeña de dicho Tratado aparece la introducción de la cláusula ISDS de resolución de conflictos entre Inversor y Estado en los acuerdos, cláusula que limita seriamente la capacidad de los Estados para luchar contra la crisis financiera y económica (las multinacionales estadounidenses podrían utilizar el ISDS para desafiar las regulaciones de la UE destinadas a proteger al público y al medio ambiente y demandar a los gobiernos europeos y así maximizar sus beneficios). Francia y Alemania ya expresaron serias reservas a la Comisión ante algunos precedentes en los que las multinacionales han impuesto sus criterios frente a los legisladores gracias a estos sistemas de resolución de conflicto inversor-Estado (en inglés, ISDS) y dado que el euro-Parlamento tiene potestad para tumbar todo el TTIP una vez hayan concluido las negociaciones, no sería descartable el rechazo de la mayoría europarlamentaria a la aprobación de dicho Tratado debido a una tardía reafirmación de la soberanía europeísta por parte franco-alemana coadyuvada por los efectos colaterales de la imposición de sanciones a Rusia. Y en este contexto, habría que situar la implosión del “affaire Volkswagen”.

Así, la Agencia estadounidense de Protección Medioambiental y el Estado de California acusaron a la compañía alemana de “manipular un software para enmascarar las emisiones de sus motores diésel producidos entre 2009 y 2015”, acusación admitida por el grupo alemán que estima en unos 11 millones el número de vehículos vendidos en todo el mundo con el software manipulado al tiempo que anuncia que destinará unas provisiones de 6.500 millones de euros en el tercer trimestre de 2015 tras caer el 30% su valor bursátil, lo que aunado con la multa impuesta por EEUU (estimada en unos 16.000 millones €), provocará que el grupo Volkswagen obtenga resultados negativos en el presente ejercicio económico. Asimismo, quedará lastrada por el estigma de la desconfianza lo que tendrá como efectos colaterales una drástica reducción de sus ventas y una peligrosa descapitalización bursátil que obligará a la empresa a aplicar la política de la “optimización de recursos y maximización de beneficios” , doctrina que afectará especialmente a la planta central de Wolfsburg (corazón y cerebro del grupo Volkswagen con 54.000 personas trabajando en todas las áreas) y que por efecto mimético llevará aparejado el cierre de numerosas factorías en todo el mundo y una reducción brutal del 20 % de sus 600.000 empleados actuales), quedando de paso diluidos los efectos balsámicos del “Made in Germany”, otrora sinónimo de calidad, confianza y fiabilidad.

Por otra parte, la severa contracción del comercio mundial y la entrada en recesión de tradicionales importadores de Alemania (China, Rusia y Brasil), podría obligar a Alemania a abandonar el euro y retornar al marco con la subsiguiente desaparición de la Eurozona. Así, el estancamiento de los salarios reales, los ajustes fiscales y las tasas de interés reales relativamente altas limitaron fuertemente el consumo interno alemán, pero ahora, la cura necesaria para los males de la eurozona impondrá una mayor inflación en Alemania, prolongadas recesiones deflacionarias en los países periféricos de la eurozona y continuas transferencias de recursos oficiales hacia sus socios por lo que en palabras de Charles Dumas de Lombard Street Research London “volver a un apreciado marco alemán exprimiría ganancias, aumentaría la productividad y elevaría los ingresos reales de los consumidores, pues en lugar de prestar los superávits del ahorro a los países periféricos, los alemanes podrían disfrutar de mejores niveles de vida en su país”.

- Germán Gorraiz López-Analista