Mientras sucede la reunión conjunta del FMI y el Banco Mundial en Lima Perú, con presencia de funcionarios gubernamentales de todo el mundo, varios aspirantes al Ministerio de Economía de la Argentina participan haciendo lobby de cara a la nueva etapa que empezará en diciembre próximo.

Uno de los temas claves es el financiamiento para la Argentina, que continúa en default para el sistema financiero mundial mientras subsista el conflicto en EEUU con los hold-outs o fondos buitres.

El endeudamiento externo es clave como mecanismo que puede evitar o postergar la exacerbación del ajuste reaccionario de la economía.  

Con ese marco es que esta semana se canceló el BODEN 2015, un título público emitido hace una década. Se pagaron 5.900 millones de dólares, unos 55.755 millones de pesos al tipo de cambio oficial actual (9,45 pesos por cada dólar).

Los fondos fueron aportados por las reservas internacionales que administra el BCRA, las que cayeron a poco más de 27.000 millones de dólares. Muy lejos de los 52.000 millones que se lograron hacia el 2011, dando cuenta de la fuga de divisas en el último turno presidencial (2011-2015).

Si tomáramos el tipo de cambio implícito en los datos del presupuesto 2016, con media sanción en diputados, la cifra (5.900 millones de dólares) alcanzaría a  62.540 millones de pesos (tipo de cambio = 10,60 pesos por dólar).

Consideremos algunos rubros del presupuesto 2016 para mensurar lo que esta cifra representa.

Observemos:

·         en materia de Educación, Ciencia y Tecnología se estima gastar en 2016 un total de 82.900 millones de pesos; o sea que lo abonado para cancelar el BODEN 2015 representa 75% de todo el presupuesto en este rubro para el próximo año.

·         en Seguridad está prevista una asignación de 74.400 millones de pesos; y lo abonado esta semana en un título, supone el 84% de los recursos afectados para seguridad en 2016.

·         en Defensa se estipula una aplicación de 67.800 millones de pesos en 2016; y el pago del BODEN 2015 es un 92% de ese valor.

La cifra de cancelación de deuda es gigantesca, más aún si se la compara con otras necesidades de gasto o inversión social.

Al mismo tiempo que se anunciaba la cancelación de ese título público, la Presidenta de la Nación comentó que desde los gobiernos iniciados en 2003 se cancelaron 145.000 millones de dólares.

Es verdad que en ocasiones anteriores se difundieron otros valores, 173.000 millones de dólares en un caso; y 192.000 millones de dólares en otro caso.

Cualquiera de los tres valores, 145.000; 173.000; o 192.000 millones de dólares, es una inmensidad, y ponen de manifiesto el privilegio a la cancelación de deuda pública asumida en estos años, lo que se define como desendeudamiento.

Nuevo endeudamiento

Al mismo tiempo, esta misma semana se asumió nueva deuda, con títulos en pesos y en dólares, algo que viene ocurriendo en los últimos dos años y que nos hace pensar que el ciclo de desendeudamiento, medido como proporción de la deuda dolarizada con respecto al PBI, se terminó, y que hemos iniciado un nuevo tiempo de crecimiento de la deuda.

Es más, la sospecha es que, asuma quien asuma el nuevo gobierno, una forma de morigerar las políticas de ajuste que se anuncian, sean graduales o con política de shock, devienen de la capacidad de obtener crédito externo, similar a lo acontecido en los años 90.

Por otra parte, vale mencionar que la baja de deuda con acreedores externos tiene su correlato un endeudamiento con entes nacionales, caso de la ANSES, el BCRA o el Banco de la Nación.

Un 60% de la deuda pública actual es con organismos nacionales. Es real que tienen menor nivel de exigencia que cualquier acreedor externo, pero debe asumirse que el Estado nacional tiene deuda con el Fondo previsional, que no son fondos públicos, sino aportes y afectaciones para la seguridad social.

El imaginario reinante en la gestión pública supone que esos financiamientos serán renovados sin límite, pero mientras, condicionan la capacidad de esos propios ámbitos. No se trata de una cuestión neutra.

Preocupan la evolución de los pagos y la nueva deuda

En términos muy generales podemos decir que si hacia el 2001 la deuda pública alcanzaba los 144.000 millones de dólares y desde el 2003 se cancelaron 145.000 millones de dólares, la deuda ya no debería ser un problema.

Sin embargo, el stock de deuda pública reconocido a diciembre del 2014 es de 228.700 millones de dólares, sin contar la nueva deuda asumida en el 2015, ni el eventual pago a los acreedores de la sentencia arrancada por los fondos buitres en Nueva York.

Por lo cual, el stock de deuda pública se elevaría a unos 270.000 millones de dólares.

Se trata de una enorme hipoteca que condicionó y condicionará la política económica de la Argentina en el futuro. Es un tema esencial que requiere de un profundo debate del conjunto de la sociedad para definir los privilegios que deben asumirse desde la política económica.

El reclamo de la Asamblea por la Auditoria y la suspensión de los pagos apunta en otra dirección y exige a la Comisión Investigadora en el Parlamento que asuma el papel acordado por la propia Constitución Nacional para “arreglar” los asuntos de la deuda y disponga la suspensión mientras se investiga la deuda desde 1976.

La realidad es que la Comisión Bicameral de Investigación de la deuda reproduce la hegemonía política parlamentaria y la que se deriva de la situación electoral, donde la mayoría de las propuestas políticas sostienen el argumento de la necesidad del endeudamiento para favorecer la superación de las dificultades del capitalismo local en la coyuntura.

Enfrentar esas concepciones constituye una asignatura pendiente de la lucha y organización popular por construir una propuesta política que desde la suspensión de los pagos aspire a un nuevo imaginario social y económico contra y más allá del capitalismo.

Buenos Aires, 10 de octubre de 2015

-- Julio C. Gambina, Presidente de la Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas, FISYP.