SAN JUAN, Puerto Rico, 13 de octubre de 2015 (NCM) – La demanda contra la Secretaria de Justicia de Estados Unidos, Loretta Lynch, por un ex analista de inteligencia destacado en San Juan y el papel de Irán en la Cuarta Comisión de las Naciones Unidas han pasado un tanto desapercibidos, pero no dejan de tener consecuencias para el caso de Puerto Rico.

El ex analista y veterano de inteligencia militar, presuntamente investigado como supuesto “espía ruso”, alegó ante el tribunal que EEUU difunde estadísticas falsas sobre contrabando de armas en Puerto Rico, a pesar de que él alertó a las autoridades en Washington.

La demanda, que de por sí es solamente una denuncia de alegado hostigamiento laboral que será atendida por el tribunal en su día, siembra –de manera colateral- dudas sobre seguridad en el área del Caribe, al ser Puerto Rico un punto de trasbordo del comercio ilegal de armas que fluye de norte a sur.

De igual forma, la intervención de Irán, a nombre del Movimiento de Países No Alineados, en el debate sobre Puerto Rico en la Cuarta Comisión, aumenta su importancia estratégica y complica la atención que se pueda otorgar al problema. El llamado de Irán para que la ONU estudie todas las implicaciones del caso de Puerto Rico, se unió a los de Ecuador y Bolivia,  así como de Venezuela, que reclamó que EEUU se retire de la “confrontación” de mantener bajo su dominio a Puerto Rico.

La Cuarta Comisión, que como en las otras de la Asamblea General pueden participar todos los países miembros, tiene una competencia amplia que cubre temas políticos tan diversos como el espacio y la radiación hasta el mantenimiento de la paz y descolonización. Este año ha dado más atención de lo usual al caso de Puerto Rico y a la fecha del cierre, continuaba el asunto bajo consideración con la esperada intervención de Cuba y Nicaragua, sin que se anticipara que EEUU fuera a usar su derecho de réplica.

Pero el tiroteo diplomático en esa Cuarta Comisión por los casos de Gibraltar, el Sahara Occidental, las Malvinas y Nueva Caledonia levanta una polvareda que obstaculiza ver el debate sobre Puerto Rico.

Entretanto, la demanda del ex analista apenas se menciona en este país, agobiado por una crisis económica que llega al punto en que se ha certificado la brecha fiscal del Estado en cerca de 47.000 millones de dólares y ya la deuda pública total admitida por el Gobierno es de 150.000 millones.

En realidad, ese agobio y la sucesión rápida de noticias, que van desde confirmadas hasta rumores, hacen que haya muy pocas cosas claras estos días en Puerto Rico. Se suceden los asuntos que se quedan sin atender o con atención muy parcial, como el de la necesidad de dragar los embalses para prevenir más racionamientos de agua, que un miembro de la junta de gobierno de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados dijo que es una operación tan costosa que requerirá un cargo adicional en la tarifa de agua.

En esa larga lista de eventos solapados por los medios noticiosos, marcados por una fuerte tendencia oficialista, está la reaparición del Partido del Pueblo Trabajador como formación electoral acreditada para los comicios generales de 2016, con el cual se mantiene el patrón de por lo menos cuatro partidos que se ha dado desde 2008 y marca una diferencia con el sistema bipartita de EEUU. Menos se atienden los avances del Partido Independentista Puertorriqueño en la esfera internacional con su secretario general Juan Dalmau y en la interna, con la senadora María de Lourdes Santiago, quien se anticipa encabezará su oferta electoral en 2016.

Los que sí reciben bastante atención son las gestiones del Gobierno para lograr un frente de apoyo en EEUU para sus pedidos de ayuda fiscal federal y los diversos frentes oficialistas internos que, de paso, ayudan a prevenir llamados exitosos de sectores de oposición ante las medidas fiscales draconianas y las denuncias de que se reduce el ámbito de gobierno democrático.

Así, no se percibe impacto social mayor ante informes de que se decidió la privatización del monopolio estatal de electricidad, ni por las quejas de que el sistema de educación pública pasará por una reforma que conducirá a su privatización.

Es fuera del alcance de los radares mediáticos que se conoce sobre las maniobras en EEUU para un reto sindical a las políticas del Gobierno, así como de muchas de las gestiones en el nivel estratégico de los distintos sectores políticos y sociales. Inclusive acciones del propio Gobierno no se discuten, como los informes de que en la conferencia legislativa oficialista se advirtió que EEUU era capaz de operaciones de fuerza como las que realizó en el pasado en República Dominicana, si Puerto Rico no establecía una junta de control fiscal para que supervise el gasto público

Por supuesto, en ambiente tal, la oficina de la Procuradora General Lynch, en Washington, no ha tenido ni siquiera que darse por enterada de la demanda de un oscuro ex analista de inteligencia, ni mucho menos aclarar si las estadísticas que difunde sobre armas en Puerto Rico son correctas o no.

De igual forma y sin que en Puerto Rico se discutan ampliamente sus implicaciones, los debates sobre Guam, la Polinesia, Nueva Caledonia, las Malvinas, el Sahara y Gibraltar, van formando lo que podrían ser los consensos aceptables internacionalmente antes de que le toque el turno a Puerto Rico en la solución diplomática de su propio proceso de descolonización. Lo que sí ya es evidente es que el caso de esta pequeña nación isleña del noreste del Caribe, ubicada en un punto estratégico equidistante entre Guantánamo y Caracas, ya no se limita en la ONU a la ceremonia anual de las audiencias del Comité de Descolonización, sino que está presente en los debates de la Cuarta Comisión, que es el organismo principal del foro mundial cuando no está en sesión la Asamblea General.

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