Un nuevo abuso de poder hacia el pueblo Mixe, ahora de parte del gobierno de  Baja California, pone en el ojo de huracán, la fragilidad con la que se trata a los indígenas en México.

El Diputado Federal de origen zapoteco, Cándido Coheto Martínez, presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, pidió al Gobernador del Estado, Francisco Arturo Vega de Lamadrid, poner fin a los agravios y reparar los daños que la Procuraduría de Justicia, la Procuraduría para la Defensa del Menor y el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Baja California (DIF), le han ocasionado a una niña de origen Mixe de Oaxaca, quien fue víctima de violación.

La menor se encuentra retenida en un albergue del DIF, y según reportes, se le niega estar con sus padres, por lo que los diputados exigen sea reintegrada al seno familiar, garantizando el principio del interés superior de la niñez.

El acuerdo suscrito por la Comisión de Asuntos Indígenas, el pasado 9 de diciembre, refiere, que el 17 de octubre, una niña de origen Mixe de Oaxaca, fue víctima de  violación por parte de un familiar.

Al enterarse del caso, la Procuraduría de Baja California, sustrajo a la infante de su hogar para interrogarla sobre el caso, pero la acción se realizó sin la asistencia de un traductor o un defensor que domine la lengua y conozca la cultura Mixe, derecho que está consagrado en el Artículo 2º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano.

En el hecho, acusan, se encuentran involucradas la Procuraduría para la Defensa del Menor, así como el DIF de Baja California, quienes también violentaron este derecho de la niña y de sus padres. Lo anterior, exponen, retrasó la captura del presunto agresor, aducen.

El DIF, apuntan fue más allá, porque sin conocer la versión y el sentir de la niña agredida y sus padres, determinó que la menor debía ser retirada del seno familiar y hasta la fecha la tiene retenida en un albergue.

Las diligencias fueron realizadas por funcionarios del gobierno de Baja California, sin que los afectados contaran con traductores o defensores de la cultura del pueblo mixe.

Con esta acción, abundan los legisladores, “la niña Mixe ha sido revictimizada por parte de las instituciones del gobierno de Baja California”.

Es inaceptable, subrayan, que por no “contar con traductores y defensores que conozcan su lengua y su cultura, se retrase la justicia y se ocasione un daño adicional a las víctimas, tanto a la niña Mixe como a sus padres”.

El diputado Cándido Coheto, reprobó que los indígenas quienes se ven obligados a migrar de sus lugares de origen, para buscar oportunidades lejos de su tierra, encuentren abusos e insensibilidad por parte de las autoridades, como la niña y sus padres que salieron de Oaxaca para trabajar en Baja California.

Gracias a la intervención de algunos sectores de la sociedad civil en Baja California se propició que las autoridades ministeriales tomaran nuevamente declaración a la niña y sus padres, ya con el auxilio de un traductor, lo cual permitió aclarar que los padres quieren de regreso a la pequeña.

Sin embargo, aún con la captura del presunto culpable y que la Procuraduría local determinó que la niña puede regresar a la custodia de sus padres, el DIF la tiene retenida.

Coheto Martínez, llamó la atención que en el país solamente existen 650 traductores e intérpretes, así como 198 abogados bilingües, para más de 15 millones de indígenas en el país, lo que es totalmente insuficiente.

Por ello, señala, “en la Comisión de Asuntos Indígenas aprobamos también un Exhorto a los Gobiernos y los Congresos locales para que garanticen la formación de más traductores y abogados bilingües e interculturales”.

En su exhorto piden a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, en coordinación con los tres órdenes de gobierno y los tres Poderes federales, intensifique la sensibilización y la capacitación de los servidores públicos para que reconozcan y respeten plenamente los derechos de los pueblos indígenas.

El Programa Nacional de Prevención y Protección de los Niños, Niñas y Adolescentes Víctimas de Maltrato y Conductas Sexuales, estima que el maltrato infantil y las conductas sexuales perpetradas en la persona de niños, niñas y adolescentes son un atentado contra su integridad física y psicológica que interfieren de manera determinante en su desarrollo integral y les dejan secuelas difícilmente superables.

La Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, garantiza a niñas, niños y adolescentes la tutela y el respeto de los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, que procurarán impulsar una cultura de protección de los derechos de la infancia e implementar los mecanismos necesarios en el ámbito de su competencia, así también podrán expedir las normas legales y tomarán las medidas administrativas necesarias a efecto de dar cumplimiento a esta norma.

Cuando existe revictimización, el propio proceso penal se vuelve contra el niño víctima, que sufre ahora otro maltrato: el institucional, afirman.

El riesgo de revictimización consiste en que a los efectos que aparecen debido al delito sufrido, se le sumen otros efectos provocados, o aumentados, por las experiencias a que es sujeto el niño una vez que inicia el proceso legal. Muchas de las diligencias son formuladas y exigidas como trámite, sin adecuar el proceso a las necesidades de un niño para hacerlo eficiente y expedito.

La Oficina Regional para América Latina y el Caribe del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) sostiene que "los medios probatorios tradicionalmente empleados a nivel judicial resultan poco apropiados e insuficientes para constatar la realidad del afectado, produciéndose, muchas veces, una nueva situación de maltrato, conocida como victimización secundaria. Es necesario desarrollar otros métodos de acreditación de los hechos para enfrentar el ocultamiento y la distorsión que generalmente hace el adulto".

- Genaro Bautista / AIPIN