Similar a lo ocurrido en 1991, existe una gran confusión entre las fuerzas democráticas y de izquierda sobres los alcances de los acuerdos que se consigan firmar en La Habana y las consecuencias que tendrá para la sociedad.

Por entonces, iniciando la década de los años 90s, el gobierno neoliberal de Cesar Gaviria Trujillo impulsó –al calor de los acuerdos firmados entre el M19, EPL, Quintín Lame y otros grupos guerrilleros–, una serie de reformas constitucionales que se quedaron en el papel.

A pesar de los cambios normativos, el poder del Estado quedó en manos de la oligarquía y del imperio estadounidense, su gran aliado. Y por ello, casi nada cambió.

Las fuerzas democráticas y progresistas se convirtieron en colaboradoras de ese proceso, participaron en el ministerio de Salud, creyeron en la buena fe de un sector de las clases dominantes (Álvaro Gómez Hurtado) y limitaron su acción a impulsar pequeñas reformas en alianza con la burguesía burocrática (Ernesto Samper).

De esa forma, algunos cambios importantes en las normas constitucionales sirvieron de cobertura para implementar en Colombia –con la ayuda de las fuerzas “progresistas”–, lo que denominamos la primera fase de neoliberalismo, sobre todo en el campo de los servicios públicos domiciliarios, la salud y parte de la economía.  

Además, el conflicto armado se degradó en la década de los años 90s del siglo XX. Ese fenómeno sirvió de parapeto para que a principios del siglo XXI llegara al gobierno el político mafioso, líder del paramilitarismo, Álvaro Uribe Vélez, quien desconoció de hecho la Constitución de 1991 y profundizó la aplicación de las políticas neoliberales.

Para América Latina quedó una gran lección: una nueva Constitución Política no es garantía de cambio por sí misma. Para realizar trasformaciones sustanciales se requiere –por lo menos– tener el control del Estado y una gran fuerza popular organizada.

El momento actual

Estamos de acuerdo con la terminación negociada del conflicto armado. Eso no tiene discusión. Pero...

Lo que se cuestiona es que por el afán de presentar ese hecho como un gran triunfo de la guerrilla y de la “democracia”, contribuyamos con Santos a engañar al pueblo y a desarmarlo ideológicamente para que no luche por cambios sustanciales (estructurales) de la sociedad, por temor a ir contra la “paz”.

El gobierno quiere limitar las luchas sociales y políticas a la implementación de los acuerdos. Lo que se salga de esos parámetros ya es calificado como una “lucha contra la paz”.

Es lo que hemos afirmado: la casta dominante colombiana logró instrumentalizar el conflicto armado desde 1983; ahora pretende instrumentalizar la paz.

Con los acuerdos de “paz” se pretende domesticar (limitar) las luchas de los pueblos y de los trabajadores al marco básicamente neoliberal y pro-capitalista que tienen dichos acuerdos.

Ya lo estamos viendo con la preparación de la protesta que se ha planteado por un aumento digno del salario mínimo y contra la venta de ISAGEN.

Las fuerzas democráticas y de izquierda están vacilantes y temerosas, y por ello, le están dejando el protagonismo a la derecha uribista.

Es un grave error.

Popayán, 11 de enero de 2016

E-mail: ferdorado@gmail.com / Twitter: @ferdorado

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