Empezaremos un nuevo período de gobierno con una pesada carga heredada de dos administraciones que provocaron en una gran parte de la ciudadanía una gran decepción y frustración por distintos motivos, y al país con un escenario difícil de enfrentar. Un gobierno electo democráticamente que dejó a sus electores sumamente defraudados, quienes lo repudiaron igual que sus detractores y lograron arrojarlo fuera del poder. El costo que los dirigentes pagaron por su ambición y hechos delictivos lo están purgando ya con el desprecio y la cárcel; y cuando se emitan los fallos, probablemente será aún más duro el golpe para ellos.

El otro, que resultó por un golpe de suerte, fue una miseria de administración, decidió pasar el agua, acomodarse a la calificación de “transición” y coronar su período con una decisión que intentó violentar la Constitución, contravenir principios del derecho del trabajo y quebrantar compromisos internacionales. Afortunadamente la CC ha suspendido provisionalmente tal aberración jurídica.

La prueba de su falta de talante de estadista fue la intolerancia y exabrupto que tuvo ante opiniones desfavorables a su decisión por parte de pobladores en el interior del país, lo que le hizo proferir hasta insultos a los analistas que se oponen a su disposición, a quienes calificó de vagos. Por supuesto que también se atrincheró en su retrógrada postura ideológica para descalificar a quienes tienen un pensamiento distinto al conservador que él ha abanderado desde su militancia en el Partido MLN, que sirvió de pantalla al golpe norteamericano contra un gobierno democráticamente electo.

Fiel a esa raíz terminó su corto mandato con un alineamiento al pensamiento de los empresarios que quieren atraer inversión a costa de bajar salarios y no pagar impuestos y que, además, pretenden eliminar el salario mínimo y dejar a la fuerza de trabajo como una mercancía que se cotice en el “libre mercado”, obviamente para aumentar su margen de ganancia.

Sus actitudes y discurso provocaron una avalancha de críticas y burlas que seguramente a ningún funcionario de alto nivel, mucho menos a un presidente, aunque haya sido designado y no electo, le hubiera gustado recibir. Fue el cierre desafortunado de su carrera y de su vida pública.

Los allanamientos y captura de militares contrainsurgentes es otro hecho de gran relevancia. Las víctimas de la contrainsurgencia tienen derecho a la justicia, pero el reto que como sociedad tengamos la madurez para enfrentar la polarización social y política que sin duda provoca esta acción judicial.

Es importante recordar, sin embargo, que toda esa barbarie se produjo en el marco de la guerra fría, cuando los Estados Unidos entrenaban y adoctrinaban a los ejércitos latinoamericanos, incluido el guatemalteco, que ejercían la represión dictatorial.

El Ministerio Público ha señalado a los capturados de gravísimas violaciones a los derechos humanos: detenciones ilegales, masacres y delitos de lesa humanidad.

Esos hechos golpean directamente a quienes próximamente recibirán el gobierno, ya que el partido oficial, el FCN-Nación, es hijo de militares contrainsurgentes. Y lo más embarazoso es que uno de sus principales dirigentes, nada menos que quien incorporó a Jimmy Morales al partido y es diputado electo, también es señalado por el MP por esos hechos criminales, habiéndose ya planteado un antejuicio contra él. Pero, por otra parte, este golpe a los militares contrainsurgentes neutraliza el rol político de los mismos en la nueva administración.

Y así empezará el gobierno que ha generado tantas expectativas, especialmente en los poderes tradicionales, nacionales y extranjeros, quienes indudablemente estarán ya con sus aspiraciones y proyectos bajo el brazo para “orientar” a Jimmy, cuyo reto es definir hasta dónde se alineará con ellos.

Guatemala, 9 de enero de 2016.