Los magistrados del Tribunal Electoral han presentado ante la Asamblea Nacional el conjunto de reformas al código que rige los comicios nacionales que salieron de los debates de la Comisión Nacional de Reformas Electorales (CNRE) de 2015. Esas reformas expresan un ideal de funcionamiento electoral, en algunos aspectos consensuado y otros decidido por mayoría en la CNRE, en la que la sociedad civil, técnicos del tribunal y voceros no muy autorizados de los partidos políticos revisan los problemas de cada contienda.

La propuesta presentada en enero de 2016 contiene muchas de las reformas de la propuesta de la CNRE de 2010, que fueron planchadas por el gobierno y la mayoría legislativa de Martinelli. Ahora esa propuesta, con sus luces y sombras, pasará por la máquina de moler de los diputados y jefes partidarios que se las saben todas. Por lo cual, el producto que saldrá de la Asamblea no será igual a la propuesta que entró y lo más seguro es que los aspectos más progresivos de la reforma no pasen del primer debate, como ha sucedido en ocasiones anteriores.

Por ser producto del debate de la CNRE, en el que participan sectores sociales no comprometidos con la partidocracia imperante, la reforma expresa algunos aspectos que constituyen un avance respecto a lo que hay. Pero es un avance a medias, porque en algunos temas hay retrocesos. En general, la reforma no modifica el problema de fondo: un régimen oligárquico con careta democrática expresada en el rejuego de un puñado de partidos y políticos profesionales, con la exclusión de la participación de actores sociales provenientes de las capas medias y bajas de la sociedad y de proyectos alternativos.

Avances de la reforma:

1. Paridad de género, que obliga a postular desde las primarias, una alternancia de hombres y mujeres (la ley actual estipula al menos un tercio de mujeres, lo que no se cumple de hecho, y la nueva propuesta ya ha sido amenazada de demandas de inconstitucionalidad por algunos abogados);

2. Reducción del 4 al 2% de firmas de adherentes para inscribir un partido político nuevo;

3. Control del financiamiento de las campañas electorales, empezando por la publicidad que solo se pagará de fondos públicos (pero para tranquilidad de los dueños de los medios habrá casi 100 millones de balboas disponibles del erario);

4. Control del financiamiento privado, fijando límites al monto general de las donaciones, a donantes particulares (no más del 1% del financiamiento proveniente de un mismo donante en el caso de candidatos presidenciales) y ha llevar un registro (pero no se obliga a hacer pública la lista);

5. Límites a la publicidad estatal de obras públicas, al período de campañas y a los fueros electorales, etc.

Aspectos negativos de la reforma:

1. El principal obstáculo a la democratización del régimen político sigue siendo el elevado número de adherentes que se exige para constituir un partido político. Aunque bajan del 4 al 2 % de firmas respecto de la última elección presidencial (poco menos de 40 mil firmas ahora), este requisito sigue siendo superior al promedio de 0,5% de firmas que se exige en la mayor parte de América Latina.

2. El retroceso mayor se da en el caso de la libre postulación presidencial, derecho ya recogido en 2014 gracias a que la Corte Suprema de Justicia (en 2009) se lo impuso a los magistrados del Tribunal Electoral. En 2014 se exigió recoger el 1% de firmas de adherentes para inscribir un candidato presidencial por libre postulación. Ahora ha sido elevado al 2%, igual que un partido político. Con el agravante de que un partido tiene 5 años para inscribirse y un postulado por la libre seis meses.

3. El sistema de financiamiento de partidos y campañas permite el reino de la plutocracia en Panamá, pese a los nuevos controles, ya que la cifra de referencia de la que parte es el 1% del presupuesto gubernamental, con lo cual estamos hablando ahora de 100 millones de dólares, a lo que se suman financiamientos privados que rondarán otros 15 millones. Tanto dinero para campañas electorales sesga el proceso a favor de los partidos y candidatos de la oligarquía y deja en desventaja a quienes provienen de estratos populares. O te corrompes buscando dinero por cualquier medio, o no puedes competir.

4. A estos problemas, y otros menores, hay que sumar el "blindaje" que se han auto regalado los magistrados del Tribunal Electoral, algunos que ya tienen más de un cuarto de siglo rigiendo el sistema, igualándose al que se ha investido la Corte Suprema y los diputados de la Asamblea. Este gesto, al igual que el tamaño del edificio nuevo que inauguraron el año pasado, es un grito de los magistrados en el sentido de hacer sentir que ellos son el cuarto poder del estado (o el quinto detrás de los medios de comunicación) y que, en últimas, ellos escrutan, eligen, y que pueden estar por encima de la ley pues es difícil investigarlos.

En conclusión, no nos hagamos falsas ilusiones con estas reformas electorales, tanto porque las propuestas progresivas no avanzan tanto como debieran, como porque lo que saldrá de la Asamblea será peor. En última instancia, más que una reforma, el régimen político panameño, con sus inequidades y corrupción, necesita ser demolido y vuelto a hacer, mediante una movilización popular que refunde las instituciones a través de una Asamblea Constituyente. Pero que eso suceda, se requiere como prerrequisito que el movimiento popular supere el infantilismo actual y se movilice unitariamente.

Panamá, 30 de enero de 2016.