Destacados mexicanos integrantes de organismos civiles, académicos y líderes de organizaciones sociales vinculadas a la ecología y el ambientalismo proponen como “impostergable, urgente y necesaria, una transformación radical de la organización del poder público en estos temas, a favor de un modelo que se signifique por su autonomía de las decisiones del gobierno.”

Inspirados los 43 firmantes en el Instituto Nacional Electoral, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, como “ejemplos de tendencias hacia la ciudadanización del ejercicio de las políticas públicas en temas vitales para la nación”, enarbolan “una evolución de gran calado en las instituciones públicas relacionadas con el medio ambiente a fin de que los mexicanos tengamos órganos de vigilancia y (de) gestión ambiental autónomos con amplia y plena participación ciudadana y a las instancias de gobierno, y en particular al Poder Legislativo, a las instituciones de educación superior y a las organizaciones ciudadanas, a mostrar una apertura y elevación suficientes para coadyuvar diligentemente a este propósito.”

La trascendente propuesta, tanto que se antojan muy escasas las rubricas que la acompañan, fija como plazo para la conquista de aquel gran cambio que exigen “Para el centenario de la Constitución del próximo año 2017, esto deberá quedar consolidado”.

El documento titulado “¡Fuera el Ejecutivo de la gestión ambiental!” fue suscrito en La Ribera, Baja California Sur, el pasado día 7, pero más que llamativo es discutible que los tres niveles de gobierno debieran estar ausentes en el trazo y la aplicación de las políticas y los programas en la materia, a pesar de la razonable descripción que hacen los ecologistas:

“El poder público ha demostrado durante las últimas décadas una preocupante ineficacia para contener el muy grave deterioro de los ecosistemas del país, en parte, porque su propia estructura orgánica propicia dependencia de las razones del Estado y, en muchos casos, una vocación mercantilista que priva sobre los intereses de la mayor parte de la población, de la tutela de la biodiversidad y de la sostenibilidad.”

Más todavía: “El hecho de que los principales organismos encargados del cumplimiento de la justicia ambiental –y su gestión– sean órganos desconcentrados de una dependencia federal, habla por sí mismo de la falta de neutralidad y autonomía de quienes debiesen velar por el cumplimiento de los compromisos internacionales y nacionales del Estado mexicano a favor de todos los habitantes del país.”

Cierto, sin duda, hasta suscribirlo. Sin embargo, no pareciera recomendable abonar todavía más a la creciente tendencia simplificadora en la opinión pública y publicada a estimar que la ciudadanía es un mundo lleno de cualidades cívicas, y que en los tres ámbitos del Ejecutivo predomina todo lo contrario. Entre gobierno y ciudadanía existen correlaciones a las que no es pertinente cerrar los ojos. No es dable encontrar, por ejemplo, gobiernos corruptos en ciudadanías honestas.

Si bien la ciudadanización como tendencia general es plausible, tiene bastantes bemoles, como lo muestran los propios órganos autónomos que se mencionan como ejemplares, ya no digamos las candidaturas independientes o ciudadanas y que más bien son sin partido y a veces ni eso, en una país donde predomina la simulación como conducta pública y privada en todos los niveles de la pirámide sociocultural y económica.

Utopía 1639

forum@forumenlinea.com, Twitter: @IbarraAguirreEd, www.forumenlinea.com, www.facebook.com/forumenlinea