El titular de la Secretaría de Educación Pública informó como si fuera una gran hazaña educativa de la reforma que encabeza desde el pasado 27 de agosto, respaldado en forma decidida, abusiva, por el oligopolio mediático, que es “irrevocable” la decisión de dar de baja a los 3 mil 360 maestros que no se presentaron al proceso de evaluación por desempeño y que no tendrán “liquidación alguna”.

A partir del 1 de marzo –dijo en la escuela primaria Asociación de Ferreteros de México– los ceses cobran efecto, y serán sustituidos sobre todo los que estaban frente a grupo lo más pronto posible para evitar afectaciones a los alumnos.

“La ley es clara al asentar que la evaluación es una obligación, por lo que el profesor que no se presentó, se les dieron dos oportunidades, se les separa del servicio sin consecuencias para el Estado”.

El licenciado en ciencias políticas y administración pública por la Universidad Iberoamericana –sin la sensibilidad social de los jesuitas– y también maestro en estudios latinoamericanos por la Universidad de Oxford, es decir, con ningún vínculo académico con la compleja tarea educativa, salvo el efímero cargo que ocupó en la transición entre el gobierno de Felipe Calderón y Enrique Peña, su gran amigo,  seguramente tiene plena razón al guarecerse en la ley.

Sólo que México no es país de leyes. Tal y como lo demostraron en días recientes dos casos paradigmáticos, Humberto Moreira (indiciado ¡en España!) y Javier Duarte, íconos en el manejo corrupto de decenas de miles de millones de pesos del erario y piezas importantes en el triunfo electoral de Peña. Y la ley aludida, además, fue negociada en el Pacto por México por los grupos “hegemónicos” en los partidos Acción Nacional y de la Revolución Democrática.

Y en el caso de que la ley sea inobjetable, que mi perspectiva sea errónea, pues ésta no se aplica a rajatabla, ignorando los daños sociales que causará en las familias de los desempleados por un patrón intransigente, como si se tratara del Grupo México de Germán Larrea; tampoco la paz pública con un gobierno que transita por severas dificultades económicas y de gobernanza, pero también algunos aciertos, en la segunda y última parte del sexenio. Incluso algunos de sus entusiastas partidarios en los medios de comunicación empiezan a darle la espalda y “descubren” opciones electorales.

La experiencia del gobierno de Peña Nieto para superar los destrozos autoritarios que generó Calderón al mandar a la calle con un decreto presidencial a 44 mil 500 afiliados del Sindicato Mexicano de Electricistas, indica claramente que el diálogo y la negociación son los instrumentos naturales de la política para superar el conflicto. Y ahora el SME y su cooperativa gozan de buena salud.

La simulación que reina en la política oficial y en la partidocracia, en el país entero, y que reproduce lacayunamente Televisa y Tv Azteca, tampoco ayuda a asumir el problema en su verdadera dimensión y alcance.

Hoy se sabe, de acuerdo con Laura Poy Solano (La Jornada, 1-III-16), que el “primer encuentro” de Aurelio Nuño con integrantes de la Sección 22, en Mihuatlán, Oaxaca, el 22 de febrero, para el arranque del Programa Escuelas al Cien, fue impuesto con amenazas y chantajes, con el uso de granaderos, la Policía Federal y el Ejército, si nos atenemos al testimonio de la directora de la escuela primaria Emiliano Zapata, Paulina Miguel Pérez.

El cáncer de la simulación engaña temporalmente, mientras ocupan el Ejecutivo, después no pueden presentarse ni en un restaurante, como le pasa a Carlos Salinas, el aliado consentido de EPN.

Utopía 1648. 2-III-16

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