La Comisión Especial responsable por el proceso cuenta con 65 diputado de 24 partidos, siendo proporcional al número de representantes partidarios en la Cámara.

Entre la segunda quincena de abril y la primera semana de mayo, la plenaria de la Cámara de Diputados debe posicionarse en relación al impeachment de la presidenta de la República Dilma Rousseff (PT). La fecha depende del proceso en la Comisión Especial elegida para analizar el pedido y emitir su parecer.

La Comisión Especial responsable por el proceso cuenta con 65 diputado de 24 partidos, siendo proporcional al número de representantes partidarios en la Cámara. Su papel es el de emitir su parecer indicando si el pedido de impeachment debe ser aceptado o rechazado. La posición del colegiado, no define la decisión final, que cabe al plenario.

A partir del momento en que la Comisión fue electa, Dilma Rousseff pasó a tener como plazo hasta diez sesiones para presentar su defensa delante de los 65 parlamentarios. Después de ese procedimiento, el grupo tiene cinco sesiones para votar. Rogério Rosso (PSD-DF), fue nombrado presidente de la Comisión Especiales y la relatoría quedará por cuenta de Joviar Arantes (PTB-GO).

Proceso y consecuencias

El calendario, que sigue las intenciones del presidente de la Cámara, Eduardo Cunha (PMDB-RJ), de acelerar el proceso, puede hacer que el pedido sea apreciado a mediados de abril. Cunha ya declaró que trabajará para garantizar las reuniones de la Comisión Especial de lunes a viernes. Este martes (22), el presidente de la Cámara anunció su deseo de votar el impeachment el día 17 de abril, fecha en que está prevista una gran manifestación de la derecha en Brasilia.

Si dos tercios de la Cámara, o sea 342 diputados, votan favorablemente el impeachment, el pedido será encaminado al Senado, responsable por el juzgamiento de la presidenta. Para perder el mandato, dos tercios de los senadores (54 legisladores) precisan votar a favor de la condena.

El profesor de la Fundación Getulio Vargas (FGV) y de la Pontificia Universidad Católica (PUC en São Paulo, Francisco Fonseca) afirmó que la votación debe ser difícil para todos. “La oposición precisa de la mayoría, y, teóricamente, no tiene. Por el otro, el gobierno tiene desgastes y va perdiendo aliados. En principio, de lado y lado, [la votación] es algo apretado”, afirmó.

Tras la reciente señal lanzada por el PMDB indicando su salida del Gobierno Federal, Fonseca afirma que el desembarque peemedebista, debe ser relativizado: “¿Qué parte del PMDB va a salir? No existe PMDB. Nunca existió. Es un partido absolutamente dividido y fue así en todos los gobiernos; el juego siempre fue duplo. Nunca fue enteramente del gobierno. Hace mucho tiempo que Michel Temer ya no es vicepresidente. El hecho de que el partido haya salido no significa que sus parlamentarios votarán favorablemente al impeachment”.

Impopularidad no es crimen

Leonardo Avritzer, profesor de Ciencia Política de la Universidad Federal de Minas Gerais (UFMG), explica que, “por la inspiración norteamericana”, el impeachment debería ser entendido como “fundamentalmente jurídico”. Según él, la idea original de ese recurso es la perdida de mandato cuando ocurren “crímenes graves”.

A pesar de eso, Avritzer, prevé que el proceso en curso no se dará llevando en cuenta apenas cuestiones de derecho. “A pesar del pronunciamiento del STF de establecer condiciones reglamentarias, la votación será altamente politizada. El voto [de los congresistas] no se basará en la discusión de si fue cometido un crimen o no, sino en el hecho de que el gobierno presenta gran impopularidad y está paralizado”, critica.

“Estamos pasando por una crisis institucional: las instituciones están super politizadas. En el futuro, tendremos que pensar en cómo tornar a las instituciones inmunes a ese exceso de ‘politización’”, contestó el docente.

Fonseca afirma que el centro del debate relacionado al impeachment no se relación con el combate al desvío o a la corrupción. Para él, se “busca ganar judicialmente aquello que la oposición no gana en las urnas”.

Él cuestiona aquellos que defienden la deposición de Dilma de su cargo a partir de elementos levantados en la Operación Lava Jato [que investiga supuestos casos de corrupción en la empresa estatal Petrobras], por considerarlos selectivos: “¿Por qué Cunha ha sido preservado? Justamente para hacer el proceso de impeachment, cuando las pruebas contra él son las más cabales de todas”.

La probabilidad, según Fonseca, es de que el discurso contra la corrupción se vacié en caso que Dilma pierda el mandato y ocurra una nueva coalición entre el PSDB y el PMDB.

“Con un eventual impeachment y un nuevo gobierno, la operación Lava Jato será desmovilizada, no iría a detener a nadie más. El PSDB es un partido muy hábil para modelar las instituciones de acuerdo a sus intereses. Vea el caso del PSDB en São Paulo. Son 20 años sin actuación del Ministerio Público, de la Asamblea Legislativa, del Tribunal de Justicia. El Estado es el ejemplo de lo que sería un gobierno del PSDB o uno apoyado por ellos”, afirma. Además, la protección a la oposición ya está en marcha. Los senadores Aécio Neves [PSDB-MG, que compitió contra Dilma en las últimas elecciones presidenciales] y José Serra [PSDB-SP], y tantos otros, son citados frecuentemente y nada sucede”, finalizó diciendo Fonseca.

Ley

Las normas que regulan el impeachment, según Avritzar, deberían ser revisadas. “Brasil tiene una ley de 1950, muy mala y débil”. Él apuntó que el texto legal no corresponde con la idea de impeachment para casos extremos. “Ella no establece un parámetro alto para el impeachment. [A partir de su definición de crímenes de responsabilidad] todo puede caber ahí. El impeachment debe tener un carácter excepcional, o cualquier presidente en los último 20 años podría ser encuadrado en la ley”.

Posición

Con la intención de obtener un posicionamiento en relación a las implicaciones en la operación Lava Jato, desde Brasil de Fato intentamos entrar en contacto con los gabinetes de José Serra, Aécio Neves y Eduardo Cunha, sin embargo hasta la fecha de publicación no obtuvimos respuestas. También se buscó una posición del juez Sérgio Moto sobre la supuesta selectividad de la investigación, pero la asesoría de la Justicia Federal de Paraná [jurisdicción donde se desempaña el jurista] tampoco se manifestó.

23/03/2016

- Rafael Tatemoto, Redacción Brasil de Fato

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