Lo que fue el más importante acierto del gobierno mexicano en el gravísimo caso de Iguala, Guerrero, –el de los 43 estudiantes aún desaparecidos, los muertos y heridos el 26-27 de septiembre de 2014–, el suscribir un convenio con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para formar el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes que coadyuvara en la investigación que realiza el Ministerio Público federal, está en vías de ser echado por la borda con el pretexto de que concluye su trabajo a fines de abril.

Cierto es que el GIEI empezó a laborar en México no tanto por la iniciativa de Enrique Peña Nieto, sino más bien bajo el influjo de la movilización multisectorial y de muy diversos orígenes y perfiles políticos o sin ellos, y que perdura hasta hoy así sea a la baja –como es natural en cualquier movimiento social–, tanto en esta maltratada república como en diversos confines de la aldea.

Por supuesto que es muy incómodo tener en casa la experiencia y el trabajo sistemático de expertos que, además, son vistos con respeto y hasta simpatía por los familiares y compañeros de las víctimas, y más cuando buscan hacer su trabajo sin reparar que en México existen instituciones que permanecen como intocadas por el MP y el Poder Judicial, como lo ilustra la resolución de un juez que absolvió a los presuntos asesinos de Tlatlaya, estado de México, y que la Procuraduría General de la República impugnará.

Incómodo pero “viste” al gobierno de Peña ante los ojos de la muy influyente opinión pública y publicada (impresa y digital) de la aldea globalizada.

Entrevistar a elementos del 27 Batallón de Infantería por su presunta participación en los trágicos sucesos de Iguala, fue convertido en asunto de seguridad nacional y punto de desencuentro entre el GIEI y la Secretaría de Gobernación, como si no fuera público que existen soldados que usan las garantías individuales como papel higiénico y aterrorizan a ciudadanos y auxilian al multimillonario crimen organizado, aunque el discurso oficial los idolatre.

No pasaría nada que el gobierno no pudiera capitalizar a su favor urgido como está de apoyo ciudadano, si los expertos entrevistaran a los militares. Pero con todo y predominio de los mercados y la modernización –“que viene de fuera” como dicen en Presidencia y Hacienda sobre la volatilidad financiera–, México y sus autoridades son regidos por dogmas.

Y la desacreditada “verdad histórica” del “maestro” (EPN dixit) Jesús Murillo, en la que creí en un primer momento, fue gradual y parcialmente desmontada con el trabajo del GIEI. Todo tiene un límite en la lógica de la inmediatez en que se mueve el grupo gobernante que puso en movimiento al aparato mediático propio y ajeno para desacreditar el trabajo de los expertos de la CIDH, a los organismos civiles de derechos humanos insubordinados al Ejecutivo, la inmensa mayoría por fortuna, a Emilio Álvarez Icaza…

Descalificar el trabajo de los defensores de los derechos humanos no contribuye a la solución de los problemas que enfrenta el país en esta materia, sino distrae la atención de vigilar que la autoridad haga bien su trabajo; advirtió desde el 15 de marzo el presidente de la Comisión Nacional.

Todo tiene más sentido ahora, estaba en preparación el albazo dado el pasado fin de semana al GIEI y la investigación sin los dados previamente cargados, violentando compromisos suscritos con la CIDH. Y seguramente con muy altos costos para Peña Nieto y su gobierno, salvo que rectifiquen a tiempo.

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