El abogado especialista en derechos humanos, Juan Martens, asegura que su objetivo es desalentar reclamos sociales.

El experto recordó que esta ley se puso en vigencia en un contexto que buscaba desmovilizar protestas de sectores políticos, y que en ese escenario y hasta hoy es un resorte del Estado para descomprimir movilizaciones.

La ley 1.066/1997 Marchódromo (descargar ley) reglamenta el artículo 32 de la Constitución Nacional, que habla de la libertad de reunión y manifestación.

La ley establece normas que se deben respetar para hacer manifestaciones en el país, entre otras cosas establece horarios y lugares donde sí se puede protestar y otros donde no, como también la obligatoriedad de comunicar a la policía sus realizaciones.

Prohíbe el cierre de puentes, vías férreas y rutas y establece los lugares posibles donde manifestarse en el microcentro de Asunción y resalta la prohibición de manifestaciones frente al Palacio de Gobierno y los cuarteles policiales como militares.

Para Martens, nadie nunca se preocupa del cumplimiento de esta ley, excepto cuando hay manifestaciones que inciden sobre intereses importantes, es ahí cuando los gobiernos empiezan a echar mano de ella.

Sobre el discurso mediático de “por qué los campesinos no se manifiestan en sus regiones en vez de venir a Asunción”, el analista señala que es obvio que cuando hay manifestaciones éstas intentan incidir sobre el centro político-administrativo del país.

  “Hay que manifestarse donde te van a escuchar”, dice, y señala que a través de eso durante las movilizaciones campesinas y de cooperativistas lograron revertir la intención de los medios empresariales de hacer invisible las actuales movilizaciones.

  Desde hace 10 días productores campesinos, cooperativistas y otros sectores sociales golpeados por las políticas económicas del gobierno de Horacio Cartes se movilizan en la capital y las regiones.

La reivindicación más emblemática por parte de los cooperativistas es la derogación del IVA a los actos cooperativos, vigente desde el 1 de abril; mientras que las familias campesinas exigen que el Estado asuma su responsabilidad en las políticas agrarias en distintos aspectos, especialmente la condonación de deudas contraídas por miles de familias para poder producir sus tierras.

 La respuesta del Estado primero oscilo entre la criminalización y la indiferencia, para pasar a la preocupación, por la permanencia y cantidad de manifestantes y sectores diversos que fueron sumándose. Ayer se intentó establecer acuerdos en una mesa de diálogo entre manifestantes y sectores del gobierno, pero hubo nulos resultados.

Asunción, 15 de abril de 2016

Fuente: Base Investigaciones Sociales (Base Is)