Una vez se llegue a la firma del Acuerdo Final entre el Gobierno y las FARC, que todo indica será pronto, se plantea el tema de la implementación de los Acuerdos pactados. Esto tiene una doble dimensión, una es la implementación jurídica, de lo cual se ha venido discutiendo ya en el país y tiene que ver con todo el blindaje jurídico y el desarrollo normativo. La otra dimensión es la ejecución de lo contenido en los Acuerdos, especialmente en los puntos de desarrollo agrario, sustitución de cultivos de uso ilícito y parte de lo relacionado con participación política y víctimas.

Para esto se requiere, primero que la Mesa de Conversaciones defina cuales son las áreas prioritarias en que se van a desarrollar estos programas de desarrollo agrario integral -no se pretenderá que sea en todo el país, lo cual dispararía los costos a niveles inmanejables-, que deberían ser las mismas donde se adelanten los programas de erradicación de cultivos de uso ilícito y de desarrollo alternativo, e igualmente donde se establezcan las circunscripciones especiales de paz para elegir representantes a Cámara. Seguramente se trata de una especie de regionalización a escala media, que no sea simplemente los actuales Departamentos, ni la dimensión municipal, es probable que se trate de un conjunto de municipios que tienen identidades histórico-culturales, productivas, de los pobladores y en donde en cierta medida el propio conflicto creó nuevas territorialidades –por ejemplo, el Catatumbo, el Sur de Bolívar, el Sur de la Costa Pacífica, el Norte de la Costa Pacífica, la región del Caguan, etc.

Ahora bien, como están concebidos los Acuerdos no se trata simplemente de ofrecerles a las comunidades unas bolsas de recursos para apoyar pequeños proyectos locales –que seguramente sea útil de manera complementaria-, o hacer una obra en algunos municipios, sino diseños de programas de desarrollo rural integral que involucren -además de dotación de tierras cuando esto aplique-, lo productivo, es decir crédito, acompañamiento técnico, comercialización, infraestructura de vías de comunicación, de vivienda rural, de saneamiento básico, educación y salud. Como vemos unos diseños de implementación complejos en los tiempos actuales de un Estado desmantelado en su capacidad institucional.

Pero hay experiencias de las cuales se podría aprender, desde el Programa DRI (Desarrollo Rural Integrado), el PNR, las experiencias de Consolidación, en el ámbito de experiencias de programas estatales, o el Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio para pensar en un modelo en el cual ha existido un mayor protagonismo de organizaciones e instituciones de la sociedad civil, que sería más próximo a lo que se debería diseñar, con importante participación de organizaciones sociales de campesinos, indígenas, afrodescendientes, mujeres, víctimas y donde sea viable de la Iglesia Católica y de otras iglesias, de la academia, de organizaciones empresariales locales o regionales. Ojalá se esté pensando en que en cada territorio se diseñen esquemas de implementación de lo acordado, a tono con las particularidades regionales, pero con unas directrices nacionales en lo relativo a orientar el proceso de implementación en su conjunto y darle el enfoque de integralidad que requiere.

La implementación de lo acordado y mencionado antes, no es para beneficiar a los miembros de las FARC, sino a las poblaciones de los territorios más deprimidos y marginados, justamente porque el conflicto armado contribuyó a agudizar sus condiciones de pobreza y en donde existe la paradoja de territorios con riqueza –en dotación de recursos- pero con altos niveles de pobreza en los pobladores. Por ello es para estos territorios y sus poblaciones, una oportunidad única de desarrollo –económico, social, organizativo, político-, el que se realice bien la implementación de lo acordado, de manera seria y adecuada, para avanzar en la nivelación de condiciones de vida entre el mundo urbano y el mundo rural.

No hay duda que se trata de un desafío de país que hay que enfrentarlo muy bien para que no sea una frustración más.

Alejo Vargas Velásquez

Profesor Universidad Nacional