“Querido País: el próximo año en este mismo día habrá un nuevo gobierno. Hoy pronuncio mi último Informe a la Nación”. Esta fue la frase con la cual comenzó el discurso el presidente Rafael Correa, indicio claro de que no participará en las próximas elecciones presidenciales de febrero de 2017.

Al igual que el Informe a la Nación del año 2015, el discurso del Presidente, tuvo como destinatarios a los jóvenes. Ello no es un dato casual y aleatorio. De acuerdo a las estadísticas del Censo 2010, en Ecuador, la población comprendida entre 15 y 29 años representa el 27,01% del total del país[1]. Según datos proporcionados por el Fondo de Población de Naciones Unidas el segmento comprendido entre 18 y 29 años continuará siendo el más amplio durante los próximos 25 años. Esto significa que estamos en presencia de la “mayor generación joven de toda la historia demográfica del país” ya que dos tercios de la población tienen menos de 30 años. En las últimas elecciones seccionales de 2014, los  jóvenes entre 16 y 29 años representaron el 32,02% del padrón electoral. Las proyecciones indican que para 2017 los votantes de entre 16 a 29 años serán 4.453.339, lo cual representará  el 37,32% del padrón total, una parte siendo voto facultativo.

I

Una década ganada en lo económico resume la intervención del 24 de mayo de 2016. Crecimiento económico superior a la región, miles de obras de infraestructura, nueva institucionalidad, reducción de desigualdad y pobreza, empleo y salario digno, y mayores niveles de competitividad sistémica, recuperación de rentas petroleras y tributarias para comendar la economía son algunos de los logros económicos del proyecto político que Ecuador emprendió hace 10 años. Las políticas keynesianas cobraron vida con Rafael Correa luego de décadas de neoliberalismo. No se puede desconocer que la situación internacional fue favorable, aunque ello no quiere decir que el neoliberalismo lo hubiera logrado; todo lo contrario, la experiencia también nos indica que en el pasado el neoliberalismo gozó de bonanza económica y produjo desastre social.

Pero una revolución económica no se mide sólo en el auge económico; en los ciclos descendentes de la economía también debe dejar ver su color. Pero hay que ser conscientes que la política económica heterodoxa no brilla en un contexto como el ecuatoriano, que se enfrenta, al igual que la periferia europea, a las temibles trampas fiscales. En este contexto, la política económica se enfrenta a una dicotomía dolorosa: preservar la dolarización con un aumento del desempleo. Es dolorosa e inevitable en un contexto de nula política monetaria y limitada política fiscal. El ajuste fiscal ha sido enorme, cerca del 6% del PIB. Eliminación de Secretarías y optimización de la estructura del Estado -entre otros ajustes del gasto público- tienen cabida en un contexto como el actual y en pos de la búsqueda de un Estado más eficaz.

Es muy difícil juzgar los ajustes y la venta de activos públicos desde un modelo económico de izquierda cuando no se tiene soberanía monetaria. El modelo keynesiano no ha estado lejos de tensiones y contradicciones en la Revolución Ciudadana que a veces nos acerca más a una social democracia que al modelo económico socialista. Estas contradicciones son más vivas cuando se cierra un ciclo económico con un Informe a la Nación con un impuesto a la Herencia y a la ganancia extraordinaria en la venta de bienes inmuebles.

Estos dos proyectos de ley que Correa volvió a proponer ya habían sido anunciados en el Informe a la Nación en 2015 y retirados temporalmente de la Asamblea Nacional tras las violentas protestas opositoras del mes de junio y la visita del Papa. En el caso de la Plusvalía, basado en el argumento de restringir la ganancia ilegítima por la especulación con el suelo, apropiada por el sector privado gracias a las inversiones del Estado, el pasado Informe a la Nación el 24 de mayo de 2015 afirmaba que en los nueve principales municipios del país, más de 600 millones de dólares se habían ido a manos privadas por concepto de la plusvalía que genera la inversión estatal. Además, la especulación del suelo trae efectos no solo en lo que tiene que ver con la expulsión de las clases populares a la periferia del territorio sino que tiene un marcado impacto en la provisión de servicios. Este proyecto de ley propone que la plusvalía se transfiera a los municipios. Ello permitiría aumentar el presupuesto de los Municipios para, de esta forma, poder cumplir con sus competencias y, sobre todo, en la inversión en los servicios públicos básicos (como el agua potable y alcantarillado).

Por su parte, el Impuesto a la Herencia, legados y donaciones, es un impuesto que se aplica en casi todos los países de la región y que pretende gravar el monto recibido por cada heredero. Esta es una medida que afecta principalmente a los sectores medios altos, que han visto acrecentar sus patrimonios y capital a partir de la recepción de herencias familiares, lo cual termina por generar una concentración de la riqueza.

Una década ganada, sin duda, contradicciones también. ¿Quién dijo que los proyectos políticos son puros? Resumiendo, el modelo económico ha sido la búsqueda de la justicia, lo que efectivamente se ha logrado: hoy somos una sociedad más justa y equitativa. Pero no podemos desconocer que tuvo un precio: el proyecto político tuvo que negociar con los poderes económicos. Se conquistó el poder político, pero aún el Estado no ha vencido al poder económico.

II

La reconstrucción de las ciudades afectadas fue uno de los temas centrales del Informe a la Nación. El presidente apeló a las obras realizadas en su gestión en tanto fue la correcta planificación y la importante obra pública como las carreteras, los aeropuertos e instalaciones como el ECU 911 las que permitieron enfrentar la tragedia humanitaria.

Remarcó, una vez más, que las malas construcciones locales y la falta de controles por parte de los Gobiernos Autónomos Descentralizados terminaron por generar el derrumbamiento de las edificaciones. De aquí la importancia de la Revolución Urbana para contar con ciudades mejor planificadas, sin asentamientos humanos en zonas de riesgo y la necesidad de cumplir las normas de construcción existentes. Destacó la necesidad de que los municipios asuman la responsabilidad de controlar las construcciones, lo cual requiere necesariamente de una mayor conciencia social, a lo que el presidente se refirió como parte del cambio cultural pendiente.

La reconstrucción no es una cuestión de eliminación de las sabatinas, ni tampoco de donaciones espontáneas o la venta de aviones presidenciales sino de una acción colectiva organizada. De aquí la necesidad de algunas medidas temporales y focalizadas, cuyo objetivo es canalizar la solidaridad.

 Al igual que en otras oportunidades, el Presidente aludió a la clásica acusación de los sectores de derecha del supuesto “derroche” del dinero público. Además de refutar la idea de la inversión social como un despilfarro, enumeró los distintos recortes presupuestarios, incluso en los que le competen a su figura presidencial: disminución de salario, rechazo a habitar en el Palacio de Carondelet, eliminación de bienes de lujo en dicha residencia y su reemplazo por bienes artesanales de procedencia ecuatoriana, así como el presupuesto que antes se destinaba a los gastos de la primera dama. El “despilfarro” como base del comportamiento personal, familiar y político del Presidente, así como la “corrupción” como sombra que cubre toda acción de gobierno es, según expuso el mandatario, una estrategia regional de la derecha y su prensa para desprestigiar los avances buscados y conseguidos por los gobiernos progresistas y así sumirlos en la desconfianza de la población.

El eje de la corrupción ya había sido uno de los puntos clave del anterior Informe a la Nación, cuando se anunció públicamente la denuncia de un caso de corrupción en las filas del gobierno de la Revolución Ciudadana, lo que horas después se convirtió en la detención de la asambleísta de Esmeraldas, María Esperanza Galván, acusada de enriquecimiento ilícito por parte de funcionarios en la provincia. En esa oportunidad, al terminar el Informe a la Nación se detuvo a Miguel Salvatierra, antiguo gerente de la empresa de Agua Potable y ex director provincial de MPAIS, y Walter Patricio de la Torre Cevallos, todos ellos implicados en recibir dinero de una empresa contratista, proveedora de infraestructura en la provincia de Esmeraldas y que mantenía un contrato con la empresa de agua potable.

Correa rescató así lo que es el segundo eje del programa de gobierno de la Revolución Ciudadana, la Revolución ética, mediante la cual se ha buscado combatir la corrupción con el ejemplo y la mayor de las voluntades políticas. En este punto, el presidente enumeró las distintas medidas implementadas durante su gestión, destinadas a transparentar las acciones de gobierno en todas sus dimensiones: contratación pública, rendición de cuentas y justificación de patrimonio de funcionarios públicos, informatización de aduanas y de los registros civiles, etc. Pero también hizo hincapié en otra manera de corrupción que fue característica de muchos gobiernos anteriores, como es el “no hacer”. Destacó que hoy los que “nunca han hecho nada” critican al gobierno por “hacer mucho” y, justamente, el “no haber hecho” es una forma de corrupción. Ejemplificó esta idea con el hecho de que la no construcción de hidroeléctricas generaba un importante negocio con las barcazas, y el no hacer almacenamiento de gas en tierra lo generaba con el negocio del alquiler de buques. En este sentido, la acción de gobierno ha desbaratado negocios millonarios e innumerables mecanismos de enriquecimiento ilícito.

También aludió a la evasión impositiva como una de los principales mecanismos de la corrupción, señalando que todos los años se ha ido mejorando la recaudación gracias a los controles implementados. Si se examina la historia de los impuestos en Ecuador, se observa que la transformación en el sistema tributario comenzó a partir de 1997 cuando se eliminó la Dirección General de Rentas y se creó el Servicio de Rentas Internas (SRI), dejando atrás un período marcado por la falta de institucionalización y los elevados índices de corrupción. De esta forma, entre 1997 y 2006, la política tributaria “estuvo condicionada por las políticas derivadas del modelo empresarial, de modo que su enfoque central fue la recaudación eficiente de impuestos, pero sobre la base del predominio de los impuestos indirectos sobre los directos y la primacía que adquirió el IVA, después de los impuestos aduaneros”[2]. En lo que respecta a los núcleos de poder, la suma de todos estos factores significó un mayor dominio de las elites y la consolidación de sus intereses además de su negativa a pagar impuestos más progresivos, lo cual supondría un ataque a sus fuentes de riqueza con la consiguiente concentración del ingreso. El resultado final fue un “modelo de crecimiento empobrecedor”[3] como consecuencia de “haber dejado que la actividad económica se desarrolle sobre estructuras de poder altamente organizadas, y además haber neutralizado el papel de los impuestos”[4].

En el Informe a la Nación, Correa se detuvo a enfatizar la idea, largamente extendida, de que la corrupción es un mal que sólo afecta al sector público, con la finalidad de desprestigiar al Estado y a la política en general. Sostuvo así, que la corrupción en el sector público “implica necesariamente que hay corrupción en el sector privado”, y aludió al caso de los Panamá Papers, donde la mayoría de los dirigentes de los sectores de la oposición están implicados. Este escándalo reveló que hay aproximadamente 30 mil millones de dólares de empresas y personas físicas y jurídicas ecuatorianos en paraísos fiscales y, como sostuvo el Presidente, “nadie va a un paraíso fiscal para transparentar sus acciones”. Destacó que, a pesar de la incesante búsqueda de indicios de corrupción del gobierno, ningún archivo en los Panamá Papers logró involucrar a funcionarios del gobierno, ni a él mismo. También mostró, en este sentido, cómo diversos organismos internacionales han mostrado mejoras sustanciales en los indicadores de transparencia en el país.

Por lo anterior, afirmó que la mayor parte de los capitales fugados al extranjero salieron antes del gobierno de la Revolución Ciudadana. Con ello el Presidente buscó, además, refutar la idea de que la retención de capitales nacionales en paraísos fiscales se debe a un modelo económico que, según sus detractores, “no genera confianza”. Para Correa, lo que estos capitalistas tienen es falta de fe en el país, y recordó a “aquellos que iban a repartir víveres a los damnificados por el terremoto pero tenían 200 millones de dólares fuera de su propia patria”.

Finalmente, propuso un “pacto ético” a la República, con el objetivo de que la ciudadanía rechace a los candidatos que tienen su capital en paraísos fiscales. Frente a esta propuesta, el alcalde de Guayaquil y potencial candidato de la derecha para las próximas elecciones afirmó que “quienes estén involucrados en la comisión de un delito o en una ilegalidad no deben ser candidatos, aunque se trate de paraísos fiscales o no”[5]. Por el contrario, la dirigencia del movimiento Creando Oportunidades (CREO), cuyo líder es el precandidato presidencial Guillermo Lasso, quien admitió tener inversiones en Panamá debido a que las leyes del correísmo le han impedido invertir libremente en el Ecuador, rechazó el pacto.

“Este es mi último informe a la Nación, hemos hecho lo que hemos podido aunque no todo lo que hubiéramos querido, pero no tengan la más mínima duda de que día a día nos hemos entregado enteros por la Patria”.

Notas

[1] En función de la distribución geográfica, la mayor población joven se encuentra en la Costa (51,81%), seguido de la Sierra (42,76%), Amazonia (5,26%) y Galápagos (0,17%). Para más información, consultar el documento del IPP “Jóvenes y participación socio –política en el Ecuador”. Disponible en: http://www.alianzapais.com.ec/images/documentos/ipp/2015-03-26-Jovenes-p...

[2] Paz y Miño Cepeda, Juan. (2015). Historia de los Impuestos en Ecuador. Visión sobre el régimen impositivo en la historia económica mundial. Servicios de Rentas Internas. Pp. 213.

[3] Ídem. Pp.216.

[4] Ídem.

[5] http://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/politica/2/creo-nebot-y-presidente-de-la-camara-de-comercio-rechazan-el-pacto-etico-de-correa

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Nicolás Oliva, Camila Vollenweider y María Florencia Pagliarone/CELAG)

http://www.celag.org/ecuador-ultimo-informe-a-la-nacion-del-presidente-rafael-correa-por-nicolas-oliva-camila-vollenweider-y-maria-florencia-pagliarone/