Disto mucho de la tesis de la cooptación del Estado. Desde mi perspectiva, la corrupción o la cooptación ha sido característica consustancial del Estado.

El Estado guatemalteco contiene la corrupción como un mecanismo y una norma tácita en la gestión de la política pública. La corrupción ha sido uno de los contenidos de las relaciones económicas y políticas que se articulan en las instituciones y las políticas de Estado. Un mecanismo exacerbado a tal punto que un grupo criminal tuvo la capacidad de organizarse como partido político, ganar las elecciones y llevar a cabo uno de los despojos del erario público más grandes registrados en la historia del país. Pero el asunto va más allá de la banda criminal del Partido Patriota que gobernó entre 2012 y 2016, ese que por cierto fue la opción electoral de varios de los grupos corporativos en las elecciones de 2011.

Siendo el Estado un objeto en disputa, es necesario preguntarse quiénes han tenido los recursos, las capacidades y los conocimientos que activan —como ejercicio de poder— para garantizar su control y dirigirlo, estén o no en los principales cargos formales de gobierno. ¿Quiénes controlan el Estado? ¿Quiénes se han beneficiado de este Estado? Veamos algunas evidencias.

Por un lado, a los trabajadores se les ha impuesto un salario mínimo que para el 2016 asciende a Q2 497, absolutamente insuficiente para cubrir la canasta básica alimentaria. El salario es uno de los factores fundamentales que da como resultado la desnutrición crónica de cerca del 50 % de los niños y las niñas menores de cinco años, la pobreza general del 59 % de la población guatemalteca y la pobreza multidimensional del 70.3 % de esta. Son los bajos salarios los que el gran empresariado utiliza para competir en el mercado, lo cual no es otra cosa que lograr los mayores márgenes de ganancia a costa de esa miseria de las grandes mayorías. ¿Quién se beneficia con la política salarial del Estado? La respuesta es obvia.

Por otro lado, en una situación opuesta, 260 guatemaltecos acumulan más de 30 000 millones de dólares, lo cual equivale al 56 % de la economía anual del país. Para abonar el análisis, a marzo de 2016 se reportan utilidades por 1 027 millones de quetzales en el sistema bancario. Si se analizan los sectores agroindustrial e industrial, así como la construcción, el comercio, la telefonía y las comunicaciones, la minería y la producción hidroeléctrica, comprobaremos que las ganancias son exorbitantes y que estas se quedan en pocas manos, principalmente en esos 260 guatemaltecos, sus grupos corporativos y sus familias. ¿A quiénes ha servido el Estado? Los datos nos permiten responder.

¿Quiénes se han beneficiado de la corrupción en el Estado? ¿Quiénes han hecho uso de los funcionarios corruptos? ¿Quiénes ubican a los corruptos en esos puestos? ¿Quiénes financian las campañas de los corruptos?

En los casos de corrupción conocidos han participado grandes y medianos capitales o empresas. Así lo demuestra la evasión de impuestos por Aceros de Guatemala (Hierro AG), la concesión fraudulenta a la Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ), los contratos fraudulentos en la compra de medicamentos en el Ministerio de Salud y en el IGSS, la financiación de la política para la obtención de contratos por el grupo Albavisión y sus canales 3 y 7 –propiedad de Ángel González– o las implicaciones de los bancos G&T Continental y Banrural en el otorgamiento de financiamiento y préstamo a redes corruptas.

Estos casos evidencian que no solamente los corruptos han ido a ofrecer sus servicios a los empresarios. Han sido los empresarios los que han negociado, pactado, financiado y pagado comisiones a los corruptos. Son las empresas las que han creado, controlado y negociado los mecanismos de corrupción con el objeto de obtener ventajas financieras de estas transas.

Con los casos de corrupción revelados se ha evidenciado un mecanismo histórico utilizado por los poderosos de este país, quienes desde sus empresas, grupos corporativos y gremios han controlado el Estado, han decidido leyes y políticas y se han garantizado privilegios y altas tasas de ganancia, con lo cual han profundizado la miseria en el país.

Por eso la corrupción como mecanismo para la acumulación de capital en el país no desaparecerá a menos que, producto de una correlación de fuerzas diferente, dichos grupos sean desplazados del control del Estado y se avance en la creación de otro Estado. Esta es la alternativa histórica por la cual es necesario transitar para que el Estado se oriente a garantizar el bien común antes que el interés de empresas o capitales locales y transnacionales.

Mario Sosa

Investigador en el Instituto de Investigaciones sobre el Estado (ISE), Vicerrectoría de Investigación y Proyección, Universidad Rafael Landívar.

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